Recordemos que en Chile, país de los acomodos sin que se noten mayormente, las autoridades y los gremios poderosos, prefieren no enmendar ciertas tropelías que afectan a muchos no organizados, con la idea de que no hay que molestar a quienes generan riqueza.
En esta tribuna publicamos el 02/09/04 la columna «Atropello al derecho de propiedad» en la cual demostramos cómo algunas empresas constructoras violaban los derechos de los vecinos al introducir elementos sólidos en los terrenos colindantes a aquellos de sus dominios. En efecto, lo anterior -proceso de entibación- es «necesario» para evitar los desmoronamientos de tierra en los terrenos en donde ellas ejecutan excavaciones muy profundas para construir muchos niveles de estacionamientos subterráneos de modernos edificios comerciales.
Esta situación se produce mayoritariamente en el barrio El Golf de la comuna de Las Condes, el cual está sufriendo un impactante proceso de reurbanización por las ventajas objetivas que ofrece el sector: las grandes corporaciones ya no tienen sus oficinas en el centro, sino en esta zona de moda. Pero lo descarado es que, aún sin que los propietarios de los terrenos vecinos hubieran autorizado la penetración en sus subsuelos de esos tirantes postensados, igual se introducían, al disponer la constructora de la anuencia tácita de la función municipal.
Esta ilegalidad se la representamos formalmente el 12/07/04 al Ministro de Vivienda y Urbanismo de la época, al Alcalde de Las Condes, al Presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, al Presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, al Presidente del Colegio de Arquitectos, al Presidente del Colegio de Ingenieros y al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, sin que ninguno de los anteriores emitiera juicio al respecto. A pesar de que formulamos seguimientos para que alguno de los anteriores manifestara algo, ello fue imposible. Silencio sepulcral.
Recurrimos a la «Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas» para que hiciera imperar el derecho y a pesar de los buenos oficios de Francisco Fernández, su presidente, no hubo caso. Las elípticas respuestas del Minvu a esta Comisión no conducían a nada.
Recordemos que en Chile, país de los acomodos sin que se noten mayormente, las autoridades y los gremios poderosos, prefieren no enmendar ciertas tropelías que afectan a muchos no organizados, con la idea de que no hay que molestar a quienes generan riqueza. Para aquellos lo único que vale es el proceso de crecimiento económico acelerado y tener una buena imagen internacional.
Ahora bien, nuestra agrupación ciudadana, se reunió el miércoles 24 de Noviembre recién pasado con Sonia Tschorne, nueva Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de felicitarla por su acertado nombramiento y hacerle notar -en debida forma- diversas situaciones anómalas que se han estado produciendo al interior de su ministerio, a la luz de una serie de dictámenes de la Contraloría General de la República que ha invalidado diversas actuaciones suyas. Durante dicha reunión, muy grata por lo demás, estaba presente Verónica Serrano, Seremi de Vivienda y Urbanismo y un joven periodista quien tomaba nota de las materias tratadas, práctica que nosotros consideramos de gran utilidad, para evitar malos entendidos posteriores.
Entre otras cosas, le recordamos a la ministra que en su despacho existía nuestra interpelación del 12/07/04, en donde dábamos cuenta de la ilegalidad en comento, hecho permitido desvergonzadamente por la Municipalidad de Las Condes en general y en particular en el caso del edificio situado en la calle Reyes Lavalle 3135, cuyo terreno fue invadido por los constructores de un edificio corporativo de un Banco comercial de la plaza.
Percibimos en la expresión facial de la ministra que el relato de la situación puntual no le agradaba porque era demasiado evidente el abuso que le exponíamos. Es más, le manifestamos que -siendo eficiente la técnica- sólo se podía aplicar si los propietarios vecinos la autorizaban, ya sea a través de una transacción comercial o bien gratuitamente. Le decíamos a la ministra que en el mercado los actores deben asumir todos los costos de sus actividades productivas y que en el caso denunciado se había pasado por alto este esencial requisito. Obviamente compartió nuestra apreciación.
Y así fue como, días después, a través del ORD. NÅŸ 4132 del 02/12/04 de la Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, se reconoció finalmente la ilegalidad descrita y no tenemos dudas en cuanto a que el contenido del mismo es consecuencia directa de una instrucción ministerial, la que debe ser valorada en su justa dimensión.
Habiéndose «ordenado la casa» en esta materia específica les informamos recientemente a los presidentes de los Colegios de Arquitectos, de Ingenieros, de la Cámara Chilena de la Construcción y al Alcalde de Las Condes con el objeto de que sus asociados y funcionarios se enmarquen en las leyes cuando tengan que hacer o aprobar excavaciones muy hondas. En todo caso, lo más probable es que en la próxima modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se incluirá esta materia para evitar tentaciones interpretativas por parte de algunos funcionarios municipales.
En síntesis, aunque mantenemos diferencias insalvables con la ministra Tschorne, lo cual es lógico, tratándose de materias opinables, reconocemos que ella ha entregado al mercado inmobiliario una señal clara en orden a que la ciudad es un bien común que debe ser respetado por todos los que nos desenvolvemos en ella.
El Minvu fue creado en 1965, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva y recién en el 2004 ha asumido como ministra una profesional con los estudios y experiencia requeridos para desempeñar tan importante cargo. Tuvieron que transcurrir casi 40 años para que una arquitecta y urbanista tomara las riendas de una secretaría de Estado tan gravitante en el quehacer público del país.
Y lo bueno es que ya se está notando el cambio.
Patricio Herman P. /Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
