Es verdad. Las encuestas muestran una aprobación ciudadana ampliamente mayoritaria al gobierno y, especialmente, al Presidente de la República. Pero nos preguntamos cuánto de esa aprobación corresponde efectivamente a una gestión de gobierno exitosa y cuánto, en cambio, se basa más bien en el efecto mediático que producen las campañas comunicacionales del gobierno, planificadas y llevadas a cabo con verdadera maestría.
Hace solo un par de semanas, el Presidente de la República firmó – junto a los Ministros de Mideplan y de Hacienda- el Reglamento del Sistema Chile Solidario, en un acto masivo que tuvo amplia cobertura en los medios de comunicación social.
Sin embargo, la situación resulta paradójica. Con dicho acto se pretende hacer pensar a la población que, a través de una nueva y radical iniciativa, recién ahora se comienza a poner en práctica el Sistema Chile Solidario. Esto no es así, ya que antes que la Ley fuera aprobada por el Congreso Nacional -en mayo del 2004 -, este sistema ya había estado en aplicación desde el año 2002.
En efecto, la Ley de Presupuestos del año 2003 ya contemplaba recursos para el Sistema Chile Solidario del orden de los 11 mil 700 millones de pesos y para el año 2004 una cifra cuatro veces mayor, que bordeó los 40 mil 700 millones de pesos.
Así, en junio de 2003, Mideplan informaba que 58.920 familias ya habían sido contactadas, que se habían pagado 41.436 bonos de ayuda y que un total de 2.654 profesionales estaban prestando el apoyo psicosocial a las familias beneficiarias.
Por otra parte, respecto las facultades legales bajo las que estaba operando en ese momento este sistema, en mérito de que en el Congreso aún se tramitaba el proyecto de ley que lo creaba, la Ley de Presupuestos del año 2003 aprobó para el Ministerio de Planificación un monto de $8.251.318.000 destinados al Programa Puente, que es la entrada al Chile Solidario.
Es más, en agosto del presente año, cuando se entregaron los resultados de la encuesta CASEN 2003, el Presidente de la República destacó que la disminución de la pobreza de un 20,6% a un 18,8% -y de la indigencia de un 5,7% a un 4,7%- , se debió principalmente a la puesta en marcha del Sistema Chile Solidario.
En aquella oportunidad, el Primer Mandatario señaló incluso que los resultados deberían ser más auspiciosos en la próxima encuesta, «pues sólo 90.000 familias han ingresado al Sistema Chile Solidario, de las cuales sólo 50 mil han participado de todos los beneficios del plan».
Por lo tanto, no es difícil darse cuenta que detrás de la ceremonia de firma del Reglamento de Chile Solidario, con 300 invitados de las comunas de Pedro Aguirre Cerda, La Granja, Lo Espejo, San Joaquín, Quilicura y San Miguel, hubo una planificada intención de confundir a la opinión pública respecto de la puesta en operaciones de este sistema.
Nos encontramos a un año de las elecciones presidenciales y parlamentarias y ya comenzamos a observar, nuevamente, que el Gobierno centrará todos sus esfuerzos en aprovechar política y electoralmente cualquier situación, aunque sea con la firma de un simple reglamento de un programa que lleva más de dos años en aplicación.
Es decir el gobierno, que debería ser de todos los chilenos porque se maneja con los recursos que le proporcionan todos los chilenos, nos está indicando, con esta actitud, que otra vez y sin tapujos se jugará a fondo por la Concertación en los próximos doce meses electorales, mostrando de esta manera una conducta que supone más de lo mismo.
Temas tan prioritarios y sensibles como la superación de la pobreza, en el cual todos los sectores nos sentimos comprometidos y hemos puesto nuestra mejor disposición, no pueden prestarse para intervencionismo electoral ni para promover la continuidad en el poder de un determinado bloque político, aunque momentáneamente le signifique a ese bloque y a sus dirigentes ganar algunos puntos en las encuestas.
Sergio Romero P., senador.
