Para ser bien honesto, la difusión del informe sobre la tortura en Chile no me había conmovido en lo absoluto, hasta que se inició esta suerte de catarsis nacional, el mea culpa del Ejército, la congoja presidencial, el nunca más de los medios de comunicación, etcétera. Sin embargo, lo que más que dejó perplejo fue esta suerte de sugerencia implícita y subliminal -que todos los voceros oficiales y agentes de las comunicaciones han intentado dejar caer-, tratando de mostrar esta noticia como la novedad del año.
Pareciera ser que nunca hubieran visitado Chile los relatores de Derechos Humanos para constatar, en plena dictadura, las denuncias sobre torturas; pareciera ser que nunca Sebastián Acevedo se hubiera quemado a lo bonzo en una calle de Concepción para llamar la atención de manera dramática sobre la detención y tortura de sus hijos; pareciera ser que Silva Henriquez sólo fuera la cara de una moneda y la Vicaría de la Solidaridad nunca hubiese registrado en sendos informes el flagelo de la tortura a lo largo de todo Chile; pareciera ser que la prensa de esa época -como Análisis, Cauce, Apsi- nunca hubieran difundido profusamente la información sobre la tortura y en el momento que ocurría, no 30 años después; y pareciera ser que el propio Ricardo Lagos, dada la congoja expresada ante los contenidos del informe, hubiese sido recién informado al respecto.
Desde mi punto de vista esta sobrerreacción, en primer lugar, da cuenta de una hipocresía inimaginable e incalculable por parte del Chile oficial, lo que a mi juicio tiene que ver con la mediocridad, incapacidad, cobardía y pusilanimidad con que este Chile oficial «asume» este tipo de situaciones tan crudas y dramáticas como la tortura de treinta mil personas, o la pobreza y miseria de tanta gente, o la violencia que sufren en sus casas los niños de este país modelo. En un caso se crea una institución con exiguos y limitados recursos, pero con gran repercusión comunicacional como el SENAME, en el otro caso se rebaja los índices de pobreza, aunque la pobreza sigue creciendo, y en materia de tortura, se hacen declamaciones comunicacionales y se expresan palabras con profundos significados humanistas.
No es mi interés recurrir a la cultura norteamericana para ejemplificar mis ideas, pero en este caso, me hace mucho sentido recurrir al dicho «put your money where your mouth is», el que podría entenderse -en su espíritu- como la obligación de asumir plenamente los compromisos y convicciones que salen de tu boca. Es decir, no hablar por hablar y, si hay que pagar, pagar. A mi juicio, las afectadas declaraciones de altos personeros está en directa relación con la debilidad e incoherencia de las acciones que se toman: cárceles privilegiadas para los responsable de la tortura y desaparición de personas, distribución exclusiva al Comandante en Jefe del Ejército, mostrando más preocupación en la restauración moral de los victimarios que de las víctimas; no se termina con la amnistía; y finalmente una indemnización miserable y exigua que da vergüenza. Tanta expresión de congoja, a mi juicio, sólo es un buen indicador de la falta de voluntad política de asumir en plenitud y en la medida de los hechos el drama de la tortura, pero, también es una muestra más de la deshumanización brutal de la política y de los políticos chilenos.
Así lo demuestran las desacertadas comparaciones realizadas por el Presidente Lagos, cuando indicó que el monto total de las pensiones en 30 años sumarían cerca de dos mil millones de dólares, lo que equivale al costo de la mitad del Programa de Alimentación Escolar o al valor de una carretera entre Santiago y Puerto Montt. Más allá de lo inoportuno que resulta igualar el padecimiento de miles de personas víctimas de la tortura con la construcción de una carretera, lo que más sorprende y agrava la situación es que para el presidente es perfectamente comparable gastar dos millones de dólares en una carretera que demora unos dos a tres años, con gastar lo mismo para compensar a los torturados en 30 años. Está dispuesto a gastar ese monto en tres años para una carretera y en treinta para las víctimas de la tortura. Este pequeño lapsus del presidente, nos permite aquilatar con meridiana claridad las verdaderas preferencias de Lagos y la escala de valores que observa.
Además de lo anterior, y que refuerza nuestra razonable duda acerca de las verdaderas motivaciones del presidente, el monto de la pensión de 115 mil pesos mensuales que, no sólo es evidentemente insuficiente sino también abiertamente irritante. No se condice con la magnitud del castigo recibido y el cinismo con que se nos dice que el dinero no es capaz de compensar el dolor inflingido, sólo agrava la situación.
Obviamente no se trata de limpiar con dinero la dignidad de las personas abusadas, pero, ¿De qué manera podemos ayudar a que se reinserten o curen sus heridas? ¿Son suficientes las palabras afectadas del Presidente? Evidentemente que no y la pensión asignada no permite bajo ninguna circunstancia reparar los daños producidos a familias completas o a personas que han arrastrado por años tratamientos psicológicos o psiquiátricos que en este país, caracterizado por la desigualdad en muchos ámbitos, no son accesibles para un gran número de la población. Esta pensión que es del todo insuficiente y mediocre, sólo se condice con la mediocre capacidad del gobierno chileno de asumir con seriedad los verdaderos problemas que han afectado a muchos chilenos.
Pero esta vocación ahorrista no ha sido sólo patrimonio de Lagos. No podía estar ausente en la decisión de la cuantía de tan generosa indemnización la opinión del Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, responsable último de la salud financiera del Estado chileno. Sus palabras se agregaron a las inapropiadas declaraciones de Lagos. No tuvo problemas en hablar de los recortes presupuestarios que significaría para el gobierno el pago de las reparaciones, señalando que estos no afectarían a defensa -o sea, a las mismas Fuerzas Armadas que son las responsables institucionales de la tortura- «ya que nosotros estamos teniendo el gasto militar que necesitamos para defender nuestra soberaníaÂ… hacer este tipo de recortes significaría comprometer el modo de vida que democrática y libremente un pueblo entero decide darse».
Cuando decimos que en Chile hay más interés en salvaguardar a los victimarios que a las víctimas, hombres como Lagos y Eyzaguirre se apresuran a darnos la razón.
Marcel Claude es economista.
