No se construye seguridad sin la participación proactiva de los propios ciudadanos, que deben generar frente al escenario de una tragedia natural, sistemas de sobrevivencia. Cubrir las necesidades básicas de una comunidad no pasa por acaparar agua y víveres en forma individual, sino por recuperar la organización de base de la gente.
Conmocionado por las impactantes noticias de la catástrofe del sudeste asiático, quisiera colocar en el tapete algunas aprensiones respecto al comportamiento que podríamos tener en una situación comparable. Es sabido que vivimos en un eje en el cual chocan las placas continentales y eso podría producir un probable sismo de proporciones, que podría tener efectos terribles si nos sorprendiera sin una preparación mínima para enfrentar la contingencia. Generar políticas de seguridad es un tema de Estado. Como medidas de fondo, planteo las siguientes:
Es tiempo de disponer en Chile de Cuerpos de Bomberos profesionales, como un Servicio Público, que pueda complementariamente contar con voluntarios, pero que en lo principal cumpla con funcionarios de planta una misión de servicio con cargo al presupuesto fiscal, con una carrera funcionaria que procure una creciente especialización en materia de seguridad. Una rama organizada de trabajadores expertos que vivan de su digna actividad, que estén dotados por el Estado de los recursos materiales y tecnológicos que le permitan operar en la prevención de riesgos, en rescate carretero, en incendios forestales y en situaciones catastróficas.
Un Servicio Público que estuviera dotado legalmente, además, de potestad fiscalizadora, lo que implica la capacidad de pasar multa a los infractores en materia de seguridad. Esto daría a la población mayor seguridad en cuanto al cumplimiento de normas en construcciones, seguridad en lugares donde concurren multitudes, manejo de cargas peligrosas, etc. Actualmente el Cuerpo de Bomberos carece de capacidad fiscalizadora, así constate situaciones inaceptables desde el punto de vista de la seguridad. Por ejemplo, en un barrio de Valparaíso, se instaló contra toda lógica, en el corazón patrimonial de la ciudad, con permiso municipal, una bomba de bencina. Ha habido dos situaciones de riesgo, reporteadas por la prensa escrita, en que los Bomberos debieron tirar espuma y arena, para evitar un incendio que habría sido una tragedia. Pero, aún así, los Bomberos no tienen atribuciones para exigir que esa bomba cierre, pues la autorización fue municipal y nadie da explicaciones o corrige una situación que es de alto riesgo.
Como segundo punto, es necesario -y un sentimiento generalizado de la población- que se fortalezca la fiscalización efectiva de la construcción y las obras públicas, generando un Ombudsman municipal que se ocupe de velar por los intereses del público en estas materias. El gran riesgo que tenemos encima frente a un eventual terremoto es que al haberse relajado los controles debidos, que en rigor debieran ser siempre muy estrictos, no se puede asegurar que no colapsen construcciones defectuosas, que se hayan apartado de las normas. Si a esto se agrega como hecho relevante los procesos que lleva la Justicia por actos de corrupción en el Ministerio del área, se incrementa el riesgo de que puedan haberse producido construcciones defectuosas, pues la máxima nos dice que no puede fiscalizar alguien que aparece vinculado al hecho a supervisar. Esto es categórico.
Por lo tanto, si no se refuerza la probidad y la transparencia en las obras públicas, caminaremos por un precipicio y esto debe evitarse; ojalá que estemos a tiempo. Mi propuesta, publicada en el Número 22 de la Revista Probidad, publicada por Periodistas Frente a Corrupción, www.probidad.org , significa descentralizar las obras públicas y establecer el control participativo ciudadano, a nivel comunal o regional, sobre ellas, a través de una institución de Ombudsman, Defensor del Pueblo, que vele por los intereses del público. Lo que he planteado en ese ensayo sobre «Contratos BOT y Transparencia», se hace más necesario cuando hemos visto colapsar el puente Loncomilla, apenas siete años después de haber sido construido, y en plena reunión de APEC en Santiago. Una historia que se ha destapado, concluyendo hasta aquí con la renuncia de Javier Etcheberry como ministro de Obras Públicas.
Una tercera medida urgente, sería realizar efectivos ejercicios de contingencia con la comunidad. Cuando se vive en un país telúrico, con 4 mil kilómetros de costa, que ha sufrido en el año 60 uno de los mayores cataclismos del planeta, el mínimo sentido común marca que deberemos enfrentar, tarde o temprano, situaciones límite.
Mis aprensiones, como cualquier hijo de vecino, son si sabremos actuar disciplinadamente en una evacuación y organizarnos después de una tragedia. Me complica el hecho de comunidades disgregadas, vecinos que no se conocen, apenas si se saludan, colapso social de los antiguos barrios por efectos del miedo, la drogadicción, la delincuencia. Una espiral que ha llevado a las familias a cerrarse en sí mismas y perder ese necesario espíritu de colaboración que es clave para afrontar una situación de calamidad pública.
Pienso que no se construye seguridad sin la participación proactiva de los propios ciudadanos, que deben generar frente al escenario de una tragedia natural, sistemas de sobrevivencia. Cubrir las necesidades básicas de una comunidad no pasa por acaparar agua y víveres en forma individual, sino por recuperar la organización de base de la gente. Lo terrible, sociológicamente, es que el individualismo marcado a fuego en la vida nacional, nos deja en débil posición para enfrentar catástrofes de manera solidaria. Para enmendar esto, antes que un evento desgraciado ocurra, es preciso entrenar a la población, hacer operaciones de evacuación en oficinas públicas, en bancos, escuelas. Reubicar todos los jardines infantiles en zonas altas, en fin, actuar con planeamiento y no dejar la seguridad de la comunidad a manos de la improvisación.
En este sentido, una medida concreta e inmediata, sería que se hagan ejercicios reales de evacuación en caso de terremoto y maremoto. Esto es válido a nivel nacional, pero, particularmente urgente en localidades como Viña o Valparaíso, donde nunca se ha hecho una operación total de alerta temprana, que eduque a la población para enfrentar con mínimos daños una contingencia de este tipo.
Los planes técnicos pueden verse muy claros en el papel, pero, al momento de los hechos, los factores confusión o pánico, desesperación y desinformación, pueden generar caos y peligros mayores que el mismo fenómeno natural. Si falta señalética, las personas pueden atochar las subidas y atropellarse. Muchos buscarían rescatar sus automóviles y al intentarlo podrían perder la oportunidad de salvarse. Cuesta pensar en situaciones límite y prepararse mentalmente para conservar la calma, actuar con orden, rapidez y responsabilidad colectiva.
Sólo ejercicios reales, efectuados con la comunidad, pueden permitir que Chile, un país de alto riesgo sismológico, pueda proteger a sus habitantes como un Estado responsable.
Hernán Narbona Véliz. Administrador Público, Escritor, Licenciado en Relaciones Internacionales (hnarbona@gmail.com).
