Se confirma lo que los resultados de anteriores CASEN han venido señalando, en el sentido de que, a pesar de seguir disminuyendo la pobreza, achicándose la indigencia y ampliando cada vez más los accesos a la educación al punto de revertir generacionalmente los círculos reproductores de pobreza con jóvenes que hoy tienen 2.5 veces más nivel educacional que sus padres y 1.5 veces más que sus padres, la rigidez distributiva se mantiene con una gran brecha entre ricos y pobres.
Muchos años han pasado desde que en un artículo de Cristián Larroulet en la revista Libertad y Desarrollo, en respuesta a uno que yo escribí en la revista de Chile 21 a fines de los noventa, se me contrargumentara que en la defensa por una mayor equidad distributiva se escondía envidia a los ricos, después de lo cual se me recomendaba despreocuparme de los ricos y concentrarme en los pobres. A fines del año pasado, coincidiendo ambos como ponentes en un seminario organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Militares, el mismo Larroulet planteó ante un auditorio de uniformados, para mi gran sorpresa, que era inquietante la desigualdad en Chile. Y, desde entonces, la desigual distribución del ingreso ha comenzado a instalarse en el debate público, ya no sólo en boca de quienes tradicionalmente y desde la izquierda lo reclamábamos como un problema, sino de todos los sectores políticos.
Todo lo cual revela que la derecha está reaccionando a las múltiples evidencias de una demanda social bastante extendida en la dirección de una mejor distribución del ingreso. No obstante haber avanzado la sociedad chilena, al menos en el plano de un diagnóstico compartido y en una creciente urgencia por encararlo, el debate que se está instalando en cuanto a la necesidad de mejorar la distribución del ingreso se da en torno de las medidas y respuestas. Para Larroulet, así como para distintos expertos y políticos de la oposición, una mayor justicia distributiva es el resultado de más y mejor educación, resistiéndose a cualquier otro tipo de medidas redistributivas, como las que están presentes en las propuestas de buena parte de la coalición de centroizquierda.
Tratando de acompañar este emergente debate que por fin ha superado el veto del tema redistributivo, Chile 21 acaba de realizar una encuesta para evaluar la sensibilidad pública en la materia y cuyos resultados muestran un gran sentido común.
Después de que dos terceras partes de los entrevistados opina que el país debería preocuparse más de mejorar la distribución del ingreso que seguir disminuyendo la pobreza -opinión que es compartida por todos los estratos socioeconómicos entrevistados por el estudio- en su solución apuntan, tanto a la necesidad de mejorar la calidad educacional (siendo los sectores de ingresos medios y altos quienes priorizan dicha medida), como a elevar los salarios de los trabajadores (medida priorizada por los sectores de bajos ingresos). Y, con excepción de los grupos de más altos ingresos -que se identifican con el argumento de que hay que bajar impuestos- la mayoría de los encuestados se identifica con el argumento de que hay que subir los impuestos para aumentar el gasto social y destinarlo a quienes más lo necesitan.
Respuesta que es consistente con la apreciación que los entrevistados tienen respecto del actual nivel tributario: la mayoría sostiene que las empresas mineras, las grandes empresas extranjeras y nacionales, así como las personas de altos ingresos están pagando bajos impuestos, que los sectores medios pagan lo debido y que las medianas y pequeñas empresas, así como las personas de bajos ingresos pagan demasiados impuestos. Lo más interesante de esta apreciación es que interrogados respecto de su nivel de acuerdo con los impuestos que cada uno de ellos paga, con excepción de los sectores de menores ingresos que estiman que pagan mucho en impuestos, los de ingresos medios y altos consideran que su nivel impositivo es el adecuado.
Bueno, hasta acá el sentido común. ¿Qué nos muestra ahora la realidad?
Los pocos datos públicos dados a conocer de la encuesta CASEN 2003 son reveladores -más allá de la evolución de la pobreza- de la situación distributiva y del papel del estado en su corrección. Se confirma lo que los resultados de anteriores CASEN han venido señalando, en el sentido de que, a pesar de seguir disminuyendo la pobreza, achicándose la indigencia y ampliando cada vez más los accesos a la educación al punto de revertir generacionalmente los círculos reproductores de pobreza con jóvenes que hoy tienen 2.5 veces más nivel educacional que sus padres y 1.5 veces más que sus padres, la rigidez distributiva se mantiene con una gran brecha entre ricos y pobres.
Con datos que por primera vez se desagregan por deciles de la población, permitiendo un análisis más fino, vemos que la distancia entre el 10% más pobre de la población y el 10% más rico es de 34.1 veces. Pero, tanto o más decidor que ese dato, es el que resulta de comparar el primer decil más pobre con el noveno decil, el que antecede al 10% más rico de la población, habiendo entre ellos una distancia de 12.7 veces, un tercio que entre los deciles extremos. En otras palabras, si elimináramos de los análisis al diez por ciento más rico de la población, la brecha distributiva se achicaría y las distancias entre deciles serían menos dramáticas. En efecto, el promedio de ingresos del decil más pobre está en torno de $64.000 y en el noveno decil en torno de los $800.000, saltando a más de $2.000.000 en el décimo decil, cuestión que alude a una tremenda concentración del ingreso.
