Los partidos tenemos la oportunidad de torcer el (pre)juicio ciudadano de que la política es un ejercicio poco transparente, particularmente en su relación con el dinero y el mundo empresarial.
Este 31 de octubre los chilenos y chilenas tendrán la oportunidad de expresar una vez más su adhesión o rechazo, esperanzas o frustraciones al marcar sus preferencias electorales. Para más de 7.000 candidatos, quedarán atrás largas jornadas de conversación, debate y mucho esfuerzo personal y de sus equipos de campaña.
Toneladas de papel, cientos de frases radiales, originalidades y excesos publicitarios serán cosas del pasado.
Pero, después del veredicto de las urnas, habrá un examen adicional: una oportunidad para la política y los partidos. La Ley que regula el gasto y el financiamiento de la política tendrá su primer test.
Mucho se ha debatido en estos meses, cuán acertada, equívoca o (in)completa es esta legislación y en los meses venideros este debate se intensificará aún más.
Cabe recordar que el primer cuerpo legal sobre financiamiento y política en América Latina, data de 1928 en Uruguay. Chile, como en otras materias de desarrollo institucional, tardó más de la cuenta en hacerse cargo de dotar a la relación dinero y disputa política, de un contexto legislativo y regulatorio que la amparase.
Pues bien, el test está ad-portas. Los partidos y candidatos cual alumnos se preparan con nerviosismo; la ciudadanía observa desinformada y desconfiada. El Estado, a través del Servicio Electoral, se dispone para la avalancha de balances, registros y documentos. Los privados ponen sus aportes con cálculo riguroso. Los proveedores rezan para que todo funcione. Los medios de comunicación resaltan con más énfasis las paradojas e incongruencias. Pocos se atreven a fiscalizar.
En pocas semanas conoceremos el veredicto ciudadano. Primero se contarán los votos. Luego quién subió o quién bajó. Triunfos y derrotas por nariz encenderán los ánimos. Pero unos días después se conocerán los resultados de este segundo examen.
Los partidos tenemos la oportunidad de torcer el (pre)juicio ciudadano de que la política es un ejercicio poco transparente, particularmente en su relación con el dinero y el mundo empresarial. Sabemos que la falta de límite y los visos de corrupción están en la retina de la sociedad. Es la ocasión para enmendar los caminos mal andados. Es el momento de iniciar una nueva etapa de transparencia, control y orden de las finanzas de la política.
En efecto, quizás los límites no sean los apropiados, pero ahora existen. Posiblemente, el dinero aún tiene mayor relevancia del que corresponde, pero hoy menos que ayer. A lo mejor, el financiamiento irregular no desaparecerá, pero si ocurre y es detectado tendrá sanciones. Quizás las sanciones sean menores, pero hoy son exigibles. Acaso el financiamiento público es aun insuficiente, pero lo hay por primera vez.
Es nuestra responsabilidad estar a la altura de las circunstancias. La ciudadanía, aunque no completamente informada, nos observará. Construirá juicios negativos o bien, como anhelamos, recuperará parte de la confianza perdida. Si ello ocurre, mirará las próximas elecciones con menos resquemor, más esperanza y confianza.
El Partido Por la Democracia hace suyo este compromiso. Porque defender siempre, no es sólo una consigna, sino además la autoexigencia ineludible para cada uno de sus integrantes.
Marcelo Belmar. Tesorero nacional del Partido por la Democracia.
