Entre las cosas maravillosas que la arquitectura de nuestro cerebro realiza permanentemente, está la capacidad y facilidad de cruzar y unir conceptos, reconstruyendo y construyendo otros. Esto es parte del proceso de aprendizaje. Y lo hace con una transparente y aparente sencillez.
En el diario vivir, estamos insertos en un mundo que se mueve y articula por un sinnúmero de procesos, entre los cuales nos enfrentamos con los trámites, que son una especie de capa o estructura infranqueable e insoslayable para participar en el juego de la vida social y ciudadana. Pasar por esta capa genera enormes ineficiencias en todo sentido, acrecentando el costo social y la desigualdad, elementos básicos de factores como la calidad de vida, el bienestar o la confianza.
Resulta imperativo, entonces, mejorar el acceso a esta capa. Los ahorros derivados de estas mejoras, pueden redestinarse a otras políticas sociales o inversiones. El gobierno y la banca ya han dado importantes pasos en este sentido.
Trámites gubernamentales en línea por Internet, ventanillas únicas de atención, transacciones bancarias sin moverse del escritorio, y un sinfín de servicios más que alivian y disminuyen la carga de todos los que participan en el proceso de la Gran Muralla China de los trámites. Sin embargo, a pesar de todos estos loables y destacados esfuerzos, la brecha con la ciudadanía aún está lejos de llegar a los niveles de equidad que el país necesita.
Pensemos para qué acudimos a las instituciones públicas. Generalmente es para buscar información que requieren las mismas empresas y entidades del Estado, y que ellos no disponen de los otros, y que alguien tiene que certificar el contenido de lo informado. Aquí comienza el drama para todos, personas, empresas, Estado, todos se ven involucrados y afectados.
Los servicios a los que quiero acceder se hacen lentos en la capa de los trámites, porque además tengo que recolectar información sobre mí, mis bienes, mis cuentas, mis estudios, datos que son administrados por mega-instituciones, de gran poder, con altos presupuestos, con la infraestructura suficiente para realizar su función de la mejor forma posible. Ya contamos con un marco jurídico para reconocer que un dato que viaja por Internet tiene respaldo legal y es válido en toda la República.
La ley de Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Identificación de dicha firma (DL 19.799), provoca un marco legal que ampara para que el Registro Civil envíe los más de 20 millones de certificados, que anualmente vende a las personas, directamente a bancos, Isapres, AFPs, el Ministerio de Educación o el INP.
¿No sería mejor entonces que la AFP equis le envíe sus requerimientos en forma electrónica al Registro Civil, sobre un ciudadano Y (cliente), que está tramitando una jubilación, o un montepío, y que el Registro Civil, sin siquiera moverse de su escritorio, envíe por Internet esta información certificada con la firma digital? El resultado del proceso es exactamente equivalente, salvo que todos nos ahorramos millones tanto de pesos, de horas, de malos ratos, de smog, de estrés, de productividad.
Es urgente que Estado y Privados trabajen este gana-gana con acelerador a fondo. Es una inyección a la vena para disminuir la brecha. Estamos todos 100% involucrados, beneficiados y afectados a la vez. Creo que hay caminos paralelos y complementarios para abordar el problema de los trámites si replanteamos la pregunta original que queremos resolver, e incorporamos a la ecuación las restricciones, los plazos y las demandas de la gente, empresas e instituciones públicas.
Démonos el tiempo para mirar los problemas desde las otras aristas del gran cubo de las necesidades, y actuemos como lo hace nuestro cerebro, cruzando y uniendo conceptos, reconstruyendo y construyendo otros. Puede que nos topemos con caminos insospechados y que notablemente rentabilicen más y mejor nuestros esfuerzos. Contamos con todas la fortalezas del mundo para hacerlo. Somos capaces.
Cristian Ocaña (cocana@mi.cl)
