La expresión pública de su decisión de abandonar definitivamente la judicatura realizada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Guzmán Tapia, y sus incisivas apreciaciones sobre la función jurisdiccional, con abiertas críticas a la Corte Suprema, terminaron de subrayar el hecho evidente que nuestro máximo tribunal se enfrenta a una severa crisis en su ascendencia doctrinaria y de autoridad dentro del Poder Judicial.
Se aleja de la magistratura un juez cuya conducta independiente y transparente le cerró toda posibilidad de ascenso a la Corte Suprema. Sus declaraciones llegan en medio de un ambiente de fuertes roces y desencuentros entre el cuerpo de jueces y el máximo tribunal, con aplicación de sanciones por declaraciones hechas por magistrados en el ejercicio de funciones gremiales.
A lo anterior, debe agregarse la desorientación y tensiones generadas en los principales órganos de la reforma procesal penal: el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. En el primero, la investigación a un senador ha generado un serio conflicto entre una fiscal regional y el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, quedando este último bajo sospecha de una notable imprevisión o falta de juicio para ponderar adecuadamente aspectos importantes que competen a su servicio.
Por su parte, la Defensoría Penal ha experimentado, desde su nacimiento, contratiempos graves. Es cosa de recordar la dimisión del flamante primer Defensor Público, Alex Caroca. La reciente licitación por la Defensoría de los juicios previstos en la Región Metropolitana, y su adjudicación a consultoras con vínculos a una candidata presidencial, que a su vez fue la impulsora -como ministra de Justicia- de la reforma procesal penal, ha terminado en un cúmulo de sospechas de manipulación que están lesionando de manera grave la credibilidad de todo el sistema.
El problema en su conjunto está más allá de las consideraciones meramente técnicas. Si bien la solución de los problemas del Poder Judicial pasa, en gran medida, porque las facultades administrativas, financieras y disciplinarias que hoy ostenta la Corte Suprema estén separadas de las labores jurisdiccionales, radicándose en un organismo autónomo, distinto e independiente, la cuestión es mucho más profunda y toca al sentido mismo que tiene la función jurisdiccional en una democracia moderna. Particularmente en sus jerarquías o niveles más altos, en los cuales la identidad y sistemicidad sobre el desarrollo institucional del país cobra cuerpo.
De la misma manera, transformar la Defensoría Penal de un "subsidio a la oferta", como lo es hoy, en un "subsidio a la demanda", como lo sugieren analistas de la oposición, no soluciona el hecho que la reforma ha experimentado ya varios cambios -antes de ponerse en ejercicio de manera íntegra- que la retrotraen a situaciones propias de un procedimiento inquisitorio, el que se deseaba superar.
Peor aún, las funciones del Ministerio Público y de la Defensoría, fundamentales para consolidar una política criminológica moderna y un equilibrio jurisdiccional, son asimétricas, institucionalmente indefinidas en muchos aspectos, y quedan entregadas al buen criterio y la prudencia de sus directivos superiores, sin un adecuado sistema de contrapesos y controles en el conjunto de la institucionalidad del Estado.
Todos los temas reseñados no son un problema de ajustes meramente legislativos o una política de remiendos institucionales. Se precisa de un ejercicio más amplio y sistemático para encontrar respuestas estructurales a los problemas, el que sólo puede provenir de la dictación de una nueva Constitución.
Sería estéril que el país se desgaste en discusiones fragmentadas para responder a problemas que requieren de un tono doctrinario mayor, o que insistiera en remendar un cuerpo constitucional que, cumplido su ciclo histórico, está lejos de satisfacer los niveles de integración y flexibilidad que requiere el actual desarrollo institucional del país.
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