Más que las instituciones funcionando de acuerdo a las normas de un Estado de Derecho, parece que estamos en pleno complot para burlar la voluntad popular, aumentar la sensación de inseguridad, desprestigiar aún más a las ya desgastadas instituciones de Justicia. En suma, permitir que los poderes fácticos se salgan con la suya, haciendo bandera nuestra lo que ha sido su defensa permanente de los violadores de los derechos humanos.
Creo que si los partidos políticos que eligieron este Gobierno (que a veces hasta se ha presentado como de origen sobrenatural o divino) callan o guardan silencio cómplice, no subsisten más las condiciones para sostener la vigencia de la Concertación en el futuro.
No hay derecho para pedir el apoyo popular si la más poderosa razón ética que nos unió contra el pinochetismo, la violación de los derechos humanos y el asesinato de inocentes cometidos en ese régimen, deja de ser el hilo conductor para la reconstrucción de la democracia.
No se crean los que mandan y sus amigos que las tienen todas consigo pues el simple surgimiento de polémicas al interior del Consejo de Defensa del Estado, por su posición respecto a la ley de Amnistía, revela que hay concertacionistas e independientes decentes, a pesar de lobbystas, ladrones, neoliberales, frescos, etcétera.
Además, porque estamos al borde de una elección municipal, los mismos interesados en perpetuarse han presidencializado la campaña hasta límites indecentes. Después de este evento, también habrá mutaciones en el lenguaje político y de sus actores, disminuyendo bastante el peso y la influencia que hasta ahora tienen los directivos del Estado y, por más que se hagan versallescas reverencias, se va alterando el tablero de ajedrez y los peones de hoy se preparan justamente para ser alfiles o caballos, al menos.
Por lo tanto, es moralmente imposible tratar de borrar de un plumazo lo que se ha dicho durante catorce años, es decir, obtener justicia para las victimas y los familiares de los detenidos desaparecidos.
Resulta curioso que una funcionaria de segundo o tercer grado se atreva aventurar opiniones, pasando por encima de la doctrina que deben expresar el Ministro de Justicia y el Jefe del Estado. Más curioso cuando estamos a la víspera de una definición electoral comprometedora y, aún más sospechoso, cuando antes de un mes visitará el país el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, con motivo de la reunión de la APEC.
Esta grave situación nos hace evocar, casi con ternura, la veleidades de Gabriel González Videla y no creemos que haya partido alguno de la coalición oficial que quiera inaugurar el siglo con esta traición.
Un hecho positivo, en cambio, es que sin buscarlo hemos llegado al quid de la cuestión que hace tiempo queremos debatir pero que se rehuye: la verdadera democracia no pasa sólo por la maniacal exhibición de cifras económicas positivas.
