¿Y si los recursos se usan para reducir la desigualdad social? - El Mostrador

Jueves, 14 de diciembre de 2017 Actualizado a las 21:42

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¿Y si los recursos se usan para reducir la desigualdad social?

por 6 diciembre, 2004

La Concertación ha empezado a despejar definitivamente sus candidaturas presidenciales para el próximo período. Por lo mismo, este es el mejor momento para someter a la consideración, tanto de la ciudadanía, como de las o los presidenciables, las opiniones y temas económicos que el país debiera llevar adelante en el próximo período. La distribución del ingreso es uno de los principales.



En la exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública hecha por el ministro Eyzaguirre ante el Congreso, en octubre de 2004, quedó claro que el eje de lo que ha sido la conducción económica no será modificado en el último año de gobierno. "El Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2005 -señaló Eyzaguirre- ha sido formulado íntegramente en el marco de la regla fiscal de generar un superávit estructural de 1% del PIB y expresa los frutos de su aplicación en los cuatro años anteriores. Así, el ahorro de recursos del servicio de la deuda producto de esta política, ya que hoy permite financiar actividades sustantivas del Estado, puede calificarse como un verdadero "dividendo social" de la política fiscal".



La política económica del gobierno, prácticamente reducida a la política fiscal y expresada en esta regla, ha sido exitosa al permitir la implementación de medidas contracíclicas en los últimos cinco años. En efecto, ante reducciones importantes en los ingresos fiscales, el Estado recurrió a pequeños déficits que permitieron sostener la inversión pública y evitar un mayor desaceleramiento del crecimiento económico, pero que estuvieron lejos de ser reactivadores.



También la política del superávit ha tenido éxito en conseguir una importante reducción de las tasas de interés a las que el país se puede endeudar para financiar sus inversiones. De hecho, esta situación ha sido usada con creces por las grandes empresas privadas que consiguen mejores créditos por un bajo concepto de riesgo país. Entre 1996 y 2004, la deuda externa pasó de 24.000 a 44.000 millones de dólares, de lo cual sólo el 10% es deuda pública.



Pero, ahora que se espera un crecimiento sostenido, se podría pensar que Chile ahorraría cada año alrededor de 1.000 millones de dólares. ¿Para qué? Ya no es necesario continuar aumentando la reserva monetaria que alcanza a 15.704 millones de dólares; tampoco eso nos permitirá reducir aún más el riesgo país o las tasas de interés porque estamos prácticamente en el límite de lo posible. Tampoco los intereses a los cuales Chile puede invertir reportarán ingresos significativos. Dicho de otro modo, puede darse la paradoja de un Estado "sentado en lingotes de oro" sin ideas o proyectos para acelerar el desarrollo equitativo, pese a que todos reconocen que la desigualdad y los bajos ingresos de muchos son un problema en el cual Chile tiene severos rezagos.



Vivimos otro momento histórico y el país bien puede aprovechar la credibilidad alcanzada y la experiencia adquirida para ajustar la política fiscal. Hay varias posibilidades técnicas pero, todos reconocen que es necesario mantener una disciplina para asegurar la sostenibilidad fiscal. Pero en cambio, es posible poner un límite global a la deuda pública como porcentaje del PIB.



De hecho, el año 2002, los asesores principales de Hacienda, R. Valdés y M. Tokman reconocen que "sin desmerecer el valor que pueden tener reglas adicionales a la del balance estructural -de hecho, el Tratado de Maastricht tiene un límite de déficit contable equivalente a 3% del PIB- la verdad es que los mercados son más sofisticados que lo que habitualmente se supone y son capaces de distinguir cuando hay buenas razones para tener un superávit o un déficit". Esto puede aplicarse perfectamente al Chile de hoy.



Ese cambio permitiría que el gobierno pueda financiar programas de inversión sustantivos y de largo plazo, debidamente evaluados, que permitan elevar la tasa media de crecimiento económico, elevando las tasas de empleo y el bienestar de los chilenos más aceleradamente que lo hecho durante el último quinquenio.



La política del superávit estructural conduce a la eliminación total de la deuda pública y a la acumulación de activos financieros por parte del Fisco, lo que es equivalente a decir que no tenemos proyectos de inversión que sean más rentables que prepagar deuda o prestarle la plata a los países industriales cuyos bonos compraríamos.



Esto es contrario a lo que enseña la teoría económica, en cuanto a que la rentabilidad de los proyectos de inversión en países en desarrollo es mayor que en los países desarrollados. Por tanto, sin olvidar las duras lecciones del pasado, aprovechemos lo avanzado hasta ahora para fortalecer el crecimiento económico y mejorar la equidad dándole espacio al gobierno para ejecutar proyectos rentables que hoy se postergan, permitiendo que el gobierno incurra en déficits, aunque poniéndole un límite bajo a los niveles de deuda.



Las prioridades programáticas para el futuro gobierno tienen como punto principal definir metas de equidad y de satisfacción de necesidades. Ellas involucran a la educación, la salud, el empleo, la legislación laboral, el acceso a la justicia, la seguridad ciudadana. ¿Por qué no usar recursos que están disponibles en la solución de estos urgentes problemas, cuya existencia sí lesiona la imagen de Chile como un país moderno y de crecimiento y éxito económicos con justicia social?.



Rafael Urriola es economista.


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