Acabamos de salir de las elecciones municipales y ya los partidos están corriendo hacia las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2005. La intensa tarea de elaboración de listas que se realizará en los próximos meses anticipa jornadas fratricidas y noches de cuchillos largos. Los cupos son pocos y las ambiciones muchas.
Es éste el momento oportuno para reflexionar con ánimo sereno sobre la necesidad de renovar el personal de nuestro Congreso y nuestro Senado. Sobre todo, en su composición etaria.
Según la legislación chilena, no existe ninguna limitación para que los parlamentarios puedan repetir una y otra vez período. De tal manera que la tentación de muchos de ellos es defender su puesto, casi apelando -es un decir- a la norma jurídica de melior est conditio possidentis ("es mejor la condición del que posee»).
Disputarles su sillón a los padres de la patria supone remontar odiosas dificultades dentro de la cúpula del partido y también de la circunscripción y del distrito. Toda la red de contactos e intereses que los titulares han ido tejiendo durante su mandato popular se vuelve contra los aspirantes más o menos primerizos. La carrera, así, se inicia con frecuencia en posiciones de arranque sumamente dispares. La reiteración de sus nombres, rostros y declaraciones en los medios otorgan una enorme ventaja a los representantes populares en ejercicio. La inercia invita a los votantes hacia lo más conocido.
Con toda razón se puede argüir que nadie saca gratis su diploma de parlamentario y que, si el electorado renueva su confianza, se debe a una gestión que les ha resultado convincente. Pero este argumento, a primera vista tan correcto, presenta muchas debilidades, sobre todo en el aquí y el ahora de la realidad política y social chilena.
La recuperación de la democracia en 1990 fue antecedida por elecciones legislativas en diciembre de 1989. Éstas tuvieron un carácter muy especial. Después de más de dieciséis años de sequía, volvían al escenario los antiguos políticos de los años 60 y principios de los ’70, con cierta sensación de derecho adquirido. Habían sufrido el ostracismo, el exilio, incluso la persecución y la tortura. Habían hecho proyectos, desarrollado programas, estudiado realidades. Con esta hoja de servicios, sus méritos en aquella circunstancia parecían indiscutibles. Además, se sentían jóvenes, porque para efectos de su carrera política, los años de la dictadura habían sido un paréntesis.
Muchos de ellos habían disfrutado ya de una primera oportunidad de dirigencia o de alta gestión política a una edad muy temprana. Después del gobierno de Alessandri, de gente mayor por lo general, Frei llegó con la mística de su Patria Joven. Andrés Zaldívar administraba Economía y Hacienda sin tener aún treinta años y con esa edad aproximadamente oficiaban como ministros Enrique Krauss y Patricio Rojas, mientras Sergio Molina era llamado viejo por sus colegas, porque ya había pasado, siendo secretario de Estado, la línea de los treinta y cinco.
Numerosos parlamentarios eran jóvenes, así como alcaldes, concejales y otros puestos de responsabilidad. Luis Maira superaba apenas los veintiún años, que marcaban entonces la mayoría de edad, cuando fue elegido diputado por la Democracia Cristiana. Era un ejemplo extremo, entre otros.
Lo curioso es que la misma generación que disfrutó, prácticamente al salir de la universidad, de estas oportunidades y ventajas -hoy en distintas tiendas políticas-, ha tendido a eternizarse, literalmente, en los distintos altos cargos públicos que detentan desde hace tanto tiempo. Da la impresión de que no son ellos los que le deben algo al Estado, sino que es el Estado el que les debe algo a ellos. Y con carácter vitalicio.
Se escuchan quejas sobre el desencanto y alejamiento de los jóvenes respecto a la política. Ya se ha dicho muchas veces que los cientos de miles de veinteañeros que no se han inscrito en los Registros Electorales suponen una severísima advertencia para el futuro político del país.
Es así. Pero lo cierto es que el actual establishment político no deja espacios para que entren representantes de esa gran masa de jóvenes que tienen menos de treinta y cinco años y que saben que sólo excepcionalmente ejercerán puestos de responsabilidad a la altura de su preparación y de su entusiasmo.
También es cierto que hubo muchos jóvenes que participaron en política luchando contra la dictadura, pero se hicieron a un lado al ver que el puesto que ellos se habían ganado fue ocupado por quienes poco y nada hicieron contra el régimen de facto. Sin mencionar a quienes se sintieron traicionados por el carácter de la transición.
Como sea, cabe esperar que en esta coyuntura, los partidos, los actuales parlamentarios y la sociedad en general convengan en que la política no es una carrera perpetua, in aeternum, sino un servicio temporal. Un servicio que hay que dejar generosamente abierto a la próxima generación, si no queremos caminar hacia una elite cada vez menos republicana y más corporativa. Ahí se abren las puertas hacia las corruptelas y las corrupciones.
Que miren a las muchachas y muchachos de veinticinco años y que recuerden sus propios veinticinco años. Y que suave, dulce y pacíficamente, se vayan…, que vuelvan del palacio al arado, pues hay muchas cosas que hacer todavía como ciudadanos de a pie de la República.
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