Durante el siglo diecinueve una de las doctrinas políticas de mayor relevancia era la del liberalismo, que en su versión más antigua y consultado acerca del rol que habría de caberle al Estado, llegó a decir que éste no debía ser más que un policía o gendarme, es decir, se debía limitar a velar por el cumplimiento de la ley y a mantener el orden público.
Sin querer adentrarme en teoría política, se puede decir que el Estado que se postulaba parecía caricaturizado. Con el transcurso del tiempo, las nuevas versiones que se formularon sobre el liberalismo abandonarían tan minúscula concepción. En vista de lo anterior, no deja de ser sorprendente que hoy en día, se puedan observar actividades en las que el Estado renuncia incluso a aquel ínfimo rol. Esta es la situación en el sector pesquero.
Si bien esta actividad en los últimos años ha evidenciado un alto crecimiento, tal alza no ha ido acompañada con una adecuada supervisión de ella. La planta con que está dotado en la actualidad el Servicio Nacional de Pesca, organismo fiscalizador por excelencia del sector pesquero, es bastante baja en relación a la dimensión de su objeto de control, pero más allá de esto, cabe señalar el importante hecho que sólo se fiscalizan desembarques y no las capturas, cuestión que se presta para toda clase de excesos. Además, los pescadores industriales, actuando dentro del marco que regula su posibilidad de extracción de recursos, contratan a empresas externas para cumplir este rol, es decir, para estos efectos tienen su propia policía.
Actualmente, la actividad es fiscalizada con una dotación de sólo 442 personas (336 de planta y contrata, y 106 a honorarios). De la dotación señalada, no más de 80 funcionarios son inspectores de pesca de terreno para las labores de extracción, desembarque, procesamiento, producción de centro de cultivo, comercialización y exportación.
Sólo por el desembarque de 4 millones de toneladas de pesca anuales deben fiscalizarse 460 plantas de proceso, 1.800 centros de cultivo, 50 mil pescadores, 13 mil embarcaciones artesanales, 300 industriales, más de 100 mil pescadores deportivos, 2 mil comercializadores, 560 áreas de manejo operando y 148 normas de administración pesquera.
Las consecuencias de esta escasa fiscalización son devastadoras para los recursos marinos, si se tiene en consideración que lo que se fiscaliza (y de manera verdaderamente precaria como arriba se ha demostrado) son los desembarques y no las capturas. Con esto se incentiva la posibilidad de descartar, es decir, de devolver al mar todas aquellas otras especies que fueron capturadas por el aparejo de pesca e incluso aquellos pescados de la misma especie que se pretende capturar, pero que no cumplen con los requerimientos esperados de talla y peso.
La situación pasará inadvertida, porque como se ha dicho, lo que eventualmente va a ser controlado es lo que se desembarque, por lo que jamás se va a poder saber con precisión cuanto es lo que se extrae o más bien dicho, cuanto se está descartando.
Obviamente, esto lleva a que nuestros recursos marinos disminuyan en forma muy superior a lo que se estima al asignar las cuotas de captura.
En este sentido, la aprobación del proyecto de acuerdo para la reestructuración institucional y de la planta del Sernapesca por parte de la Cámara de Diputados, parece una medida necesaria, pero que no se condice con el hecho que al mismo tiempo y en el seno de la discusión de las reformas a este mismo sector, de la «Ley Larga de Pesca», la respectiva Comisión del Senado haya aprobado la disminución de la planta de este mismo servicio.
Una señal como ésta no hace más que confirmar que en lo que se refiere a pesca, no estamos ni siquiera en frente del Estado Gendarme postulado en el siglo 19.
Matías Guiloff. Abogado. Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica.
