«La cosa está mala, pésimo. Desde hace dos años que estamos muy mal, hay pescadores que no tienen para la micro, no cuentan con luz y agua en sus casas» (Raúl Cabrera, pescador artesanal de la Caleta Portales, Valparaíso).
Un argumento muy recurrente para legitimar la actual legislación pesquera chilena dice relación con la necesidad de reducir la pobreza y la miseria, lo que constituiría una antigua aspiración y una necesidad urgente que nos obliga a postergar las legítimas aspiraciones de protección y preservación de los recursos marinos. No obstante, esta argumentación no pasa la prueba de la blancura y no pasa de ser una racionalización grosera y falsa, que esconde cínicamente la razón de ser del ordenamiento y la regulación pesquera chilena, a saber, los intereses financieros de la industria pesquera concentrada en algunos reducidos grupos económicos.
En San Antonio, por ejemplo, que es el primer puerto del país y una comuna costera en donde la actividad pesquera ha sido muy importante, los datos oficiales de pobreza (encuesta Casen 2000), sitúan a esta comuna dentro de las más pobres del país, con un 24,7% de la población en dicho estado, mientras a nivel país, este problema afectaría al 20,6% de los chilenos. Por su parte, la indigencia estaría afectando al 6,9% de la población en San Antonio, mientras a nivel país a un 5,7%. Claramente, tanto la pobreza como la miseria en San Antonio están por sobre los indicadores globales del país, lo que indica, obviamente, que la actividad pesquera, ampliamente concentrada por la industria que ha tenido todas las garantías jurídicas, institucionales y políticas para desarrollarse, ha sido incapaz de resolver los problemas de pobreza y miseria de las comunas en donde la pesca ha sido una actividad fundamental.
Téngase presente, además, que estos indicadores se construyen sobre la base de la línea de pobreza, la que se fija oficialmente en alrededor de 40 mil pesos mensuales. Sin embargo, si para definir el nivel de ingreso mínimo para satisfacer las necesidades recurrimos al costo real de la vida en el Chile de hoy, los niveles de pobreza y miseria se incrementarían sustancialmente. A decir verdad, resulta sorprendente que aún queden pobres en Chile con la forma en que ésta se calcula.
Por otra parte, para la VIII región, según un estudio de la Universidad de Concepción denominado «Análisis Económico, Social y Biológico de la Crisis Pesquera de la VIII Región, 1997-2002», de los pescadores artesanales que trabajan, un 22% vive en la indigencia y un 63% en la pobreza. En cuanto a los desempleados del sector pesquero: 50% vive en hogares donde el ingreso mensual promedio no supera los $100.000; 83% vive en condiciones de pobreza; y 52% en la indigencia. Además, la pérdida de empleos directos debido a los ajustes que ha experimentado la industria, llega a los 2.900 puestos de trabajo. Con respecto a los pescadores artesanales que trabajan en la flota sardinera y anchovetera: 660 están en la indigencia; 1.230 están en la pobreza; 1.560 tienen carné de indigente para acceder a los servicios de salud básicos; 330 no tiene ninguna cobertura en salud; y 2.220 no tienen contrato.
Resulta más que curioso darse cuenta que cuando en Chile se capturaban apenas 750 mil toneladas en desembarques de pescado -año 1975-, los problemas de pobreza y miseria en la pesca artesanal eran mucho menores y de hecho los hombres de mar comían. Hoy, sin embargo, cuando se llegó a extraer más de ocho millones de toneladas en 1995 y actualmente los desembarques llegan a los cuatro millones de toneladas, se ha agudizado la pobreza y las condiciones de miseria. Ahora, luego del espectacular crecimiento de la industria pesquera, luego de llegar a ser esta industria una de las más destacadas -sino la más-, los hombres de mar y sus familias pasan hambre y penurias. Algo huele mal en la teoría del crecimiento económico.
Marcel Claude. Director Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica.
