¿Todos contra Clara? - El Mostrador

Martes, 23 de enero de 2018 Actualizado a las 12:49

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¿Todos contra Clara?

por 8 noviembre, 2004

Recientes columnas de Pamela Pereira y Hermógenes Pérez de Arce en el diario El Mercurio, así como de Rafael Estévez en El Mostrador, hacen una severa crítica ética a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaransky. Lo hacen con motivo de sus propuestas para terminar con la tesis del secuestro permanente, acreditar la muerte de los detenidos desaparecidos por otros medios de prueba distintos de encontrar a la víctima, y aplicar la denominada amnistía impropia, investigando los crímenes, condenando a los culpables y liberando del cumplimiento de la pena sólo a aquellos que estén amparados por el período que cubre la ley de amnistía.



Pereira, Pérez de Arce y Estévez no han sido los únicos críticos. El Vicepresidente de la República y otros personeros de gobierno, políticos y congresistas de izquierda, familiares de detenidos desaparecidos, abogados de derechos humanos, Patricia Verdugo y hasta miembros del Consejo de Defensa del Estado, también han manifestado su crítica o comenzaron a descolgarse de su tesis los que al inicio adherían y a quitarle el piso.



No soy abogado especializado en estos temas, ni llevo causas de derechos humanos. No tengo amistad con Clara Szczaransky. Escribo entonces estas palabras, como un simple ciudadano, para apoyar a Szczaransky y a los Consejeros en aspectos éticos y de fondo de su propuesta.



Los apoyo, a pesar de compartir reparos que se le han hecho, como la imprudencia de haber invocado, sin autorización previa, al Presidente de la República y abogados de derechos humanos en apoyo de su tesis, aunque de hecho la apoyaren; no obstante que fue poco leal o delicado si no se advirtió previa y derechamente a los familiares de las víctimas del cambio de tesis, en un tema tan sensible.



Respecto de observaciones de algunos abogados del Consejo, de Defensa del Estado que llevan causas de derechos humanos, comparto que debe dárseles la oportunidad de renunciar al patrocinio o al poder en ejercicio de su libertad u objeción de conciencia, si en futuras causas les correspondiere sostener la nueva tesis distinta de la que han sostenido en otras causas. Lo hago también, a pesar de una crítica de fondo, y es que en mi fuero interno -como supongo en el de doña Clara y de cualquier persona normal y decente- yo hubiere deseado que en todos estos casos de crímenes tan horrendos y alevosos, se hubiere hecho justicia hasta las últimas consecuencias y aplicado condena a todos los autores y partícipes de los delitos: por respeto a las víctimas como a sus familiares, y para sentar un precedente jurídico e histórico suficiente para que nunca más se repitan estos hechos atroces en nuestra historia.



Sin embargo, a pesar de dichas objeciones de orden ético que me parecen razonables, apoyo a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado en los aspectos de fondo de su propuesta, porque también hay otras muchas razones del orden moral que en mi concepto hacen mayor fuerza en su favor:



1.- La propuesta persigue la paz social. La finalidad del derecho y la justicia es la sana convivencia en sociedad, la paz social. Ya han transcurrido 30 años desde la comisión de estos delitos, y hay que buscar los mecanismos que permitan terminar con prontitud los casos de derechos humanos pendientes, estableciendo la verdad y condenando a los culpables, para contribuir a la paz social. Para ello existen también en el derecho instituciones como la prescripción y la amnistía. También se requiere para restablecer en plenitud las confianzas y la convivencia nacional. Chile ha sido, afortunadamente, un caso bastante ejemplar en lo que se refiere al establecimiento de la verdad y a la persecución de la responsabilidad penal de los autores de los atentados a los derechos humanos, incluyendo la condena judicial y el encarcelamiento de jefes máximos de organismos de seguridad nacional, lo que no es usual al término de otras dictaduras. Aunque el asesinato vil y alevoso de un familiar por agentes del Estado, por el simple hecho de pensar distinto, o luchar por tales ideas, es una injusticia que nunca jamás tendrá suficiente castigo y reparación para los familiares.



2.- La propuesta de Szczaransky une la justicia a la prudencia y es éticamente responsable. La prudencia es una condición de la justicia. Sin prudencia, la justicia puede convertirse en venganza. La prudencia es la virtud o la moral aplicada a lo concreto. Lo justo, según Aristóteles, no es la justicia según la ley, sino una corrección de la justicia legal. Es decir, las reglas generales de la ley deben adaptarse a las complejidades de las circunstancias cambiantes y a las singularidades de los casos concretos. Tampoco habrá justicia si no hemos superado el odio y la cólera; no hay justicia sin misericordia. Superada la pura ética de la convicción (los principios puros de los fundamentalistas, los inquisidores y los talibanes), hemos asumido la ética de la responsabilidad (Max Weber), la cual, sin renunciar a los principios, se preocupa también de las consecuencias previsibles de la acción.



