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Las instituciones funcionan, pero ¿cómo?

por 2 noviembre, 2004

En Chile las instituciones están básicamente consagradas en una Constitución aprobada fraudulentamente, que lleva la firma de un ex dictador y que aún no ha sido depurada de sus conceptos poco democráticos.


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La expresión "que las instituciones funcionen" se ha incorporado al lenguaje político en uso para referirse a la actitud a adoptar frente a diversos conflictos y a su resolución. Busca relevar el hecho que en Chile existen mecanismos institucionales establecidos con cierto rigor y que en una democracia corresponde atenerse a ellos.



La frase es eficaz: revela la voluntad de los gobernantes de cumplir con sus deberes y su confianza en los mecanismos establecidos en las leyes. Sin embargo, es indispensable examinarla con más profundidad.



Las instituciones no funcionan en un vacío, sin marco de referencia. Funcionan en un contexto. Es decir, enmarcadas en relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que conforman el entramado de una sociedad. El funcionamiento de las instituciones no es unívoco, no existe una sola forma en que las instituciones deban funcionar. Sin renegar de lo que son, esas instituciones funcionan dentro de una franja posible de comportamientos.



En Chile las instituciones están básicamente consagradas en una Constitución aprobada fraudulentamente, que lleva la firma de un ex dictador y que aún no ha sido depurada de sus conceptos poco democráticos. ¿Funciona la Constitución? Uno diría que sí, que funciona, pero que en aspectos muy importantes su funcionamiento acarrea consecuencias negativas. Es el caso del sistema electoral binominal que ha operado con efectividad para encajonar a la ciudadanía entre dos opciones que no reflejan importantes matices existentes en la sociedad y, más grave aún, que ha logrado, primero, excluir a sectores significativos y, segundo, inducir un fenómeno extendido de apatía política.



El Consejo de Defensa del Estado pareciera haber cumplido, en general, con sus tareas. El punto es que, luego de la posición adoptada en los juicios por desaparecimiento de personas bajo la dictadura, las cumple mal. No es dable exigir que una institución como el Consejo funcione según puntos de vista particulares. De lo que se trata es que no haga tabla rasa de los tratados internacionales vigentes, que no fuerce la interpretación de las leyes a favor de los responsables de los crímenes de lesa humanidad y que no convierta a un órgano que debería velar por la justicia en un abogado de los victimarios.



En el caso de la investigación sobre fondos del MOP, el ejercicio del poder judicial ha conllevado una grave violación a la intimidad de las personas y al derecho a la privacidad, luego que un tribunal resolviera incautar cientos de miles de correos electrónicos privados, que no provienen de sospechosos en el caso ni que se refieren a materias relativas al proceso, con el fin de escrutarlos en búsqueda de nuevas pistas o antecedentes. Alguien pudiera decir que hay que dejar que las instituciones cumplan su misión. Pero en este caso el tribunal pretende cumplirla con grave menoscabo de los derechos de gente inocente.



Las dos empresas que proveen televisión por cable han solicitado fusionarse y la autorización pareciera que será concedida. El ente regulador que otorga esta autorización funciona, pero en este caso lo hace favoreciendo un monopolio. O sea, opera en un sentido contrario al concepto central de competencia libre que informa el tan celebrado modelo de libre mercado.



Hay muchos ejemplos de que el funcionamiento de las instituciones no es exclusivamente lo que interesa y que es preciso observar cómo funcionan. Otro reciente es lo ocurrido con los trabajadores de la Dirección del Trabajo y con su ex Directora María Ester Féres. Durante diez años los trabajadores han solicitado un reconocimiento de su condición fiscalizadora que sea similar a la de servicios que fiscalizan áreas económicas y financieras. Se les ha negado so pretexto de limitaciones presupuestarias. Sin embargo, lo que la discriminación revela es que se da más importancia a la fiscalización de lo financiero que a la fiscalización del trabajo. Se opera entonces con un sesgo inconveniente.



En el curso del conflicto se ha pedido la renuncia a la Directora del Trabajo por pagar las remuneraciones de los huelguistas. No obstante, la Contraloría determinó que había obrado bien. Entonces se señaló que no había iniciado los sumarios a los huelguistas. Pero, en definitiva, al convenirse con ellos un arreglo no se han descontado los días no trabajados y se ha anunciado que no habrá sumarios. ¿Por qué no se anuncia también que será reintegrada a sus funciones la Directora del Trabajo? En este caso las instituciones han operado de manera confusa e inconsistente.



Es bueno que las instituciones funcionen, pero es obligación de los ciudadanos y del gobierno velar por que lo hagan bien. Aplicar a las instituciones una suerte de "laissez-faire" sería una grave equivocación. La ciudadanía debe ser convocada no a una confianza ciega en las instituciones sino a fiscalizar que sus actuaciones convengan al bien común.





Jorge Arrate es presidente de la Corporación Universidad Arcis.

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