Cuando la prensa de derecha premeditadamente sobredimensiona el choque entre liberales y socialistas con el propósito de generar dudas acerca del programa económico de Michelle Bachelet, comete dos errores. El primero, dramatiza la confrontación de puntos de vista que forman parte del proceso normal de construcción de ideas en democracia. El segundo, se equivoca en los actores que debaten, pues no sólo se confrontan posturas económicas diferentes, sino además opiniones de expertos que nunca han entrado a la arena política y, por lo mismo, son políticamente irresponsables, con quienes tienen que hacer política responsable en el marco del proyecto de sociedad que promueven y ofertan electoralmente.
A modo de ejemplo, una cosa es que un economista como Eduardo Engel puede darse el lujo de decir que está por reducir el salario mínimo sin pagar costo alguno y, otra cosa, es que una propuesta como aquélla la llegue a formular un ministro de Hacienda, de Economía o del Trabajo, un parlamentario, un encargado programático de alguna candidatura presidencial o, directamente, un candidato.
Expresivo de esto es lo que aconteció meses atrás, cuando Juan Andrés Fontaine, responsable del programa de Lavin, manifestó que estaba por bajar los impuestos. Para nadie dicha postura fue considerada solamente una opinión personal del economista y le fue atribuida al propio candidato de la Alianza por Chile. Tanto así, que Lavin ha debido referirse al tema instalado por su encargado prográmatico en dos ocasiones -en la ENADE y en una reciente entrevista con el periodista Paulsen- desmarcándose de Fontaine al señalar que no descarta subir impuestos bajo determinadas circunstancias.
Si bien Engel y Fontaine comparten una trayectoria académica y su condición de expertos, y seguramente una distancia crítica de los partidos y de los políticos, probablemente no tengan contacto con dirigentes sindicales, ni hayan conversado con trabajadores de empleos precarios. Ambos tienen actualmente distintas responsabilidades y roles diferentes Por lo mismo, desde aquella intervención, Fontaine ha debido guardar silencio sobre sus preferencias y, en cambio, Engel sigue escribiendo sus columnas expresando sus puntos de vista personales.
Un académico puede decir lo que piensa y debe ser respetado sin estigmatizaciones, en tanto se remita a su espacio y a sus competencias, emitiendo juicios personales para que, quienes quieran escucharlo, se apoyen en sus ideas o las rechacen. Cuando confunde su papel y asume, más que el rol asesor, el de actor en un espacio político, sin asumir los costos y consecuencias de sus dichos y actos, se convierte en un tecnócrata que ignora que en democracia la deliberación ciudadana es la que tiene la palabra en las opciones de políticas, en este caso económicas, que le afectan.
Pero, dicho lo anterior, también hay que distinguir entre políticos serios y demagogos, pues escuchar la voz ciudadana para la toma de decisiones no significa restarse de darle racionalidad a la deliberación democrática. Ejemplos de demagogia hay muchos y, normalmente, son cercanas al populismo, con las graves consecuencias de gobernabilidad que generan sus prácticas, poniendo en riesgo a la propia democracia en la que los demagogos suelen escudarse para sus propuestas.
Acabamos de vivir un claro ejemplo de demagogia en la derecha a propósito de la iniciativa gubernamental de entregar un bono a los sectores de menores ingresos para enfrentar el alza de los combustibles y su impacto en dichos hogares.
Ante la emergencia y en ausencia de un mecanismo correctivo permanente como era el fondo estabilizador, parece del todo atendible que a través de un bono compensatorio el Estado se haga cargo de paliar los efectos del alza del petróleo en los hogares de menores ingresos. Salvo que los críticos de la derecha política que exigen ampliarlo a una imprecisa y cada vez más amplia clase media que también vería afectados sus ingresos con el alza de los combustibles, apoyaran su preocupación con medidas de financiamiento para la universalización del bono.
Y esta postura de parlamentarios de la Alianza por Chile, no sólo es demagógica porque reclaman soluciones desentendiéndose de su viabilidad financiera, sino porque es contradictoria con su sistemática negativa de compensar todos los riesgos de la población con iniciativas más estables y permanentes de protección. La ausencia de un fondo solidario de salud para financiar el Plan Auge, es la mejor demostración de ello, como lo han sido en general sus resistencias a financiar con impuestos el derecho universal a una educación de calidad para todos, así como las restricciones que han impuesto a los proyectos de reforma laboral y su reticencia a enfrentar una reforma del sistema previsional.
El verdadero debate abierto a propósito de la medida gubernamental de emitir un bono para algo más de 2 millones de chilenos, no es si éste debe ser extensivo a más hogares, sino si ésta es la forma de enfrentar el problema. En otras palabras, cómo se tiene un mecanismo permanente de compensación ante los riesgos sociales. En otros países democráticos, este debate se ha traducido en la creación y el financiamiento de un sistema de protección social, no sólo para los más pobres, sino para todos quienes pueden ser víctimas ante los diversos riesgos.
En Europa, con sistemas de bienestar operando y con normas laborales que equilibran las relaciones capital-trabajo, ningún gobierno se ve en la necesidad de bonos especiales ante alzas de combustibles que también afectan a sus sociedades. Se compensan los riesgos ante situaciones no controlables del mercado con determinadas certezas que constituyen derechos universales garantizados.
Los tecnócratas son aquéllos que en las soluciones que piensan y promueven dejan afuera, no sólo las voces, sino también los derechos de quienes son los destinatarios de sus propuestas. Los demagogos son aquéllos que, a nombre de los intereses del pueblo, de los pobres, de las capas medias u otras categorías sociales, promueven medidas e iniciativas inviables que, a la corta o a la larga, terminan pagando caro los mismo a quienes dicen defender y que, en la práctica, finalmente ven conculcados sus derechos.
Clarisa Hardy. Directora Ejecutiva de Fundación Chile 21.
