Uno de los problemas más notorios que se viven en la industria pesquera chilena es el referido a la doble condición de injusticia.
Por un lado, tenemos la pésima distribución de los beneficios que acarrea la actividad pesquera entre los diferentes agentes involucrados en el negocio. Según datos de la Encuesta Nacional Industrial Anual entre 1985 y 1998, el 38% del valor bruto de producción de la industria reductora de harina de pescado, fue para los excedentes brutos, es decir, para los dueños del capital, mientras que sólo un 8% fue para los salarios. El 54% restante tuvo como destino el consumo intermedio.
No nos olvidemos además que la distribución de las cuotas de pesca también fue altamente regresiva, ya que el 80% de éstas fueron entregadas al poderoso sector industrial, mientras que al sector artesanal sólo le correspondió el 20%. De esta manera entendemos cómo en algunas comunas costeras, principalmente zonas de pescadores artesanales, se encuentran hogares que viven con ingresos monetarios bajísimos, como sucede en la comuna de Saavedra con un ingreso promedio de 131.293 pesos, según datos de la encuesta Casen del 2000.
Pero por otro lado, a esta pésima y regresiva distribución de los bienes se le tiene que agregar la pésima distribución de los males. En especial, lo que ocurre con la contaminación atmosférica y la emisión de malos olores por parte de las plantas reductoras.
Los gases emitidos indiscriminadamente al ambiente evolucionan de manera equivalente a los niveles de producción de las plantas. Entre los años 1990 y 2002, las magnitudes fluctuaron entre un máximo de 30 mil toneladas por año y un mínimo de 12 mil toneladas.
Hace algunos días atrás, cuatro empresas pesqueras: Alimar, Itata, San José y El Golfo fueron multadas por el Servicio Regional Ministerial de Salud de la VIII Región por la crisis ambiental y los malos olores producidos en febrero pasado, con multas que iban de las 65 UTM a las 200 UTM, sumando en total más de 15 millones de pesos.
Sin embargo, esta óptica del contaminador pagador está lejos de resolver el tema de las externalidades negativas de esta industria. Mientras las empresas obtengan las fabulosas utilidades que ganan año a año, las multas aplicadas no producen los incentivos para que la industria pueda acercarse a estándares de producción limpia. Recordemos que estos mismos hechos se repiten en la I Región, donde la estructura de la industria pesquera es muy similar a la del sur.
Es un hecho irremediable que el crecimiento de la industria reductora está aparejado con grandes emisiones de contaminantes gaseosos. Éstas impactan negativamente la calidad de vida de las poblaciones aledañas a las plantas de procesamiento de harina de pescado, ya que se ven obligadas a respirar un aire tremendamente desagradable de manera permanente. A esto se debe agregar que la ropa, las casas y edificios se impregnan del mal olor. Lo grave y dramático de esta situación es que, como vimos, no existe compensación alguna hacia la población afectada, población que se encuentra además, sumida en la pobreza.
Cristián Gutiérrez. Economista de Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica.
