En nuestra columna del 8 de Mayo de 2004 denominada «Ficción ambiental» hablábamos de la ignominiosa situación que están viviendo 137 agricultores, la gran mayoría ex asentados de la Reforma Agraria (CORA) de 1966, a raíz de la falta de servicio por parte de diversos organismos del Estado (Corema, Conama, MOP, Municipalidad de Maipú e Intendencia Metropolitana, entre otros).
En efecto, tales agricultores han sido pasados a llevar por un privado -extractor de áridos- quien, sin permiso de ninguna especie, se introdujo ilegalmente en el año 2001 en la caja del cauce del río Mapocho, aguas abajo del puente La Rinconada de Maipú, extrayendo material pétreo desde el fondo del río. Esta actividad «productiva» privada de altísima rentabilidad provocó -por el ahondamiento depredatorio del cauce del río- cuantiosos daños a esta comunidad de regantes por la pérdida de su bocatoma y la captación gravitacional de sus derechos de aprovechamiento de aguas, lo que consecuentemente provocó la sequía de 770 hectáreas de riego agrícola. Lo anterior configura un grave daño ambiental penado en la respectiva legislación.
Recordemos que este díscolo particular no cumplió las obligaciones contenidas en la calificación ambiental de la Corema del año 2000, como tampoco obedeció una resolución de la Dirección General de Aguas de la región metropolitana del mismo año, actos administrativos que le permitían sacar áridos de un predio ribereño perfectamente acotado. Esta situación irregular fue denunciada oportunamente por los perjudicados sin que los servicios públicos competentes emitieran apercibimiento o resolución alguna, tal como lo ordena el Código de Aguas. Es más, Marcelo Trivelli, intendente metropolitano y presidente de la Corema optó tardíamente por desentenderse de la situación, argumentando que él tenía relaciones familiares con la infractora, por lo cual no estaba en condiciones de asumir sus responsabilidades (sic).
Dentro de su desesperación por la displicencia del replegado Estado chileno los agricultores recurrieron al diputado del distrito y al diputado presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara respectiva: Gonzalo Uriarte (UDI) y Leopoldo Sánchez (PPD). Estos, dentro de sus funciones fiscalizadoras, verificaron en terreno los daños patrimoniales y ambientales, llegando ambos a la conclusión que se tiene que efectuar una investigación parlamentaria para determinar los motivos por los cuales nuestros servidores públicos procedieron con tanta indolencia.
Con el apoyo de nuestra agrupación ciudadana el caso fue llevado a la Contraloría General de la República, la que determinó el inicio de sumarios administrativos en contra de diversos funcionarios. También se entregaron todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que, en base a sus atribuciones, defienda el interés fiscal violentado, teniéndose en cuenta que la Municipalidad de Maipú no hizo nada en resguardo del bien nacional de uso público (río Mapocho), explotado comercialmente durante 4 años por aquél privado para su lucro.
En atención al daño que hemos relatado, la Confederación de Canalistas de Chile ha prestado un irrestricto apoyo a los regantes, sus asociados. El presidente de esta asociación gremial ha aportado su larga experiencia profesional en problemas hidráulicos para recuperar las aguas perdidas. La tradicional Sociedad Nacional de Agricultura, alertada ante la privación de la capacidad productiva agrícola del valle de Padre Hurtado, se puso en contacto con el subsecretario de Obras Públicas, a quien le representó su molestia por la impavidez funcionaria en comento.
Los agricultores, conscientes de sus inalienables derechos, han recurrido también al Ministro de Agricultura, al Ministro Secretario General de la Presidencia y Presidente del Consejo Directivo de la Conama, al Director Regional y la Directora Nacional de la misma, implorándoles que -haciendo valer sus altas investiduras- exijan el funcionamiento de las instituciones para que se reparen los perjuicios y se recuperen las aguas en forma definitiva. Debemos entender que las agendas de trabajo de los anteriores han estado muy recargadas ya que las recuperaciones no se han producido y por lo tanto -a pesar del prolongado tiempo transcurrido- todo continúa igual.
Como un dato sumamente curioso y sospechoso, destacamos que la mayoría de las autoridades sectoriales les han manifestado a los agricultores que la solución pasa porque inicien ellos acciones procesales tendientes a proteger sus propiedades. Nosotros inocentemente nos preguntamos ¿Porqué estos compatriotas tendrían que gastar millones de pesos en honorarios a abogados, si en Chile existe una abundante burocracia destinada a regular estas materias ?
¿Para qué existe la frondosa institucionalidad ambiental y todas las direcciones regionales y nacionales de aguas del MOP ?
¿Porqué los recargados tribunales de justicia tendrían que asumir tareas técnicas de competencia de la administración del Estado ?
¿Será la idea judicializar todos los conflictos, aunque las diversas funciones administrativas tengan las facultades para evitarlos ?
¿O la comodidad vigente indica que es más fácil endosarle el «problema» a otros ?
Nos gustaría que alguno de los aludidos responda en este medio nuestra interpelación con el objeto de que la ciudadanía conozca la otra cara de la moneda. El debate público es necesario en toda democracia. Nosotros, conocedores de la situación, nos limitamos a dar nuestra informada opinión, en el entendido de que no somos dueños de la verdad absoluta. Por lo anterior estamos seguros que las autoridades políticas no rehuirán la confrontación de ideas, más aún ahora, que estamos en un año de elecciones populares.
Patricio Herman P./Agrupación «Defendamos la Ciudad»
