En total, hay demandados en el CIADI 50 gobiernos de todo el mundo: 31 de países en desarrollo, 11 de países desarrollados, y 8 de los llamados países en transición económica. En América Latina, fuera de Argentina, existen actualmente 14 demandas contra Mexico, y cuatro que involucran a Chile.
El último año hubo un repunte mundial de los flujos internacionales de inversión directa extranjera. Cada vez que esto sucede, se propaga la imagen de una situación positiva para la economía global. Gente optimista cree ver en este crecimiento alentadores signos de confianza y establidad económica. Sin embargo, el optimismo podría estar fuera de lugar no sólo por razones propiamente socio-económicas y políticas. La globalización está abriendo su frente propio, que podría llegarle a costar muy caro.
Según datos recientes del Departamento de Inversiones de la UNCTAD, el volumen de IDE alcanzó, en 2004, una cifra estimada de equivalente a US $ 612 mil millones. Esto es todavía menos de la mitad del nivel máximo alcanzado en 2001 (US$ 1400 millones), pero significa un crecimiento de 6% con respecto al año anterior. El flujo de IDE hacia países en desarrollo alcanzó US$ 255, casi la mitad más que en 2003, lo que constituye un «record histórico». De esta cifra, US$ 166 fueron a Asia (China, India) y Pacífico Sur, y cerca de US$ 70 a Latinoamérica. Aquí, los mayores receptores han sido Mexico, Brasil y, bastante distante, Chile. Hacia Europa Central y del Este hubo un flujo de US $27 (con US$ 10 sólo para Rusia), mientras que Africa se tuvo que contentar con US$ 20.
Según la UNCTAD, los motores de estos flujos, fuera de la explotación intensivada de recursos naturales, han sido un mejor comportamiento de las principales regiones económicas, un aumento de la actividad de fusiones y adquisiciones empresariales, más un favorable clima para las inversiones externas en todos los ámbitos de la industria, el comercio y los servicios. A ello hay que gregar, por supuesto, las finanzas y la «inversión» en acciones y otros títulos de valor.
En este clima de liberalización, se ha desatado una verdadera olimpíada mundial de acuerdos bi- y multilaterales de inversión. Tan sólo durante 2003, según datos del Informe Mundial de la Inversión de UNCTAD (2004), hubo a lo largo del mundo 244 cambios de leyes y regulaciones referidas a la inversión directa extranjera, de los cuales 220 tienen un efecto liberalizador inmediato. También se concluyeron 86 tratados bilaterales de inversión y 60 tratados de doble tributación. De esta manera, los tratados bilaterales de inversión registrados a la fecha en UNCTAD alcanzan a 2.265, y los de doble tributación 2.316. A esto hay que agregar los numerosos tratados regionales y bilaterales de libre comercio. De estos, según la Organización Mundial de Comercio, hacia fines del 2005 estarán operacionales alrededor de 300 a nivel regional.
Creyéndose protegidos por los acuerdos bilaterales, cada vez más inversionistas privados extranjeros arremeten contra los estados anfitriones de sus negocios, cuando suponen que en la ejecución de la inversión y/o su operación aparecen trabas consideradas ilegítimas. Concordantemente, ha aumentado, en los últimos años, casi espectacularmente el número de controversias y litigios internacionales. Pero ya no es la Organización Mundial de Comercio el centro donde se formalizan las disputas. El lugar privilegiado lo ocupa el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), radicado en el Banco Mundial.
Según la UNCTAD, «el total acumulativo de todos los casos conocidos presentados bajo tratados bilateral, regionales (p.ej. NAFTA) o plurilaterales (p.ej. Tratado sobre la Carta de la Energía) que contienen claúsulas de inversión, o bajo tratados internacionales de inversión, alcanza ahora a 160. Más de la mitad (92) de estas 160 demandas conocidas ha sido presentada en los últimos tres años. Prácticamente ninguna ha sido iniciada por un gobierno».
De estas cifras, 106 demandas han sido presentadas frente al CIADI, y comprometen a numerosos países. Argentina, con actualmente 37 demandas, sufre aquí las repercusiones de la crisis financiera del 2001. Tan sólo en 2003, 20 corporaciones transnacionales presentaron sus demandas por supuestas violaciones de los tratados de libre comercio firmados por el gobierno de Menem, y en 2004 se agregaron 8 demandas más. En total, hay demandados en el CIADI 50 gobiernos de todo el mundo: 31 de países en desarrollo, 11 de países desarrollados, y 8 de los llamados países en transición económica. En América Latina, fuera de Argentina, existen actualmente 14 demandas contra Mexico, y cuatro que involucran a Chile.
La tendencia es ascendente, y se fundamenta en las más diversas disputas, referidas tanto a la fase pre-operativa de la inversión respectiva, como a la de su operación propiamente tal. Sus origenes son muy diversos: Desde modificaciones legales de emergencia (p.ej. Argentina), cambios de la legislacion tributaria, la rezonificación de territorio, medidas de protección ambiental y de la salud de los habitantes, hasta medidas simplemente administrativas, que real o supuestamente afectan la realización y la rentabilidad esperada de los inversionistas extranjeros. Todas pueden dar origen a reclamaciones y demandas.
Se perfila así un panorama, donde las formas, el efecto y los resultados socio-económicos de las inversiones extranjeras dependerán crecientemente, ya no tanto de los acuerdos firmados para promoverlas, sino de la interpretación que se haga de tales acuerdos en instancias internacionales de resolución de controversias. Como entes muy lejanos a la juidicidad nacional de los estados, es este otro mecanismo de la globalización del derecho que promete generar un horizonte de alta conflictividad y riesgo para todos los involucrados.
Alexander Schubert es un economista y consultor chileno radicado en Alemania.
