Ante la infausta tragedia laboral acaecida el miércoles 1ÅŸ de Diciembre pasado en la comuna de Las Condes, la que significó el fallecimiento de 6 trabajadores de la construcción que ejercían sus labores en la calle Noruega 6444 casi esquina de la Av. Apoquindo, denunciamos como primera responsable a la Municipalidad de Las Condes, la que no ejerció la fiscalización necesaria en resguardo de la seguridad de los trabajadores, veinte de los cuales están heridos.
La Ley NÅŸ 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 24ÅŸ, letra a), punto 4) ordena a la unidad encargada de las obras municipales a fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.
En todo caso hacemos especial mención a la imperiosa necesidad de que los empresarios de la construcción destinen una pequeña parte de sus cuantiosas utilidades a mantener una prevención de riesgos de accidentes en las distintas faenas del quehacer constructivo.
Esta desgracia colectiva es consecuencia directa del relajamiento que estamos observando en esta actividad económica, hecho que hemos estado denunciando hasta la saciedad.
La ausencia de normas claras en el uso del suelo, el permisivismo de los planes reguladores, el uso de la información privilegiada, el secretismo municipal hacia la comunidad para favorecer al sector inmobiliario y la absoluta carencia en la fiscalización de las normativas de seguridad en el trabajo, nos están conduciendo inexorablemente a la ley de la selva, la que ocasiona funestas consecuencias sociales.
A modo de ejemplo, en estos precisos días, unos vecinos de Las Condes le solicitaron la información de rigor a la Dirección de Obras porque en su barrio -de la noche a la mañana- se había demolido una vivienda y en el sitio eriazo se estaban iniciando las obras de entibaciones al margen de la legislación vigente. Este requerimiento de los vecinos hizo que los funcionarios municipales investigaran de qué se trataba y llegaron a la vergonzosa conclusión de que se estaba construyendo sin permiso de edificación y, lo que es más grave, esas faenas constructivas no cumplían con las normas de seguridad requeridas para la ejecución de tales obras (sic).
Cuando los vecinos le solicitaron la información de rigor a la autoridad municipal para conocer las características del edificio que se iba a construir al lado de sus viviendas, se les contestó que el proyecto en trámite recién se les podía mostrar después de que la oficina técnica municipal lo hubiera autorizado. Es decir, el más puro secretismo, en una moderna sociedad, cuyos dirigentes políticos y líderes de opinión, transmiten locuazmente que es transparente.
Ahora bien, las cúpulas del poder político-económico han estigmatizado la planificación, la regulación, las normas de seguridad y el control, con el pueril argumento de que son «trabas burocráticas» al crecimiento económico y al libre emprendimiento. Las autoridades municipales y del gobierno sólo se preocupan de los índices numéricos mensuales, con la creencia que todo se reduce a cifras.
La asociación gremial de la construcción una vez al mes llama a conferencia de prensa en donde dan cuenta de la evolución de sus negocios y la disciplinada prensa publica con lujo de detalles esa información puramente sectorial como si fuera de interés público. Los inmobiliarios son por esencia autorreferentes y hacen creer que su actividad debe estar en el centro de la noticia, pero cuando se les pregunta su opinión sobre la tragedia que comentamos, responden que no tienen mayores antecedentes y que hay que esperar el resultado de las investigaciones.
Somos partidarios de que hay que detener con urgencia el laissez faire imperante en resguardo de la sana convivencia. El libre mercado debe enmarcarse en reglas claras que aseguren una correcta asignación de los recursos y con un Estado que controle eficazmente los desvaríos de algunos actores. Hoy en día, el Estado se ha replegado irresponsablemente en la equivocada creencia de que existe la voluntaria autorregulación entre los diversos sectores económicos en competencia.
Es más, la Cámara de la Construcción está haciendo lobby ante el Minvu y el Congreso Nacional para que también se relajen los estándares de seguridad que rigen para las barras de acero que se ocupan en el hormigón armado utilizado en la construcción de edificios, puentes e infraestructura en general.
La ley de la calidad de la vivienda, en trámite parlamentario, también busca lo mismo en cuanto a reducir las obligaciones contractuales por los materiales que se utilizan en sus inmuebles.
A todo lo anterior se le denomina eufemísticamente flexibilidad para hacer mejores negocios, disminuyendo los costos de los mismos y sin importar los perjuicios colaterales que inexorablemente asume el atomizado y poco informado Moya.
Creemos que es urgente el inicio de los sumarios administrativos al interior de la Municipalidad de Las Condes para investigar y sancionar la lenidad de los funcionarios que no hicieron su trabajo fiscalizador y como el amiguismo opera a plenitud es recomendable que estos sumarios los haga la Contraloría General de la República, la cual puede actuar de oficio.
También le hacemos un llamado público a Sonia Tschorne, Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de que instruya, a través de los seremis respectivos, a las direcciones de obras de todas las municipalidades del país en cuanto a que el «recreo permisivo» está llegando a su término. Es necesario que nos pongamos serios en este ámbito del quehacer público, ya que no sólo de convenios de libre comercio podemos vivir.
Patricio Herman P./Agrupación «Defendamos la Ciudad»
