Elucubraciones piratas - El Mostrador

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Elucubraciones piratas

por 28 marzo, 2005

¿Por qué el gobierno no persigue a los piratas? La voz de los pasillos afirma que sería una medida impopular, especialmente en año de elecciones. Si es así, la considero una apreciación ligera por parte de las autoridades. ¿Qué dirá el electorado si de un día para otro desaparecen de la calle sus proveedores de libros, compact discs y DVD a precios accesibles? ¿Se indignarán con la concertación y partirán a votar por la Alianza? No creo que las preferencias políticas fluctúen de ese modo. Es cierto que verán restringido su acceso a estos bienes por un tiempo al no poderlos comprar al precio que hoy los ofrece el comercio establecido. Pero pronto este mismo comercio encontrará la manera para satisfacer la demanda latente.

La brecha existente entre el precio de un libro pirata y un libro original, se origina en los costos que uno y otro deben enfrentar (asumiendo que los márgenes de utilidad son del mismo orden): Un pirata afronta los costos variables de la producción de un libro (impresión, distribución) y nada más. En el caso del comercio formal, se suman los costos fijos de producir un libro (creación, edición, diseño, fotomecánica, promoción, etc.), que sabemos significativos, además de los impuestos (IVA e impuesto a la utilidad de las empresas) y los costos directos de venta (local, patentes, etc.).



La mejor manera de terminar con el incentivo a la producción y el consumo de los productos piratas y al mismo tiempo acallar las protestas de los consumidores que se creen víctimas de la usura empresarial, es reducir esta brecha al mínimo. En cuanto a los costos fijos, si se realiza un trabajo consistente en la persecución de la mafia pirata, las editoriales tendrían la posibilidad de producir un mayor número de ejemplares y las economías de escala reducirían el costo fijo unitario a niveles muy bajos. En el caso de los libros pirateados, que son los de mayor venta, tiradas de 40.000 o 50.000 ejemplares implicarían un costo fijo unitario insignificante. Es decir, la industria editorial podría satisfacer ese fondo de demanda dispuesto a comprar a precios más bajos.



Sin embargo, se estrella con el problema de los impuestos. Tal como están las cosas en esta materia, un libro original, sea cual sea, costará al menos un 19% (IVA) más que uno pirata. Y esto no incluye el impuesto a la utilidad de las empresas, que los piratas también evaden. Para que la industria editorial pueda acceder a esa demanda insatisfecha debe contar con la complicidad del gobierno, mediante la baja del impuesto al valor agregado. Chile es el país que exhibe el IVA a los libros más alto entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. La gran demanda por productos piratas expone la primerísima importancia que los consumidores dan al precio al momento de consumir este tipo de bienes "culturales". En buenas cuentas, el IVA es un impuesto que impide a una parte importante de la población acceder a la compra de un bien cultural como es el libro. Dicho de otro modo, es un impuesto culturalmente recesivo.



Si ponemos nuestra atención en los costos directos de venta, éstos se minimizarían gracias a la lógica de economías de escala antes expuesta para los costos fijos, tornándose intrascendentes si los volúmenes de ventas de cuadriplican ( se estima que por cada libro original, se venden tres piratas).



De más está enumerar los beneficios secundarios que acarrea el comercio formal versus el informal. Llevado al extremo, podemos ver el caso peruano donde alrededor del 40% de todo el comercio es informal. Es la ley de la selva y el gobierno se ve obligado a subir los impuestos a los particulares y a los productores y comerciantes establecidos, incentivando en un círculo vicioso la evasión.



El resultado de este análisis aconseja a las autoridades que persigan la piratería y reduzcan el IVA a los libros.



Alguien podría pensar que no salen tras los piratas porque no es tan fácil. Entramos ahora en el aspecto jurídico de este problema. Investigaciones de Chile tiene capacidad de sobra para desbaratar una mafia como ésta en pocos meses. Los mafiosos están organizados, de eso no hay duda, pero la complejidad de su red dista enormemente, por ejemplo, de los carteles de droga. Es una organización de alcance nacional, cuyas utilidades no dan para mantener organizaciones armadas y sofisticados sistemas de protección.



Ahora bien, como están hoy nuestras leyes, los sospechosos tienen cómo escabullirse cuando su caso ingresa al sistema de justicia. El delito de robo de propiedad intelectual no está tipificado de modo explícito en el código penal. Los piratas deben enfrentar solamente cargos de fraude al fisco y delitos económicos que no conllevan pena de cárcel y son responsables de defraudaciones de bajo monto correspondientes a los exiguos números de las incautaciones. Esta situación les permite salir libres en pocos días. Perseguirlos hoy no sirva de gran cosa, en un día de trabajo pueden recaudar el monto de las multas que deben pagar.



La petición de la Alianza Internacional por la Propiedad Intelectual para que Estados Unidos coloque a Chile en una especie de lista negra (lista de observación prioritaria) que reúne a los países que no protegen adecuadamente este tipo de propiedad, ha causado indignación en la Dirección Económica de la Cancillería. La degradación se debe exactamente a la pasividad con que gobierno y legisladores han emprendido el trabajo de la ley de propiedad intelectual que duerme en alguna comisión del congreso. Esa ley permitiría procesar y poner tras las rejas a los capos mafiosos por una buena cantidad de años y sería un claro desincentivo a la iniciativa pirata.



Existe un último factor que, sumado a la promulgación de esta ley, permitirá en un futuro hipotético terminar con esta lacra: la reforma procesal penal. Al entrar en funcionamiento en la región metropolitana, le abrirá las puertas a los fiscales para que generen órdenes de investigar sin la necesidad de basarse en denuncias de privados; bastará la sola presunción. De este modo, un fiscal en busca de logros y figuración, podrá iniciar una guerra contra la piratería, lo cual sin duda le daría prestigio y lo transformaría en centro de atención de los medios periodísticos.



En resumen, para terminar de una buena vez con este robo que afecta de manera tan brutal los ingresos de los escritores y que ahoga sus tiempos dedicados a la creación, se debe perseguir la piratería con el apoyo de la ley de propiedad intelectual, la reforma procesal y además se debe reducir el IVA del libro.





Pablo Simonetti es escritor.

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