El reciente estudio del PNUD sobre el poder en el país muestra que sólo el 3% de la llamada elite chilena proviene de grupos de bajos ingresos. En Alemania, un 32% de quienes llegan a la elite pueden haber nacido en hogares de bajos ingresos.
Cuando los países logran crecimiento económico sostenido, no cabe duda que tienen la posibilidad de evaluar cómo van a utilizar los nuevos recursos. En Chile, esa oportunidad surge, por cierto, de una situación que superó ampliamente los cálculos del Ministerio de Hacienda de principios del año 2004. En efecto, se esperaba crecimiento de 4,4%, tipo de cambio de 660 $/USD y el cobre a 83 centavos la libra. Los guarismos finales fueron de 5,6% de crecimiento; menos de $600 por dólar; y, alrededor de 120 ctv. de cotización por libra de cobre.
En suma, un superávit fiscal que bordea los 1.500 millones de dólares y ganancias privadas sin precedentes. Por ejemplo, un estudio de Cochilco señala que las empresas mineras han obtenido utilidades por 4.000 millones de dólares en 2004.
Si las oportunidades provienen de una esperanza razonable de mantener el crecimiento por algunos años y, por lo tanto, poder pensar el Chile que se desea construir, el desafío es, entonces, definir los compromisos sociales de mayor preocupación en el futuro inmediato. Pues de todos los estudios y encuestas (que en este caso tienden a coincidir) se concluye que el concepto de desprotección social engloba las preocupaciones cruciales de las chilenas y chilenos.
Desprotección ante la vejez: Más de 800.000 pensionados actualmente perciben ingresos inferiores a $80.000. Las personas de la tercera edad enfrentan el problema de la vulnerabilidad sociodemográfica que no consiste sólo en que a esa edad aumentan los riesgos sanitarios, sino en que la sociedad no tiene preparada la oferta de servicios ni de infraestructura para una población como la chilena, que ya tiene como esperanza de vida los 78 años. Y que además -por la mala distribución de los ingresos- no ha podido acumular en los fondos de pensiones más que sumas insignificantes, debiendo ser incluso subsidiada por el Estado.
Desprotección ante el empleo: Los más de 500.000 desempleados no pueden esperar que el solo crecimiento económico resuelva su problema. Si bien se crearon durante el 2004 alrededor de 60.000 empleos, hay una creciente demanda de trabajo de un contingente, especialmente femenino, que con justo derecho aspira a participar laboralmente (puesto que cuenta con las calificaciones para ello). En los hogares más pobres, según la encuesta Casen, trabajan sólo una de cada cuatro mujeres, mientras que en los hogares de mayores recursos trabajan una de cada dos mujeres. Más aún, el desempleo es de 28% y de 3%, respectivamente, en cada uno de esos estratos, mostrando que las oportunidades están mal distribuidas en Chile.
Esto, por cierto, tiene que ver con los sesgos de distribución de poder que segmentan a la sociedad chilena. El reciente estudio del PNUD sobre el Poder en el país muestra que sólo el 3% de la llamada elite chilena proviene de grupos de bajos ingresos. En Alemania, un 32% de quienes llegan a la elite pueden haber nacido en hogares de bajos ingresos.
Desprotección sanitaria: Nadie podría negar que el carácter exigible de las atenciones que incluye el Plan AUGE es un gran aporte para los hogares pobres de Chile que, generalmente, se atienden en el sector público. De una parte, porque se asegura oportunidad en la atención; calidades estándares similares que en el sector privado; y, pagos que no superan en ningún caso el 20% de los ingresos de los pacientes (siempre y cuando éstos tengan ingresos porque de otro modo es gratuito). No obstante, además de que hasta el momento sólo gozan de esta cobertura 25 enfermedades de alto impacto, también la gente percibe que restan diversas situaciones sin cobertura en otras áreas como en medicamentos, atención dental, atención mental, las cuales -al ser requeridas- pueden atentar contra la estabilidad financiera de un hogar.
Desprotección ciudadana: La delincuencia inquieta a la población y tiende a incrementarse ante la ausencia de oportunidades o de una red social que actúe tempranamente y ante la falta de empleos. Reiteradamente se ha dicho que la labor policial constituye apenas una de las formas de colaborar en la reducción de los delitos. Rehabilitación, prevención, integración social, etc. son parte de los requisitos que exige reducir esta situación.
Como se puede apreciar, este grupo de carencias -verdaderos desafíos para superar la desprotección social- constituye parte importante de los programas o proyectos que debieran ser prioritarios para destinar los nuevos recursos, como una manera de reducir las desigualdades en Chile y generar una sociedad con bienestar mínimo asegurado.
Rafael Urriola es economista
Análisis económicos anteriores:
Crecimiento, ¿para qué?
(3 de enero de 2005)
El trauma del empleo rezagado
(22 de diciembre de 2005)
