Según Jordi Borja, los valores vinculados a la ciudad, de libertad y de cohesión social, de protección y desarrollo de los derechos individuales y de expresión de identidades colectivas, de democracia participativa y de igualdad básica entre sus habitantes, dependen de que el estatuto de ciudadanía sea una realidad material y no solo un reconocimiento formal.
Ha concluido una campaña municipal escasa en ideas. El esfuerzo de los pocos candidatos que buscaron infructuosamente dialogar con la ciudadanía a fin de exponer sus propuestas de política pública para el ámbito local, fue superado por la publicidad y la propaganda de frases hechas; por consignas y mensajes que, como el del cambio, resultaron estar equivocados. Eran para otro país. Así lo han reconocido sus propios ideólogos ante una ciudadanía que lo menos que merece es una explicación. Superada esta etapa ha llegado el momento de hacer aquello que no se hizo o se hizo de manera incompleta, demagógica y alejada de la realidad: definir la agenda democrática de los nuevos gobiernos comunales.
La Organización de Naciones Unidas ha definido la pobreza como una negación de los derechos humanos, afirmando, incluso, que sin la realización de los derechos humanos, la pobreza no podrá ser eliminada. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Informe sobre Desarrollo Humano 2000 coinciden en señalar que el derecho a condiciones de vida decente, a la salud, a la educación, a la vivienda, a los equipamientos urbanos, a la protección contra las catástrofes, no son solamente objetivos del desarrollo, sino que son también derechos humanos. Se trata, en definitiva, de entender y afrontar la pobreza en el mundo desde la perspectiva de los derechos humanos. Dicho de otra manera: la pobreza, las políticas y formas para combatirla deben ser definidas a la luz de la dimensión ética, indivisible e inalienable de la vigencia de los derechos humanos.
Como lo ha dicho Zigmunt Bauman, está en la naturaleza de los derechos humanos el hecho que aunque se hayan formulado para ser disfrutados de forma individual -después de todo, significan el derecho a que se reconozca la diferencia propia de cada uno, de modo que se pueda seguir siendo diferente sin temor a la represión o castigo-, sea preciso luchar por ellos y conquistarlos de forma colectiva.
La crisis de la sociedad, del Estado y de una política alejada de la ciudadanía y sus problemas cotidianos, ha motivado y estimulado la aparición de nuevas formas de organización pública, a través de las cuales las demandas no aceptadas o no respondidas por los gobiernos se estructuran en un inmenso circuito de representación pública. Esa nueva esfera pública no estatal, que incide sobre el Estado, con o sin el soporte de la representación política tradicional, contiene millares de organizaciones locales que han iniciado la búsqueda de una estrategia que busca fundir acción política y modo de vida: el derecho a ejercer presión en función de los derechos sectoriales de cada grupo y demandas dotadas de universalidad.
En el último decenio han sido redactadas diversas Cartas y Declaraciones Internacionales que conciben la ciudad como espacio de derechos y deberes individuales y colectivos. Estos documentos expresan el esfuerzo de diversas organizaciones, entidades, colectivos y personas que se han reunido en distintos eventos mundiales con el propósito de articular instrumentos de base jurídica y política que permitan inaugurar una dimensión local de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales a nivel mundial.
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad define «el derecho a la ciudad como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Y comprendido como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, especialmente de los grupos más vulnerables y desfavorecidos». Así, la ciudad es entendida como el lugar del derecho: un espacio de garantía, afirmación, y realización efectiva de los derechos humanos. Un lugar donde se combinen la acción estratégica con la búsqueda de respuestas inmediatas, y donde las legítimas demandas de carácter privado se reúnan de manera significativa para constituirse en palancas colectivas de las demandas de interés público.
La ciudad y la comuna tienen una misión en relación a la calidad de vida de las personas: corregir la ausencia de capacidades inclusivas y deliberativas que caracteriza a la democracia en muchas partes del mundo. En ellas se construyen espacios participativos de legitimación de las políticas y decisiones públicas, logrando una correspondencia entre economía, cultura y política. Es en la ciudad y en la comuna donde las cuestiones de la vida cotidiana pueden convertirse en asuntos políticos.
Según Jordi Borja, los valores vinculados a la ciudad, de libertad y de cohesión social, de protección y desarrollo de los derechos individuales y de expresión de identidades colectivas, de democracia participativa y de igualdad básica entre sus habitantes, dependen de que el estatuto de ciudadanía sea una realidad material y no solo un reconocimiento formal. Y también de que la ciudad funcione realmente como un espacio público, en un sentido físico (centralidades, movilidad y accesibilidad socializadas, zonas social y funcionalmente diversificadas, lugares con atributos o significantes) y en un sentido político y cultural (expresión y representación colectivas, identidad, cohesión social e integración ciudadana).
La creciente valoración política del ámbito local y comunal como espacios y realidades más propicias para el desarrollo y la construcción de ciudadanía, remite a Alexis de Tocqueville, quien sentenciara que mientras los tronos fueron creados por el hombre, las comunas fueron creación de Dios. En 1835, el mismo Tocqueville afirmaba que es en la comuna donde reside la fuerza de los pueblos libres. En lenguaje y conceptos de hoy, el desarrollo local surge en la búsqueda de un enfoque más político que económico del desarrollo, donde la preeminencia de los actores, por sobre otras decisiones que no responden a los intereses locales, es lo que tiende a definir un proceso de desarrollo local.
En este nuevo escenario, los liderazgos legitimados, las relaciones de proximidad con la ciudadanía y su vida cotidiana, el reforzamiento de las identidades y las acciones colectivas y la cooperación son componentes claves en la generación de capacidades para formular y poner en práctica estrategias locales de desarrollo y reposicionamiento de lo territorial, de construcción de comunidades con un objetivo común, de prefiguración de la ciudad y la comuna como espacios de vigencia, realización y exigencia de derechos.
El conjunto de documentos internacionales que han visto la luz en la última década, entre los que se cuentan la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, la Declaración Mundial sobre las Mujeres en el Gobierno Local y la Declaración de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, son la expresión instrumental de un ideario que asigna valor y sentido político al patrimonio cultural y organizativo acumulado en el ámbito local y de las ciudades. Permiten visualizar que detrás de este esfuerzo de resignificación política de la ciudad se están construyendo y articulando conceptos y procesos que traen a la luz del debate público nuevos intereses que son representados de manera directa por la ciudadanía.
Las autoridades locales recientemente elegidas en nuestro país pueden encontrar en esos documentos una rica y variada elaboración de conceptos, visiones y propuestas que acogen la idea de ciudad inclusiva desarrollada por Habitat II (2000), como también el principio de prevalencia de la función social de la propiedad y de la ciudad en la formulación y ejecución de políticas urbanas elaborado en el Foro Social Mundial (febrero, 2002).
Lo desarrollado muy probablemente logrará torcer el rumbo de lo anunciado por Richard Sennett, cuando anticipó la «caída del hombre público» y advirtió la lenta pero incesante reducción del espacio público urbano. Por el contrario, el lector de estos documentos podrá corroborar que el espacio público -y la ciudad es el espacio público-, adquieren cada día mayor protagonismo en la vida social, política, económica y cultural de nuestras sociedades.
El gran secreto de una «buena ciudad» es que brinda a la gente la oportunidad de hacerse responsable de sus actos en una sociedad históricamente imprevisible, no en un mundo onírico de armonía y orden preestablecido.
Ximena Erazo Latorre. Arquitecta, Magíster en Desarrollo Urbano.
