El Senado de Chile, según lo señala nuestra legislación, tiene la obligación de pronunciarse sobre el envío de tropas chilenas al exterior. En razón de dicho mandato, el Senado se encuentra analizando desde hace ya bastante tiempo, todos los antecedentes necesarios para adoptar una correcta decisión sobre la permanencia de las tropas chilenas estacionadas en Haití, en el marco del proceso de pacificación y restablecimiento institucional iniciado por Naciones Unidas.
No es una decisión fácil, por lo que el Senado ha decidido entregar a sus miembros la más completa información requerida, para dar una respuesta realista y acorde con los objetivos internacionales de Chile.
Es por ello que se ha organizado una delegación de parlamentarios representativos de los distintos sectores políticos, la que actualmente se encuentra visitando Haití desde el 25 de abril recién pasado, y cuya misión principal es poder conocer en terreno la realidad del trabajo de nuestros efectivos.
Dentro de los preparativos para dicha visita, las Comisiones Unidas de Defensa y Relaciones Exteriores de nuestra Corporación recibieron una acaba exposición por parte de los Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores el pasado 13 de abril, en donde se abordaron temas como la actual situación de la isla, los nuevos roles asumidos por la fuerza militar chilena y los gastos y formas de financiamiento proyectados para la misión.
Los dos grandes aspectos que debemos considerar como Senado, lo constituyen sin duda, el financiamiento del despliegue militar chileno y los objetivos planteados para la participación de nuestras tropas en esta segunda fase establecida por Naciones Unidas.
Las estimaciones recientemente entregadas por el Gobierno señalan que los gastos proyectados hasta 2006 ascenderían a la suma de 16 millones de dólares. Cabe recordar que al momento de la primera autorización para la salida de tropas chilenas, la Ministra de Defensa de la época Michelle Bachelet nos informó que sus costos no sobrepasarían los 5 millones de dólares.
Esta nueva estimación nos produce como Senado una justificada inquietud sobre los antecedentes y análisis en poder de nuestras autoridades de Gobierno responsables de la materia, haciéndonos reflexionar acerca de la situación.
En cuanto a los objetivos propuestos para esta segunda fase de la misión en la isla, Naciones Unidas ha expresado un compromiso de «largo plazo con la institucionalidad de Haití», estableciendo como una de sus metas más concretas la «democratización» de la isla.
Lo anterior resulta también preocupante, pues constituyen referencias sin límites concretos en el tiempo que podrían llevarnos a plazos indefinidos en el retiro de nuestras tropas, pasando a constituir éstas una verdadera «fuerza de ocupación», lo que desvirtuaría por completo los objetivos originalmente planteados para nuestra participación. Igualmente sería del caso conocer con precisión la postura que adoptaran al respecto otros países miembros de las fuerzas establecidas en Haití, especialmente Brasil y Argentina.
El Senado deberá evaluar y resolver serenamente los propósitos y antecedentes del Gobierno en esta misión, para así determinar en forma precisa si éstos continúan siendo los que originaron el envío de nuestras tropas, o si el Ejecutivo tiene en mente objetivos y elementos adicionales que sería importante poder conocer por parte del Senado y la ciudadanía, para así permitir que nuestra Corporación tome una decisión transparente e informada.
Sergio Romero P., Presidente del Senado.
