No hay duda que el dramático testimonio de 28.000 chilenos torturados (que pudieron ser 100.000 si hubieran declarado todos los que vivieron de un modo u otro esa experiencia) en casi 1.200 recintos bajo control militar o policial, es una verdad que está siendo diluida al lado de afuera de la historia.
Del Informe Valech han dicho diversos personeros públicos -con solemnes ademanes de autoridad- que tiene gran valor «ético», pero ningún valor «judicial». Lo cual equivale a decir que, según lo primero, ese Informe tiene virtudes que son, en cierto modo, anestésicas (tranquiliza conciencias de superficie) y que, de acuerdo a lo segundo, carece de utilidad práctica para hacer justicia (implicando que la única justicia es la que dictaminan los jueces).
Se comprende que, al convertir el Informe Valech en una verdad puramente ‘ética’, se le catapulta a la alta esfera de los valores trascendentales, donde, en medio de gestos compungidos, se podrían extinguir o sublimar las responsabilidades concretas que en ese Informe se denuncian. Y que, por otro lado, al aplicarle el trámite de la trabajosa verdad ‘judicial’, se le reduce a un gesto sin capacidad para producir sentencias y penalidades. Por un lado o por otro, por tanto, el Informe Valech está siendo empujado para entrar en la posteridad sólo como una elegante invitación para reconocer vagas responsabilidades ‘institucionales’ (general Cheyre), o anónimas responsabilidades ‘individuales’ (jefe de la Armada), o para emitir ‘mea culpas’ a nombre de la humanidad (políticos), o exhortaciones a dolerse de víctimas y victimarios (jefe de la Iglesia Católica), o dignos lavados de manos para quedar libres de toda «connivencia» (Corte Suprema).
No hay duda que el dramático testimonio de 28.000 chilenos torturados (que pudieron ser 100.000 si hubieran declarado todos los que vivieron de un modo u otro esa experiencia) en casi 1.200 recintos bajo control militar o policial, es una verdad que está siendo diluida al lado de afuera de la historia. Que está siendo despojada, en esencia, de su historicidad. Más aun: de su contenido político. ¿Y a nombre de qué? ¿A nombre, acaso, de los derechos humanos y soberanos de la ciudadanía? ¿O a nombre del encubrimiento y salvaguarda de los poderes fácticos que han modelado y controlado (y siguen controlando) el destino de la Nación?
¿Por qué, incluso, se pretende mantener oculto por 50 años los nombres de los que torturaron por sus propias manos y de los que, por su propia mente, permitieron y supervisaron la aplicación sistemática de la técnica política y militar de torturar? ¿Por qué publicar la verdad relativa a la víctima y no la relativa al victimario, por qué cercenar una verdad en la que están unidos ambos, los dos, indisolublemente, en los hechos, en los significados y en la posteridad?
Los testimonios recogidos en el Informe Valech, además de su valor ético o judicial, tienen el enorme valor de ser testimonios ciudadanos y, como tales, son testimonios nacionales. Y éstos no se validan sólo en ámbito ilimitado de lo ético o en el ámbito limitado de lo judicial, sino en el ámbito dinámico y expansivo de lo histórico y, sobre todo, de lo político.
Los historiadores sabemos que las certezas ciudadanas constituyen verdades históricas. Y que los testimonios del Informe Valech tienen ese carácter, lo prueba el hecho de que nadie ha osado dudar de ellos. Todos han debido desfilar ante ellos y reverenciar su verdad, pues ésta tiene la majestad soberana de la memoria histórica. Por esto, da lo mismo que sirvan para alimentar procesos judiciales o no (sin embargo, su contenido de verdad colectiva debiera tener peso judicial), porque su destino real es activar procesos históricos y políticos, que es donde se ejercitan los derechos de todos y adquiere sentido real la soberanía ciudadana (que a su vez está por encima de toda ley positiva, venga ésta de un consenso ciudadano previo, o de mano de un dictador).
Por esto mismo, es un delito de lesa soberanía asumir los testimonios nacionales por parcialidades, doliéndose junto a las víctimas pero apartando y ocultando a los victimarios carnales y políticos, individuales e institucionales, que violaron los derechos humanos y ciudadanos. Recortar, parcelar, ocultar partes o toda la memoria de esas violaciones, es un crimen cívico que más tarde o más temprano verá renacer, en actitud justiciera, la memoria de los hechos. Pues el recuerdo colectivo de los crímenes contra el pueblo puede adormecerse, pero nunca extinguirse.
¿Y cuáles podrían ser las tareas históricas y políticas que se desprenden de los testimonios ciudadanos del Informe Valech? Tentativamente, tres: 1) dejar a la luz, plenamente expuestos, a todos los responsables materiales y políticos de las violaciones cometidas a los derechos humanos y ciudadanos de los chilenos; responsables individuales e institucionales (las instituciones no son otra cosa que un conjunto de individuos que administran un mismo estatuto, que ellos mismos u otros han establecido); 2) juzgar cívica, histórica y políticamente a las instituciones involucradas en esas violaciones: las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, la clase política y otras agencias con poder fáctico, que no sólo desde 1973, sino desde el siglo XIX, han venido actuando no para desplegar la soberanía ciudadana y la unidad de los chilenos, sino para limitarla y victimizar a unos en beneficio de otros; 3) potenciar en todos sus aspectos el poder ciudadano, a objeto de controlar, juzgar y sustituir permanentemente las instituciones y los individuos que no actúen en línea con la verdadera voluntad, necesidades e intereses de la comunidad nacional.
El Informe Valech, en tanto testimonio histórico ciudadano, no puede ser administrado sólo por las instituciones del Estado. Ni por los mismos poderes que en ese Informe se denuncian y que hoy, reverenciándose los unos a los otros, tratan de escamotear de ese Informe su proyección histórica y política (el «mea culpa» implica, para las víctimas, deshistorizar el pasado, y su par: el «nunca más», deshistorizar el presente). Se trata de la verdad histórica de la sociedad civil, que debe ser asumida por ésta, y por nadie más.
La Historia de Chile indica que este Informe es una oportunidad para que esa sociedad civil, el pueblo mismo, comience a romper la ya excesivamente larga tradición según la cual los poderes fácticos son los únicos que pueden administrar (regular, recortar, ocultar, escamotear) las verdades contenidas en la memoria histórica de la gran mayoría de los chilenos.
Gabriel Salazar. Historiador y vicepresidente del área identidad cultural de Corporación Representa.
