Acortamiento de plazos e impunidad - El Mostrador

Domingo, 19 de noviembre de 2017 Actualizado a las 18:52

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Acortamiento de plazos e impunidad

por 10 febrero, 2005

Con esta medida, nuestro país -que había sido aplaudido después del Informe Valech- vuelve a ponerse al margen del movimiento internacional de derechos humanos. No olvidemos que se trata de juicios que versan sobre delitos declarados por los tratados internacionales, como delitos de lesa humanidad.

El día 25 de enero pasado, la Corte Suprema dictó una resolución que podría tener importantes consecuencias en los juicios de derechos humanos, ordenando a los Ministros en Visita Extraordinaria, o designados en razón del Fuero, y a los jueces que ejercen competencia en materia penal, declarar cerrado el sumario dentro del plazo máximo de seis meses. Junto a ello, dispuso una serie de normas concernientes a la tramitación de dichas causas, durante dicho lapso.



Probablemente, sorprendió a la opinión pública lo drástico de la decisión, pero no el hecho mismo de que se adoptara alguna medida judicial en dichas causas. En efecto, después del suicidio del coronel (r) Germán Barriga, imputado en juicios de derechos humanos, y señalado por las víctimas como torturador durante la dictadura, el clima generado hacía pensar que algo iba a suceder.



El suicidio de Barriga, pareciera haber sido la excusa que necesitaban los representantes de los poderes públicos, para actuar en la materia. Comenzó el general Cheyre, interrumpiendo sus vacaciones para visitar a la familia de Barriga, hablar del "honor con el que vivió", y de la intranquilidad que sienten los ex uniformados imputados como homicidas, cómplices o encubridores ante los tribunales. A ello, se agregaron declaraciones de Marcos Libedinsky, Presidente de la Corte Suprema, quien aseguró que los ministros del tribunal estaban "constantemente preocupados" por las consecuencias de la extensión de los juicios de derechos humanos.



El gobierno de Ricardo Lagos también contribuyó con declaraciones del propio Mandatario, y del Ministro del Interior victimizando a los imputados y procesados por violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, el Ministro de Justicia dio a conocer, después de largas discusiones, la decisión de incluir los juicios de derechos humanos en la denominada "Ley de Empalme", que establece que se cerrarán en el plazo de dos años los juicios regidos por el antiguo procedimiento penal.



En ese clima, en el que también la mayoría de los medios de comunicación ayudaron a distorsionar la realidad, colocando a los autores de los más horrendos crímenes perpetrados en Chile, como perseguidos y personas sin derecho a un justo proceso, fue que se dictó la resolución de la Corte Suprema, que enseguida pasamos a analizar en sus puntos fundamentales.



¿Vulneración del debido proceso?



Uno de los principales fundamentos de la resolución del Tribunal Pleno de la Corte Suprema, de 25 de enero pasado, fue que se estaría vulnerando la garantía del debido proceso a los imputados en causas de derechos humanos. Para ello, se fundamentó en el artículo 19 número 3 de la Constitución Política, y en los Tratados Internacionales de derechos humanos.



Según la Corte Suprema "resulta indudable que dentro del concepto de 'investigación racional' debe considerarse el de una extensión adecuada para esta etapa indagatoria, que asegure un equilibrio y una igualdad para todos los participantes, garantizándoles el derecho a ser oídos, acreditando o desvirtuando, según el caso, los hechos imputados de manera tal que se posibilite, a su vez, la dictación de decisiones oportunas y eficaces por parte de quien, en definitiva, deba juzgar el asunto sometido a proceso".
Precisamente, de la normativa internacional, se desprendería el derecho fundamental "de las personas acusadas en causas penales", a ser juzgadas "dentro de plazos razonables y sin dilaciones indebidas".



