La aspiración de los ideólogos del régimen militar de construir un país de institucionalidad fuertemente corporativa, dirigido por una elite impregnada de una visión pragmática de los asuntos de gobierno, orientada por el interés privado y no por posiciones doctrinarias, y autoritaria ante cualquier conducta desafiante frente a los cánones del poder, parece haberse concretado con éxito. En cada nueva elección los partidos políticos se desdibujan más, sus propios candidatos esconden su militancia frente al electorado, y aunque sus dirigentes mantienen un férreo control sobre los cargos públicos, el avance de este fenómeno advierte que su orgánica está en trance de desaparecer.
La presente elección municipal no ha sido diferente a las anteriores. A pocos días de su realización, el país parece acercarse a un inexorable empate político, en el que seguramente no habrá perdedores a la hora de analizar los resultados, y donde, a partir del esfuerzo presidencial desplegado para apoyar a los candidatos de su coalición, lo más interesante serán, sin duda, los porcentajes nacionales de votos de la Alianza y la Concertación, con vistas a las próximas presidenciales.
En lo que a los partidos políticos se refiere, lo cierto es que hay muy pocas ideas nuevas, mucho voto por personas y prácticamente cero visibilidad partidaria. Incluida la UDI, que es el partido cuya militancia hace mayor ostentación de su pertenencia y filiación ideológica.
Conviene, sin embargo, reflexionar sobre algunos aspectos que acrecentan la sensación de crisis de la actividad política y de intensificación de la ya de por sí baja credibilidad en los partidos.
El primero -a la espera de los anunciados proyectos de ley sobre inscripción electoral automática y voto voluntario- es la existencia de un padrón electoral nacional muy envejecido en comparación al del año 1988. Crece un desinterés en los jóvenes por participar en las contiendas electorales. Y si se mantiene la actual tendencia, el año 2010 más del cincuenta por ciento de los jóvenes entre 18 y 35 años no se habrán inscrito, pese a representar más del 35% del electorado nacional.
Ello significa un problema para la legitimidad democrática, pues se horada su sustento electoral, y es un claro llamado de atención para los líderes políticos acerca de los incentivos reales que tienen los ciudadanos para hacer uso de sus derechos electorales. Los partidos no sólo son sordos ante este tema sino que, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana todos ellos compiten sin distingos en la construcción de la imagen de una "clase peligrosa" respecto de los jóvenes, y permiten que la policía vuelva a instrumentar lentamente prácticas ya desterradas como la de la «detención por sospecha».
Un segundo aspecto es que el padrón electoral envejecido está, por decirlo de alguna manera, feminizado. Según estudios electorales, las mujeres no sólo superan a los hombres en número, sino que al votar, anulan o se abstienen menos que los hombres. En consecuencia, si se pondera el voto mujer en el total, tiene mayor peso que el de los hombres, más allá de la simple brecha porcentual de número de electores.
Sin embargo, el número de mujeres candidatas es mucho menor que el de los hombres, y nadie podría sostener que la propuesta electoral de los partidos políticos está cruzada por intereses de género que sean congruentes con el peso nacional del electorado femenino. Menos aún que ellas ocupen un sitial preferente a la hora de seleccionar los dirigentes.
En tercer lugar, al mismo tiempo que los partidos políticos ven disolverse su institucionalidad territorial, opera una concentración del poder interno en grupos pequeños de dirigentes, que controlan fuera de toda ley y forma democrática su vida interna y sus relaciones con el Estado. Si en una elección interna de un partido alguien comete fraude y en él está involucrado el Tribunal Supremo del partido, o éste omite pronunciarse sobre el problema, no existe ninguna ley que permita llevar el caso a un tribunal de justicia, a menos que se haya cometido un delito y se pueda probarlo, pese a que se están violando derechos ciudadanos por parte de instituciones catalogadas en la Constitución como organismos intermedios con un rol vital en la vida política del país.
Se genera así para la democracia la paradoja que los partidos políticos reciben financiamiento de todos los ciudadanos, pero en materia de justicia electoral, nadie puede controlarlos. Ello ha llevado a que se cometan fraudes, se alteren padrones, se negocien los reglamentos y se cree un estado de informalidad y sospecha que desincentiva a los ciudadanos comunes a participar en política.
Por ello no es raro que para un candidato sea más importante el parentesco, el círculo de amigos o el vínculo corporativo, que la pertenencia a un partido, aunque es usual que se den juntos. Y que en el nivel electoral de la sociedad lo menos importante sean las propuestas y la coherencia, y prime la tendencia a capturar en forma clientelista al electorado a base de favores y pequeñas dádivas.
Así las cosas, los resultados de la elección del domingo reflejarán muy poco de las reales capacidades partidarias, tanto en la Alianza como en la Concertación. Más bien ejemplificarán, al haberse determinado la elección directa de los alcaldes y tener proporcionalidad en la de concejales, que los partidos están disolviéndose como entidades sociales, y transformándose en sistemas de referencia remotos, altamente corporativizados, cuyo peso orgánico real no está en la sociedad, sino en los vínculos con las esferas del gobierno o del poder económico.
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