La Organización Internacional del Trabajo (OIT) generó en 1999 el concepto de «trabajo decente», poniendo de relieve la necesaria dignidad del trabajo en la sociedad contemporánea. El nuevo término corresponde a un período en que la OIT ha resuelto concentrar sus esfuerzos en un número reducido de convenios denominados «básicos», referidos al trabajo forzoso e infantil, a la discriminación laboral, a la seguridad en el trabajo y a la libertad sindical y negociación colectiva. Al mismo tiempo la OIT puso al día su declaración de principios, de modo concordado entre gobiernos, empleadores y trabajadores, de acuerdo a su sistema tripartito de toma de decisiones.
En el caso de Chile desde hace unos pocos años el país ha ratificado todos los «convenios básicos» y en los acuerdos comerciales con Canadá y Estados Unidos ha suscrito cláusulas laborales, mientras en el caso de la Unión Europea deberá participar con sus socios europesos en una instancia tripartita de diálogo social. Sólo en APEC las cuestiones laborales, salvo la referida a la capacitación, no están consideradas.
En los últimos años se ha avanzado en la difusión del concepto de «trabajo decente» en el mundo y también en su medición, si bien hasta ahora se trata de mediciones a nivel de economías. En países como los latinoamericanos que presentan grandes diferencias entre segmentos económico-sociales la medición agregada no arroja suficiente luz. En casos como el de Chile, por ejemplo, conviven sectores donde las relaciones laborales pueden estimarse muy positivas con amplios sectores donde ocurre lo opuesto. Las mediciones globales no son capaces de detectar estas situaciones. Para lograrlo se requieren mediciones más desagregadas y aún no ha sido posible avanzar en esa dirección.
No obstante carecer de un instrumento afinado, no es difícil sostener que la cultura laboral imperante en nuestro país es aún muy atrasada y que amplios sectores están lejos de poder considerarse como de «trabajo decente». Nuestra legislación deja aún mucho que desear, como en el caso de las normas sobre negociación colectiva, quizá la institución laboral que expresa de forma más acabada la aspiración a relaciones laborales libres y modernas. El resultado es esperable: Chile presenta un porcentaje muy reducido de trabajadores que negocian colectivamente.
En los últimos días dos noticias se han referido, excepcionalmente, a cuestiones laborales. Digo excepcionalmente porque, por lo general, estos temas son acallados por la gran prensa escrita, radial o televisiva. El trabajo en Chile es algo que ocurre, que pasa todos los días y al que millones de chilenos dedican la mayor parte de su jornada. Pero las anomalías que los trabajadores deben enfrentar no son habitualmente materia que interese a los controladores de los medios. Una de las noticias era la esmirriada situación chilena en relación con el salario mínimo.
Comparativamente a otros países latinoamericanos la posición de Chile es mejor, pero considerando su progreso económico y sus propias explícitas aspiraciones -las de país que quisiera verse pronto mucho más cerca del desarrollo pleno- el salario mínimo que se paga en Chile no se compadece con ellas. En el exterior, desde donde han llegado las inquietudes sobre el salario mínimo, parece que no se comprende que Chile no haya dado un salto adelante y alcance hoy día un nivel más avanzado en cuanto al piso salarial.
Lo que ocurre es que probablemente ignoran que todos los años, durante la discusión parlamentaria sobre el aumento del salario mínimo, hay sectores que predican en su contra. Para ellos el salario mínimo inhibe el empleo y es el empleo a toda costa -cualquiera sea su calidad- lo que debe orientar las medidas de política. Es un problema de difícil solución. Una ley elevando el salario radicalmente no lo resuelve y seguramente provocaría el efecto que los detractores del instrumento señalan o, al menos, la ampliación de la franja de trabajo «en negro». En realidad, se trata de un tema cultural, no de un tema que las técnicas económicas propias del libre mercado puedan resolver.
La segunda noticia son las dificultades en la aplicación de la reducción de la jornada de trabajo, que ha obligado a las autoridades a adoptar una actitud vigilante. Efectivamente, la cultura imperante en Chile indica que la gente debe trabajar más y ojalá por menos dinero. El gobierno ha aprobado una ley que propone lo contrario: trabajar menos por el mismo salario. La disminución horaria es modesta, pero eso es suficiente para que las mismas voces que atacan la existencia de pisos salariales esgriman ahora su argumento preferido: tendrán que despedir, si bien una disminución de jornada debiera inducir un incremento de la productividad que, en este caso, pudiera compensar las menores horas trabajadas.
La sociedad chilena se ha mercantilizado en alto grado. Aspiraciones modestas como un salario mínimo más alto y jornadas laborales algo más breves son miradas, en particular por los generadores de empleo, los empresarios, como atentados al libre mercado y como acciones de sello populista.
Un gran motor del crecimiento material de Chile ha sido el ánimo de ganancia que ha animado la inteligencia y la ferocidad económica de inversionistas y emprendedores. Pero ese mismo ánimo de ganancia, a toda costa y tanta cuanto se pueda, ha empobrecido la cultura y carcome día a día las bases indispensables de solidaridad que requiere una comunidad que desee vivir como tal.
No conviene callar este grave fenómeno. Por el contrario, parece indispensable denunciarlo. Si es, como efectivamente parece, un problema de nuestra cultura, es decir de nuestra forma de vivir en común, nada cambiará si silenciamos la tara social que nos aflige. El silencio es complicidad, en especial porque la única forma de enfrentar el problema es una batalla de ideas que reponga en el centro del debate nacional el tema de la dignidad del trabajo. No renunciemos a levantar los grandes valores humanistas que, desde la izquierda y desde el pensamiento social de matriz cristiana, alguna vez orientaron a la sociedad chilena.
* Jorge Arrate es ex Presidente del Partido Socialista y actualmente preside la Corporación Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS).
