Hace unos días, un amigo que me acusa de tener una ética métrica y fundamentalista, me expresó su teoría de la Moral de la Salchicha, una versión económica y digerible de la ética de la responsabilidad, como la llamaba un señor de apellido alemán que no es Winter. Mi interlocutor sostenía que la moral de los hombres públicos chilenos no es laxa ni estricta, que éstos se mueven dentro de algo muy difuso que les permite adecuarse a cualquier situación, como una salchicha, que va bien con todo plato de arroz, ensaladas, puré o quizás papas fritas, y cuando ésta es más suculenta, es una longaniza, que además de sabrosa, es popular y nadie se indigesta con ella, no con dosis moderadas al menos.
La salchicha o la longaniza, que con el permiso de los comensales en esta columna las identificaremos simplemente como salchicha, tienen en común primero, que siempre acompañan bien cualquier o casi cualquier plato; segundo, son transversales y profundamente demócratas, se comen acá y por allá, choripanes y completos son imprescindibles a la hora de sentarse a descorchar una botella de vino, cuando a esa hora de la noche mi generación ya se ha sacado la máscara fashion y ha dejado de comer algo que suponen es sushi.
La salchicha, además, está con los tiempos, se quiere globalizar. Así el Dominó, clásico restaurante de calle Huérfanos donde nos chorreábamos hace algunos años no más con jugos y demases que provenían de un monumental completo, hoy entra en la disputa territorial abc1.
Hace unos días se hizo público el resultado del proceso en el que concursaron más de 900 abogados, directamente o a través de sociedades comerciales, con el objeto de adjudicarse por tres años el 100% de las defensas penales de la Región Metropolitana.
Los resultados del proceso, cuyo diseño y definición desconozco, arrojaron que la Universidad Miguel de Cervantes, que alberga un conjunto importante de académicos y directivos demócratacristianos, se quedó con el 48% del total, casi la mitad del todo.
La cuestión de la defensa licitada ya es en sí discutible, como lo ha sostenido desde su inicio el Colegio de Abogados. El ex ministro de Justicia, Francisco Cumplido, rector de dicha universidad, calificó como una «tontera» la crítica, justa o no, interesada o no, que hacía la UDI al hecho que tres personas cercanas al círculo de la candidata presidencial de la DC, Soledad Alvear, hayan tenido algún nivel de injerencia: su cónyuge, Gutenberg Martínez, es el socio de la adjudicataria; el subsecretario de Justicia, Jaime Arellano -y, en consecuencia, jefe superior, del cual en estricto sentido depende el servicio de la Defensoría Penal- fue asistente del primero- y; el Defensor Nacional, Rodrigo Quintana, ha sido, con todo derecho, un estrecho colaborador de la cónyuge del socio que se apropió del 48% de la defensa penal en Santiago y que significa, un ingreso trianual de tres mil 100 millones aproximadamente.
Tontera o no, la cuestión es que la licitación de la defensa penal supone un compromiso constitucional del Estado de Chile con, precisamente, las garantías ciudadanas más elementales, como las de la defensa racional dentro de un debido proceso, a cargo de un profesional competente y garantizando la relación abogado – imputado.
Tontera o no, usted no encontrará entre los abogados o sociedades adjudicatarias a los abogados penalistas del foro que cualquier bolsillo quisiera pagar por su consejo legal, ni tampoco a la Clínica de Interés Público de la UDP ni a igual entidad de la Universidad de Chile. Unos, porque los ingresos asegurados «por salida» son menores a los que éstos pueden generar privadamente y otros, porque -y me aventuro- entienden que el proceso de defensa penal debe estar en manos de abogados que, al igual que los fiscales, estén sujetos a estrictas normas de compatibilidades y donde el imputado no sea una salida que, calculada según determinadas variantes, resulte más o menos rentable.
De este modo, la respuesta de la Defensoría Penal ha sido una. ¿Está el procedimiento ajustado a ley?. Yo, con lo poco que he leído entiendo que sí, muy bien nos dirá el Defensor. ¿Hubo una comisión técnica evaluadora?. Sí, vamos a decir varios, entonces ¿cuál es el problema?. La verdad que parece que ninguno y ya a esa altura, muchos querrán ir al Dominó, total, no estamos indagando si quienes la conformaban fueron promovidos, precisamente, por el ex ministro de Justicia que dijo que ésta critica era una tontera o bien, por aquella mujer hasta hace unos meses ministra y que hoy nos convoca a hacer brillar el sol ¿de nuestras juventudes?.
Entonces no hay infracción de ley, no vamos a tener que responder.
Tampoco hubo presiones, no, suponemos. No podemos ingresar al fuero privado de los sujetos y apostamos por la confianza de nuestras autoridades.
Si no hay infracción de ley, no hay constancia de presiones. Entonces, nuestra crítica es una tontera.
Qué el Rector de la Universidad que se adjudicó la defensa del 48% del total de la Región Metropolitana haya sido ex ministro de Justicia y un reconocido alvearista en la DC, es sólo una mera comunión de intereses. O bien, que el socio de la adjudicataria sea el cónyuge de quien pretende dirigir los destinos del país y quien dejó instalada las bases del actual sistema, es una coincidencia. Ambos son abogados. ¿Qué les podemos pedir?, ¿qué se divorcien?, Ä„no! Y que quienes adoptan decisiones relevantes en el sistema procesal penal en marcha hayan sido miembros estrechos del círculo de la Chol, es un azar.
Encontramos al final un buen argumento, simple, pobre en su estructura nuclear, modesto moralmente pero que nos permitirá acompañar un buen plato de arroz.
A propósito de longanizas, Adolfo Zaldivar pide investigar estos hechos, supongo, inspirado en transparentar eventuales conflictos de intereses. Ahora la salchicha sirve y se acomoda. Dos años atrás cuando los ambientalistas pidieron que él y su hermano se abstuvieran de la discusión de la Ley de Pesca en el Senado, éstos se querellaron, hicieron valer sus fueros y que nadie dudara de nada. La verdad es que en cifras estábamos hablando de varios ceros más que los de la mitad de la adjudicación de la defensa penal en Santiago, pero hoy -pensará Adolfo- podemos blandir la salchicha contra quien le hizo la vida miserable en la última junta DC.
¿Usted sabe a ciencia cierta que tiene una salchicha?.
Yo ni remotamente, tanto como no me quedó muy claro lo que trataron de explicar los que se beneficiaron con el 48% de la Defensa Penal en la Región Metropolitana.
En fin. Ä„Cosas de salchichas!
Luis Correa Bluas. Abogado. Máster En Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid.