Comparada con la regresividad distributiva del ingreso, la distribución de la educación se ha hecho crecientemente más progresiva, al menos en materia de accesos educacionales o coberturas en la educación básica y media. Así como la educación básica es universal y llega a todos los estratos socioeconómicos del país, la cobertura de educación media está creciendo de manera generalizada, pero proporcionalmente mucho más en los sectores pobres y rurales, con una tendencia a llegar a ser universal en breve tiempo (apoyada además por la reciente obligatoriedad de la educación media).
No ocurre lo mismo con la educación superior que, aún habiéndose más que duplicado desde el año 1990 al 2003 (aumentando la matrícula en 2.3 veces), su crecimiento ha sido considerablemente más alto en los estratos de mayores ingresos y muy pequeño en los más pobres. Por otra parte, mención especial merece la educación temprana, previa a los 6 años de edad, en la etapa más importante para el desarrollo cognitivo y emocional de las personas, en que sólo uno de cada tres niños entre 0 y 5 años tiene cobertura preescolar, pero marcadamente concentrada en los segmentos de mayores ingresos y en los grupos de 4 y 5 años, en desmedro de los niños más pobres y con menos de 3 años.
Así como las exigencias de elevar la calidad educacional de todos los estudiantes y en especial de aquélla a la que acceden los sectores de menores ingresos, es más una materia de contenidos que de aumento de recursos, los desafíos educacionales para incidir en la equidad van más allá de la calidad y suponen mayores destinaciones de recursos. La desigualdad que los niños pobres enfrentan desde que nacen requiere ser compensada a partir del embarazo de las madres y con una adecuada atención en la etapa preescolar.
Aumentar la cobertura de la educación preescolar destinada a los más de 200 mil niños y niñas pobres fuera del sistema implica dar un salto respecto del bajo financiamiento actual, en torno del 0.4% del PIB. Sin un salto cuantitativo de los financiamientos destinados a la educación preescolar, no habrá condiciones para garantizarles iguales oportunidades de aprovechar el sistema educacional a todos los niños chilenos.
Igualmente bajo -0.4% del PIB- es el financiamiento para ciencia y tecnología, rubro determinante en el desarrollo productivo y que incide en el nivel de los salarios. Este magro aporte se refleja en universidades que, no sólo son espacios que segregan todavía a los estudiantes de menores ingresos, sino que tienden más a la profesionalización que a desarrollar conocimiento, inventiva e innovación. Aumentar los recursos destinados a asegurar a los jóvenes que egresan de la enseñanza media su ingreso a la educación postsecundaria y, así, postergar su prematuro ingreso al mercado laboral con pocas calificaciones y bajos salarios, es parte de las tareas pendientes, como lo son los requerimientos de mayores aportes a la investigación científica.
De modo tal que, aún para los que apuestan todo a la educación y se resisten a medidas redistributivas, el debate por mayores ingresos tributarios no puede quedar omitido si se asumen las exigencias y desafíos pendientes de accesos y calidad educacionales desde el nivel preescolar al postsecundario para todos los sectores socioeconómicos del país, especialmente para los que tienden a quedar excluidos o atendidos en condiciones desmedradas.
Pero, más allá de eso, la educación puede corregir muy lentamente las desigualdades, actuando recién en el mediano y largo plazo. Mientras tanto, la realidad salarial y distributiva del presente condena a segmentos importantes de la población que hoy, parcialmente, están protegidos por el Estado, protección parcial que tiende a concentrarse en los dos primeros deciles más pobres del país y bastante menos en los deciles intermedios, en donde se ubican familias que enfrentan con bajos ingresos y altas desprotecciones los riesgos sociales que dependen de un incierto mercado laboral.
En la actualidad, gracias al programa Chile Solidario y al gasto social que el Estado realiza en los más pobres, transfiriendo recursos vía subsidios monetarios y prestaciones en educación y salud, el 10% más pobre del país aumenta sus ingresos autónomos en un 160% y el segundo decil en un 60%. Sin embargo, estos traspasos se van atenuando progresivamente hasta ser prácticamente irrelevantes en los sectores que, sin ser técnicamente pobres, tienen bajos ingresos, como son los sectores sociales entre el cuarto y octavo decil.
Para todos ellos, las resistencias de la derecha a votar un Fondo Solidario de Salud, a revisar el sistema previsional, a presionar por flexiblidad laboral cuando todavía el empleo es precario y carente de protecciones sociales, son mucho más severas en sus consecuencias que los que se obtendrían de las bajas tributarias que tal derecha propone y que, sin duda, sólo apuntan a mejorar los ingresos de los estratos de mayor poder adquisitivo, especialmente de las grandes empresas.
Puesto el debate en sus justos términos en momentos en que comenzarán las confrontaciones programáticas para las futuras elecciones presidencial y parlamentarios, y siendo la problemática de la desigualdad una materia que involucrará a todas las fuerzas políticas, se trata entonces de abrir debate sobre las formas y los medios para alcanzar una mayor igualdad.
Y en ello, tenemos diferencias sustantivas con la derecha: mientras ésta propone bajar los ingresos fiscales disminuyendo impuestos o, en el mejor de los casos, manteniendo las cosas como están y declarando que hay que mejorar el uso de los recursos disponibles, los progresistas, en cambio, estamos por terminar con la abusiva concentración de la riqueza propia de la actual estructura de los ingresos y promover un mayor equilibrio social, sin por ello dejar de abordar la responsabilidad y compromiso del mejor uso posible de los recursos aportados solidariamente por todos los chilenos. Es cosa de hacerse cargo del sentido común ciudadano y de los irrefutables datos de la realidad.
Clarisa Hardy. Directora Ejecutiva Fundación Chile 21.