Por cierto, en todo lo anterior, la Corte Suprema tiene razón. El problema es que su análisis de lo que implica el derecho a ser juzgado dentro de plazos razonables, es bastante superficial y forzado. En la doctrina y jurisprudencia internacional se han definido tres elementos para poder determinar si dicha garantía es respetada: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. Los categóricos juicios del máximo tribunal del país, son realizados en abstracto y sin considerar los factores enunciados. Si efectuamos un adecuado estudio de la garantía del debido proceso, y en particular del derecho a plazos razonables en los juicios de derechos humanos, constataremos que la situación dista bastante de la consideración de la Corte Suprema.



En cuanto a la complejidad del asunto, es evidente que las indagaciones sobre hechos que han ocurrido hace decenas de años, no pueden ser ni simples ni rápidas. Más aún cuando, como es el caso de los detenidos desaparecidos, no se ha podido encontrar el cuerpo de las víctimas. Además, por mucho tiempo las instituciones armadas y otros organismos estatales, no solamente no colaboraron en las investigaciones, sino que en muchos casos realizaron una constante labor de obstrucción a la justicia. Agreguemos a ello, que por mucho tiempo la Ley de Amnistía impidió indagar las violaciones a los derechos humanos.



En segundo término, en cuanto a la actividad del interesado, es un hecho público y notorio que los imputados en los juicios de derechos humanos, no han colaborado en absoluto con el esclarecimiento de la verdad de los crímenes que se investigan.



Sin lugar a dudas, desde una perspectiva jurídica -y no vamos a entrar en este caso en el campo de la ética-, no tienen el deber de contribuir a que los procesos avancen, y a que se devele la verdad acerca de los hechos delictivos, para después aplicar el derecho correspondiente. Un imputado que se niega a colaborar con los órganos de la instrucción, y que interpone los recursos a los que le faculta la ley, se limita a hacer uso de su derecho, a menos que proceda con exceso o abuso -lo cual en la situación que estamos analizando en algunos casos ha ocurrido-.



Nadie, y mucho menos las víctimas de violaciones de derechos humanos, han intentado negar a los imputados por estos crímenes, la posibilidad de defensa judicial. Sin embargo, lo que no corresponde y sería ilegítimo, es que imputados que han tenido una finalidad exclusivamente de retraso de los procesos, posteriormente se amparen en la dilación producida para alegar la vulneración de un derecho fundamental, entre otros motivos, porque dicha demora se ha producido como consecuencia de sus propios actos. Más aún, es completamente contrario a derecho, que una forma como esa se pretenda violar el derecho de las víctimas a tener un juicio justo en los tribunales competentes, que además son las principales interesadas en que se puedan acelerar las investigaciones.



En lo referido a la determinación de los plazos razonables en los procesos judiciales, se ha tenido en consideración en la jurisprudencia de los tribunales internacionales, la conducta de las autoridades judiciales. Es útil mencionar algunas partes del Capítulo III del Informe Valech, referido al contexto en que ocurrieron los hechos investigados por parte de la Comisión de Prisión Política y Tortura.



En dicho Informe se señala que "la Corte Suprema se desentendió de faltas y abusos cometidos por los tribunales militares, no sólo en su funcionamiento, sino también en sus resoluciones", y que "ello acarreó funestas consecuencias en lo concerniente al respeto a los derechos humanos, pues su exclusión jurisdiccional permitió las más graves violaciones a las personas y a la ley". En el Informe se concluye que "La connivencia de las máximas autoridades del Poder Judicial con los militares respondía, en parte, a su común rechazo al gobierno derrocado".



Con todo lo anterior, queda claro que si los Tribunales de Justicia vulneraron el derecho de alguna de las partes en los juicios de derechos humanos, no fue causando dilaciones indebidas en desmedro de los imputados, sino que fue denegando justicia por largo tiempo a las víctimas.



Garantía de la Independencia del Tribunal



La generalidad de la doctrina jurídica de nuestro país como de Derecho Comparado, suele distinguir entre una dimensión externa de la independencia judicial, respecto a otros poderes públicos, y una dimensión interna de la independencia del juez. Esta última forma de independencia, tiene como finalidad salvaguardar al juez de intromisiones jerárquicas que pretendan interferir en su competencia, en el conocimiento de un determinado asunto, y en el pronunciamiento de su sentencia.



