Ahora que se ha iniciado el tránsito legislativo del llamado proyecto Royalty II, es importante contribuir con argumentos que permitan clarificar, más allá de las escaramuzas políticas en un año electoral, lo que realmente se está discutiendo en el Parlamento de Chile. Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley representa un dramático retroceso en la discusión sobre el valor y uso de los recursos naturales.
Convencionalmente, la aplicación de un royalty a la minería debe permitir que la ciudadanía -a través del Estado- se apropie de la renta del recurso que le pertenece por derecho. Pero la necesidad de establecer un royalty no apunta sólo al hecho de obtener ingresos del sector: el royalty es un instrumento de gestión moderno y eficaz que permite asegurar la sustentabilidad del recurso en el tiempo, ya que elimina los «incentivos perversos» que conducen a la sobrexplotación de los recursos.
Desafortunadamente, el Gobierno ha propuesto al Parlamento un impuesto específico que busca aumentar el aporte de las empresas mineras al país. Este proyecto desvirtúa el espíritu de la medida original y, en consecuencia, termina por mezclar, por un lado, el valor de los recursos y, por otro, el bajo aporte tributario de las empresas mineras.
Un tema es que las mineras en Chile pagan pocos impuestos y otro tema es cómo el Estado recoge las rentas que le corresponden por el uso que hacen las empresas de recursos de la nación. Ambos aspectos son fundamentales para el desarrollo de nuestro país y para el manejo sustentable de las riquezas naturales. Debe buscarse la voluntad política para abordar ambos puntos en profundidad, pero es precisamente debido a su importancia que no debe confundirse en una política que terminará -de prosperar la iniciativa del Gobierno- por dejar ambos problemas sin una solución concreta. El royalty no puede ser la compensación de las empresas por la baja contribución al país, puesto que ese problema debe ser resuelto cerrando las brechas tributarias.
Bajo esta perspectiva, las razones por las cuales se debe rechazar la propuesta de royalty II son las siguientes:
En primer lugar, el impuesto específico que se desea implementar atenta contra la génesis del royalty, cual es reconocer el valor de los recursos naturales que le pertenece a la nación. El precio del recurso y la pérdida patrimonial que sufre el país son los fundamentos técnicos para la aplicación de una regalía o royalty que debe tener como fin que la nación se apropie de la renta o de un «precio justo» del recurso, ni más ni menos.
Los recursos naturales poseen un atractivo económico y un valor de mercado que no ha sido reconocido por los cuerpos legislativos de nuestro país los que, a través de diversas formas y figuras jurídicas, han traspasado de forma absolutamente gratuita, las riquezas de la sociedad hacia los privados. Es ése el valor económico que el Estado ha desconocido durante largos años -a pesar de que la Constitución de la República reconoce a las minas como de propiedad inalieneable del Estado- y que ahora, al introducir un impuesto específico con una invariabilidad tributaria adicional, pretende desconocer una vez más.
En segundo lugar, la discusión y horizonte del debate sobre el valor de los recursos naturales había alcanzado una dimensión progresista y de futuro que permitió abrir amplios frentes de reflexión y de conocimiento sobre aspectos fundamentales en lo que se llama la «administración eficiente de los recursos». En particular, los puntos más importantes que se lograron introducir en el debate se centraron en:
1. La necesidad de hacer una gestión sustentable de los recursos naturales. Cuando el Estado desconoce el valor que poseen sus recursos genera una profunda distorsión económica al fomentar la sobreinversión productiva en sectores que, de hecho, están siendo subsidiados a través de un aporte estatal.
2. La toma de conciencia de la «justicia intergeneracional», que no es otra cosa que valorar los beneficios asociados a la explotación de recursos naturales en un largo horizonte de tiempo. Esto será el legado de nuestras acciones sobre las generaciones futuras.
3. La necesidad desarrollar, a través de los beneficios asociados a la explotación de los recursos naturales, nuevas actividades económicas para las regiones.
Todos estos aspectos desaparecen de la discusión cuando el Ejecutivo plantea la idea de un impuesto específico que no sólo corrompe la justificación del royalty, sino que además, la nueva modalidad-de prosperar- ocasionará una serie de trabas que hacen la medida poco viable en el futuro.
En tercer lugar, la propuesta que ha presentado el Ejecutivo ni siquiera permite que el país capture el valor real de los recursos que traspasa a los privados. Mientras que la iniciativa apunta a recaudar US$140 millones de dólares en el periodo de pleno funcionamiento, las estimaciones internacionales valoran la renta de los recursos mineros de Chile en más de US$1.000 millones promedios anuales (estimaciones de la Universidad de Harvard). Es decir, esta recaudación es incoherente con el valor real de los recursos que el Estado ha cedido por el beneficio del mineral extraído.
Por último, este proyecto y todos sus lineamientos lo único que hacen es cerrar y echar tierra a la discusión respecto de cómo, a través de nuestras riquezas naturales, podemos efectivamente ser un país desarrollado y sustentable en el ámbito económico, social y ambiental.
En definitiva, si el problema son unos dólares más o menos, es mucho más eficaz y responsable atrevernos a revisar la legislación tributaria vigente y cerrar las brechas tributarias ampliamente conocidas, que contribuyen al bajo aporte tributario de las empresas. Pero si realmente la intención es cobrar por el uso de los recursos naturales, este proyecto es la peor forma de hacerlo.
Rodrigo Pizarro, director ejecutivo Fundación Terram.