3.- La propuesta persigue el bien común. El Consejo de Defensa del Estado interviene en estas causas en interés de la sociedad y para precaver los intereses del Fisco, y no en representación de los familiares de las víctimas, que poseen sus propios abogados. Estimo que las instituciones permanentes de la República y del Estado como el citado Consejo, en particular sus representantes, jefes o dirigentes, deben velar y perseguir responsablemente el bien común, y ello implica promover o impulsar propuestas o soluciones, que a veces son contrarias a intereses o deseos personales o particulares de los ciudadanos, o que exceden en parte a la aplicación estricta de sus atribuciones o el tenor literal de las normas. A fin de cuentas, la política, que es el arte de lo posible, se hace desde el Estado, desde sus instituciones y representantes. El bien común, a su vez, no es la suma de los intereses particulares, ni siempre lo justo es la aplicación ciega de la ley. En ese contexto, entiendo y aprecio los grandes esfuerzos y declaraciones del señor Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, probablemente con altos costos al interior de su institución y de los oficiales en retiro, y también los esfuerzos de la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado.



4.- La propuesta pretende reconocer la verdad y terminar con el uso generalizado de una ficción jurídica. Mantener la aplicación de la tesis del secuestro permanente, respecto de personas que fueron secuestradas, asesinadas de manera horrorosa e indigna y cuyos cuerpos fueron hechos desaparecer hace ya aproximadamente 30 años, me parece una ficción jurídica, que bien pudo aplicarse en casos puntuales o específicos o para liberarse de la excepción de prescripción hace algunos años atrás. Pero no creo adecuado su uso generalizado y permanente por los querellantes y los Tribunales, en conocimiento que se trata de una ficción o una simulación, peor aun cuando se trata de causas en que debe prevalecer la dignidad y la verdad, para que produzcan pleno efecto moral. A fin de cuentas, no se reconoce la verdad del delito, se pretende hacer justicia a partir de una ficción y se aplica la pena equivocada. Es inconveniente para nuestro sistema judicial, que en casos generalizados se opere sobre la base de una ficción o simulación, como ocurría con las nulidades matrimoniales cuando no había divorcio vincular.
En tal sentido, me parece mucho más honesto, digno, justo y prudente, reconocer la verdad, el hecho real del secuestro seguido de la muerte y la desaparición de los cuerpos o víctimas, como ya lo han señalado los informes de derechos humanos. Permitir acreditar la muerte por otros medios de prueba sin encontrar a la víctima, determinar a los responsables y condenar, sin perpetuar así los juicios con la tesis del secuestro como un delito permanente mientras no se encuentre a la víctima.



5.- La propuesta persigue a los verdaderos y mayores responsables. Creo que a quienes debe perseguirse la responsabilidad penal, es principalmente a los autores intelectuales de estos crímenes, a quienes dieron las órdenes, a quienes estaban al mando de los ejecutores materiales. Aquellos mandos, en su mayoría han sido ruines y cobardes, se amparan en la impunidad, y han sido incapaces de dar un paso al frente asumiendo la responsabilidad por sus subalternos, como correspondería conforme al honor militar.



6.- La propuesta no pretende determinar la solución de los casos, como se le critica, ya que presumo que Clara Szczaransky sabe que ello corresponde a los Tribunales. La facultad de conocer las causas criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado es tarea exclusiva de los Tribunales de Justicia conforme a la Constitución, pero ello no quita que pueda proponerse, debatirse y sostenerse libremente por los abogados una tesis jurídica ante ellos.



7.- En fin, es una propuesta de coraje. Apoyo a Clara Szczaransky por su coraje, tanto por haber hecho su propuesta en ejercicio de su legítimo derecho a sustentar pública y libremente lo que cree correcto, como por no abandonarse al temor frente a las críticas de diverso signo y calibre, incluso de quienes al principio la apoyaron y luego se descolgaron.



Estimo que ha hecho propuestas éticamente responsables, que procuran hacer justicia con prudencia, se preocupan de las consecuencias previsibles de su acción, se hacen cargo de la historia, de las circunstancias actuales y se proyectan al futuro; reconocen la verdad, buscan el bien común y la paz social en Chile.


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