En nuestra Constitución Política, el principio de la independencia se encuentra consagrado en el artículo 73, que en la parte que nos interesa dispone que "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley".



Con relación a la resolución de la Corte Suprema objeto de análisis, el máximo tribunal del país se basó en los artículos 79 de la Constitución y 96 nÅŸ4 del Código Orgánico de Tribunales, que consagran -señalando las excepciones correspondientes- la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema sobre todos los tribunales de la nación.



Según los magistrados que concurrieron con su voto favorable a la resolución, los juicios de derechos humanos han generado una disminución en la eficacia de la actividad jurisdiccional, en particular en los casos de las Cortes donde existen ministros y jueces con dedicación exclusiva o preferente en ese tipo de causas.



La primera sensación que se produce ante un argumento de este tipo, es de incredulidad. Parece, en efecto, inverosímil que después de muchos años durante los cuales las víctimas de derechos humanos no merecieron ninguna preocupación por parte del Poder Judicial, y de la Corte Suprema en particular, hoy se esgrima que esta clase de juicios constituyen un "problema" y entorpecen la buena marcha de la administración de justicia y en el funcionamiento interno de los tribunales del país. Ignoran los honorables ministros, que precisamente, y aunque lejos de las legítimas expectativas de aceleración procesal de las víctimas, durante los últimos años se han alcanzado los avances más significativos en materia de procesamiento de los involucrados. Y qué más ilustrativo, que el procesamiento del mismo Augusto Pinochet Ugarte.



Sin embargo, más allá de esta primera impresión, lo realmente grave es que la decisión de los supremos es abiertamente inconstitucional. El rol de superintendencia de los demás tribunales del país, que le asigna la Constitución a la Corte Suprema, no puede ni debe entenderse como la posibilidad de intervenir, de cualquier manera, en los procesos judiciales que se instruyan por otros tribunales de la República. Lo que le corresponde a dicho tribunal es velar por una mejor y más rápida marcha de la administración de justicia, y sólo en ese marco puede adoptar medidas. No está autorizada de ninguna manera a intervenir en determinados juicios disponiendo, como es el caso, que una determinada etapa judicial se debe que cerrar en un determinado lapso, si ello no se encuentra establecido en la ley.



En este sentido, se expresaron los ministros señores Benquis y Pérez en su voto disidente a la resolución, argumentando la inconstitucionalidad de la intervención del Tribunal Pleno de la Corte Suprema, ya que "no se encuentra conociendo al efecto de ningún recurso jurisdiccional que diga relación con todas o alguna de las causas en que se indagan violaciones a los derechos humanos- carece de facultades para invadir las atribuciones propias y privativas de los jueces y Ministros de Corte de Apelaciones, afectando su independencia, al imponerles a todos ellos una fecha determinada de cierre de una investigación que a la sazón pudiere estar incompleta". Compartimos completamente las palabras de los señores ministros Benquis y Pérez.





Igualdad ante la ley y Estado de Derecho



En Chile, son muchas las personas que viven, día a día, la lentitud y la burocracia de nuestro sistema judicial. En materia penal, la reforma procesal que se está implementando en el país, tiene entre otros objetivos, acelerar la administración de justicia. No obstante, ella se ha aplicado de forma gradual, justamente porque implica un cambio de gran trascendencia, y porque existen procesos anteriores que no pueden ser desconocidos por nuestro ordenamiento jurídico.



Esta es la situación para todos los chilenos y chilenas. Para todos, excepto los violadores de derechos humanos favorecidos con la última resolución de la Corte Suprema.



En efecto, en Chile muchas personas imputadas por delitos de menor gravedad, soportan la persecución penal por años sin que se resuelva su situación procesal, cumpliendo, incluso, en muchos casos, privaciones de libertad en razón de prisiones preventivas, que luego son descontadas de la posible condena que en sus juicios de pronuncie. En algunos casos, sus juicios llevan más tiempo que el que ha transcurrido en algunas causas de derechos humanos. Si para los violadores de estos derechos, la cabeza del Poder Judicial brinda un tratamiento especial, privilegiado, se viola el principio de igualdad ante la ley de manera absolutamente arbitraria.



