El tratado conocido como Convención de Ginebra es, sin duda, uno de los más nobles compendios de medidas regulatorias para los conflictos armados entre humanos, sean éstos entre naciones o en el interior de alguno de los países firmantes. La Convención de Ginebra dio sus primeros pasos en el marco de la Sociedad de Naciones, entre las dos guerras mundiales y se hizo adulta cuando culminó el proceso de firmas y ratificaciones en 1951 ya en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por ser un tratado internacional ratificado y vigente forma parte de las legislaciones internas de cada uno de los países firmantes.
En nuestro caso, el tratado benefició a centenas de miles de compatriotas, quienes obtuvieron durante la dictadura el estatuto de refugiado político, accediendo de tal manera a la protección jurídica de la ONU y al avencindamiento en el país de acogida con todos los derechos de los nacionales, exceptuando el voto. Gracias a la Convención de Ginebra nuestros compatriotas en exilio pudieron escapar a las torturas y vejámenes que reservaba el régimen a los opositores. En otras naciones como la ex-Yugoslavia, Argelia, Ecuador y las del Medio Oriente, entre tantas, la ONU ha salvado millones de vidas gracias a la aplicación de la Convención de Ginebra.
Hoy, cincuenta y cuatro años después de la entrada en vigencia del tratado, nace una nueva interpretación que limita la calidad de beneficiario a las tropas de un ejército regular de algún país firmante. Esta nueva interpretación ha sido desarrollada por el gobierno de Estados Unidos encabezado por el re-electo presidente Georges W Bush. Y es entonces, de esta manera, que el ejército de los Talibanes de Afganistán no fue reconocido por Norteamérica como un ejército regular, a pesar de haber estado bajo la obediencia del gobierno de ese país. Los prisioneros de la guerra de Afganistán se encuentran ahora recluídos en la base norteamericana de Guantánamo en Cuba, con evidente falta frente a los principios de la Convención de Ginebra firmada también por Estados Unidos. No se les reconoce el estatuto de prisioneros de guerra y se les ha recluído como terroristas, sin derecho a juicio ni a defenza.
Igual situación se ha producido en Irak, en donde también se consideró a los prisioneros como agentes del terrorismo internacional, en lugar de hacerlo como soldados de un ejército regular vencido. Frente a los cuestionamientos, tanto por parte de la ONU, de otras naciones, como de la opinión pública; el nuevo ministro de justicia de Estados Unidos, el hispano-norte-americano Alberto González ha anunciado que se estudiará el retiro de Estados Unidos de la Convención de Ginebra. Sin embargo se compromete y compromete a su país a respetar los principios de ésta siempre y cuando los prisioneros hayan formado parte de un ejército regular.
Con este acto, una nación que representa menos del cinco por ciento de la humanidad se atribuye no sólo el derecho de determinar qué países son terroristas y qué países son civilizados, sino que también el derecho a decidir sobre la regularidad de las fuerzas armadas de un país enemigo, pudiendo declarar unilateralmente que determinados prisioneros de guerra son, en realidad, un grupúsculo de criminales salvajes y fanáticos.
Es indudable que una indiscutible mayoría de la población mundial se opone a la idea de conflictos armados, ya sea por ideología o por el peso de las terribles secuelas que producen las guerras a nivel del individuo, la familia, la aldea y la humanidad entera. Sin embargo, nos encaminamos hacia una situación de facto en la que un sólo gobierno tendrá en sus manos el poder de clasificación y determinación de calidades de las fuerzas armadas del resto del planeta.
Frente a este nuevo orden internacional impuesto por el gobierno de Estados Unidos se hace cada vez más necesaria y urgente la restructuración del Consejo de Seguridad de la ONU con nuevos poderes y, sobre todo, con capacidad coercitiva hacia quienes pretendan quebrar una institucionalidad que hasta ahora es la única que ha logrado hacernos vivir en un mundo menos inseguro.
André Grimblatt Hinzpeter. Académico y analista.
