Chile puede y debe asumir un nítido liderazgo en el hemisferio sur con respecto a la protección de los océanos, especialmente en el Pacífico sur oriental, junto a Perú, Ecuador y Colombia.
El 16 de noviembre, la 59 Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) celebrará el décimo aniversario de la entrada en vigor de la C0NVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar), instrumento que representa una de las mas visionarias contribuciones de la diplomacia chilena a la comunidad internacional, al favorecer a la gobernabilidad en los mares y océanos del planeta.
Coincidentemente, este aniversario encuentra a la AGNU decidiendo sobre la moratoria (prohibición temporal) de las operaciones de pesca de arrastre de fondo que se desarrollan fuera de las aguas jurisdiccionales de los Estados costeros, hasta que la comunidad internacional posea la información científica que le permita implementar regímenes vinculantes que le aseguren una efectiva gestión de las pesquerías y conservación de la frágil
diversidad biológica existente en los fondos marinos en alta mar.
Esta propuesta se originó a partir del llamado que realizaron en febrero de este año 1.136 científicos y especialistas marinos de 69 países a la Asamblea General de la ONU, y que fue apoyado por las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), la cual se unió al impulso que en la opinión pública y los espacios de decisión política le ha dado la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos (Deep Sea Conservation Campaign, por sus siglas en inglés).
Ello ha permitido que durante las discusiones sobre Océanos y Pesquerías en la AGNU, la moratoria de la pesca de arrastre de fondo no haya sido un tema «menor» que pudiera ser ignorado, sino que, por el contrario, naciones como Costa Rica, Noruega y Nueva Zelandia están dando una dura lucha para asegurar una real protección a los fondos marinos en aguas que cubren el 64% de la superficie de los océanos.
La zona de alta mar no se encuentra sujeta mayoritariamente a jurisdicción alguna. Por ello, en sus aguas y fondos habitualmente prima la ley del más fuerte, los hechos consumados y la desinformación. Este es el caso de las flotas que no superan las 300 naves pesqueras (equivalente al 1% de la flota pesquera mundial), que realizan destructivas operaciones de pesca de arrastre de fondo, donde en un par de horas se arrasan con irremplazables ecosistemas de arrecifes de corales de aguas fría ubicados en mesetas, taludes continentales y montañas submarinas entre los 800 a 2.000 mts de profundidad.
Un 95% de las capturas de pesca de arrastre de fondo la realizan sólo once países, liderados por España y la Federación Rusa, las que equivalen sólo al 0,2 % del total de las capturas pesqueras mundiales, y no superan el 0,5% del valor total anual de las producciones marinas. Por lo tanto, si el arrastre de fondo en alta mar se prohibiera hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, su impacto económico sería mínimo, mientras que los beneficios para la conservación de la diversidad biológica oceánica y los derechos de los pescadores y de los países costeros serían gigantescos.
El más importante obstáculo para que ello no suceda han sido Islandia y la Unión Europea, esta última, convertida en rehén de los grandes intereses pesqueros globales españoles.
Muchos de estos ecosistemas de fondos marinos tardan hasta 5.000 años en formarse. En ellos se calcula que existirían hasta 100 millones de especies, la mayoría desconocidas para la ciencia. A su vez, las indiscriminadas capturas y sus altas tasas de descarte, están amenazando la integridad de recursos pesqueros de alto valor comercial, como cangrejos, camarones y
peces, entre los que destacan el «orange roughy«, o pez reloj anaranjado, especie de lento crecimiento que puede vivir hasta los 150 años.
La pesca de arrastre de fondo -equivalente marino a la «tala rasa» en la industria forestal- se encuentra en proceso de retirada a nivel mundial, dadas las crecientes exigencias para las pesquerías del siglo 21. A este arte de pesca le sucederá lo mismo que en las décadas pasadas significó la eliminación de las grandes redes de deriva o de la pesca con explosivos en los océanos del planeta.
Por ello, la Coalición Chilena para la Conservación de los Fondos Marinos, constituida por organizaciones ambientalistas, de trabajadores de la flota pesquera industrial y pescadores artesanales, y que cuenta con el apoyo de los presidentes de las comisiones de pesca y acuicultura y de medio ambiente del senado y de la de medioambiente de la cámara de diputados, han solicitado a la delegación chilena que en la discusión sobre la resolución de los Océanos en la 59 Asamblea General de la ONU respalde y tome el liderazgo para prohibir temporalmente las operaciones de pesca de arrastre de fondo fuera de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE).
La resolución sobre pesquerías discutida en la AGNU, aunque reconoce explícitamente la amenaza del arrastre de fondo para los ecosistemas oceánicos de profundidad, no hace un llamado preciso a tomar acciones colectivas o decisivas por parte de la comunidad internacional, sólo llama a los países en forma individual, o a través de las escasas Organizaciones Regionales de Administración Pesquera, a emprender acciones, mientras que en la resolución sobre Océanos llama al establecimiento de un Grupo de Trabajo para «estudiar los temas relativos a la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica marina más allá de las áreas de jurisdicción nacional».
Chile puede y debe asumir un nítido liderazgo en el hemisferio sur con respecto a la protección de los océanos, especialmente en el Pacífico sur oriental, junto a Perú, Ecuador y Colombia. El establecimiento de esta moratoria permitirá avanzar en la protección de la diversidad biológica marina y la implementación de políticas pesqueras regionales coherentes y responsables, condiciones básicas para asegurar tanto la gobernabilidad en
aguas hemisféricas, mediante el ordenamiento del alta mar, como los derechos de los países en desarrollo para el acceso y uso equitativo de los recursos genéticos existentes en los fondos marinos más allá de las ZEE.
Esta propuesta representa a su vez una excelente oportunidad para la reflexión y el trabajo complementario entre los Estados, industria pesqueras, comunidades costeras, científicos y sociedades civiles latinoamericanas, lo que permita revitalizar las agendas de las organizaciones regionales, tales como la Convención Permanente de los Países del Pacífico Sur (CPPS), e impulsar el avance de acuerdos regionales y / o internacionales de regulación pesquera.
Juan Carlos Cárdenas. Médico Veterinario, Director Ejecutivo del Centro Ecocéanos, y coordinador para América Latina del Deep Sea Conservation Campaign (ecoceanos@ecoceanos.cl, www.ecoceanos.cl).
