La fría y especulativa reacción que en algunos medios políticos y de opinión pública generaron las declaraciones del General Juan Emilio Cheyre sobre la responsabilidad institucional del Ejército en las violaciones a los derechos humanos, confirma la visión instrumental que parte importante de la elite dirigente chilena tiene sobre las instituciones y la democracia. Esa visión es también el origen de que a la hora de planificar y ejecutar la educación de los soldados, no se cuente con una doctrina acerca del uso de la fuerza de una manera moral y ajustada, compatible con un régimen de plena democracia.
Lejos de un tono aprobatorio frente a una declaración largo tiempo esperada por el país, ha emergido, de manera sinuosa, en editoriales y declaraciones, la sombra de la duda acerca del valor real que esas palabras tendrían para el desarrollo de las instituciones armadas. O, simplemente, se ha dado curso a la sospecha que se trataría de una táctica anticipatoria, propia de un militar, frente a los resultados del informe sobre aplicación de tortura que se entregará al Presidente esta semana.
Esta actitud contraviene el necesario ambiente para la construcción de Fuerzas Armadas efectivamente formadas en una disciplina de prescindencia política, alta profesionalización, obedientes frente al orden civil y profundamente respetuosas de los derechos humanos y la legalidad vigente. Y genera desconfianzas en un momento en que lo único deseable es un consenso civil acerca de la importancia de enmendar rumbos en materia militar.
Algunos de los comentarios están demasiado teñidos del espíritu de fronda que caracteriza a la derecha política del país, con el propósito de evitar que las palabras de Cheyre evidencien también la responsabilidad de los ideólogos civiles de la época de la dictadura. Al fin y al cabo, la teoría de las responsabilidades individuales que tanto le gusta al mando militar y al político de aquella época, resulta la explicación más cómoda para ignorar la existencia de un modelo de actuación gubernamental, con objetivos claros ideados sobre la base de la eliminación de los derechos constitucionales de todos los chilenos.
Lo que aparece como esperable hoy de nuestros dirigentes políticos, de derechas, centro e izquierdas, es que abandonen una visión conspirativa acerca de la política, y expresen no sólo un respeto formal por las instituciones, sino una convicción profunda de que ellas deben expresar valores permanentes e indispensables para un funcionamiento sano de la sociedad.
Lo hecho por el General Cheyre, en esta oportunidad, no es ni un acto heroico ni tampoco un realismo cínico. Es un acto de honor y legalidad que reorienta al Ejército, sacándolo de las manipulaciones del pasado, los atrasos organizativos y las rémoras culturales que impiden una visión de futuro, sin negar ni obstaculizar la acción de la justicia. Es lo que corresponde en una democracia, en la cual se otorga un valor esencial al uso moral de la fuerza legítima de que está dotado el Estado, y cuyo ejercicio, por disposición constitucional, le corresponde a las Fuerzas Armadas, o a las de orden y seguridad, según sea el caso.
Su decisión implica un ejercicio de mando sostenido, firme y eficaz al interior de su institución, para lo cual requiere de un liderazgo civil que sepa también mandar, y lo oriente y sostenga adecuadamente, de acuerdo a las necesidades actuales del Estado de Chile.
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