Creemos que el Estado de Derecho en Chile está en juego. Si la resolución de la Corte Suprema se acepta como legal, en el futuro puede volver a intervenir en cualquier proceso, en la materia que estime oportuna, fijando plazos de cierre de investigaciones, según su particular criterio. No será relevante para tales efectos, que el juez competente según la ley, estime eventualmente que la investigación no ha terminado y que existen diligencias pendientes.



En un Estado de Derecho los poderes públicos -y los ciudadanos en general- sólo pueden actuar en el marco de la ley. En nuestro ordenamiento jurídico cualquier modificación en un procedimiento judicial, debe realizarse por los órganos facultados para dictar leyes, que en nuestro país son el Parlamento y el Ejecutivo, como colegislador. La decisión de los ministros de la Corte Suprema, viene de alguna manera a poner fin a un supuesto "problema político" mediante una resolución judicial, excediendo sus atribuciones. En definitiva, la resolución de la Suprema atenta contra la legalidad vigente, y atenta contra el Estado de Derecho chileno.



Conclusión: hacia la impunidad



Según las autoridades del Poder Judicial y del gobierno, establecer un plazo para el cierre de la etapa del sumario en los juicios, no implica impunidad en esas causas y mucho menos una "Ley de Punto Final". Efectivamente, el efecto no es ni idéntico ni automático, pero las consecuencias fácticas, en definitiva, son las mismas.



En otros países de América Latina, como Argentina y Uruguay, se dictaron en su momento verdaderas leyes de punto final, y se dijo abiertamente que la finalidad era poner un cierre definitivo a la situación vivida por esos países durante sus dictaduras. En Chile, en cambio, las cosas siempre se hacen de otra manera. En un país donde a lo largo de nuestra historia, la oficialidad ha revestido ciertas cosas de una verdad aparente para finalmente perseguir sus propios intereses, poner fin a la búsqueda de verdad y justicia en las causas de derechos humanos, tampoco podía ser hecho de manera clara hacia la sociedad. Sobre todo, porque después de la conmoción que causó en la población el Informe sobre Prisión Política y Tortura, ello habría acarreado demasiados costos políticos.



Según cifras de la misma Corte Suprema, existen, pendientes o actualmente en tramitación, un total de 356 procesos sobre hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos; de ellos sólo 33 han sido elevados a la etapa de plenario, y únicamente en 8, se ha dictado sentencia definitiva de primera instancia. Por tanto, de esos 356 procesos, hasta el momento 315 permanecen en estado de sumario.



El cierre de dicha etapa dentro de 6 meses, implicará que los tribunales que sustancien juicios de derechos humanos, tendrán, necesariamente que formular acusación a los imputados de los delitos que se estén indagando, o sobreseer. Como probablemente en muchos casos no van a haber realizado todas las diligencias oportunas para reunir las pruebas que requieren, muchos jueces se verán en la obligación de sobreseer de manera definitiva o temporal -pudiendo esta última forma de sobreseimiento convertirse en definitivo-. Es por ello que la resolución de la Corte Suprema abre el camino a la impunidad.



Con esta medida, nuestro país -que había sido aplaudido después del Informe Valech- vuelve a ponerse al margen del movimiento internacional de derechos humanos. No olvidemos que se trata de juicios que versan sobre delitos declarados por los tratados internacionales, como delitos de lesa humanidad. Basta citar el artículo 17.1 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de 1992 que establece que: "todo acto de desaparición será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se haya esclarecido los hechos".



Las agrupaciones de las víctimas y los abogados de derechos humados, han manifestado su fuerte oposición a la decisión adoptada, y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han manifestado que vulnera el derecho internacional. Esperamos que ellos y todos los que estamos por la búsqueda de la verdad y la justicia en Chile logremos revertir la resolución de la Corte Suprema en pos de la igualdad ante la ley y del avance de los derechos humanos en nuestro país.



Fabiola Lathrop Gómez y Rodrigo Bustos Bottai son abogados y actualmente están haciendo un doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca, España.

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