La participación no es tan sólo un derecho de los ciudadanos para debatir y resolver sus asuntos y problemas, es un recurso fundamental para la ejecución de los programas sociales del Estado, es el capital social. Hay dos modalidades de participación: la consultiva y la deliberativa, hoy la gente está reclamando una mayor participación deliberativa y no acepta seguir siendo manipulada por formas meramente consultivas, solo «pa’salir en la foto» –photo opportunity, dicen los anglosajones-. Ésta es la razón por la cual la población se muestra renuente a la participación y ausente en las instancias previstas para representar sus necesidades, deseos y voluntades. Según la mayor parte de las encuestas, los temas de mayor preocupación para la población son: el desempleo y la pobreza – distribución del ingreso-, la salud y la seguridad ciudadana, en estos dos últimos asuntos la participación social, comunitaria o ciudadana es un recurso clave para resolver problemas y alcanzar metas concretas.
1. Participación y salud
La reforma de la salud -AUGE- es un gran compromiso y esfuerzo del Gobierno de la Concertación para garantizar la mayor cobertura sanitaria de la población, lo que está creando una gran expectativa entre la población, y que en consecuencia generará una demanda por servicios de salud que puede llevar al colapso del sistema. Eso si no se cuenta con una participación activa de la población que asuma desde la perspectiva del capital social la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. De tal manera que estas acciones contengan la demanda por la atención primaria de salud, de la misma manera que la mejor calidad y mayor capacidad resolutiva de la atención primaria contengan la alta demanda por la atención de emergencia y especialidades. Sólo así los recursos sanitarios serán eficaz y eficientemente utilizados para asegurar una universal, oportuna, pertinente atención y rehabilitación en salud.
La doctora Michelle Bachelet, en una reciente entrevista, ha manifestado que si es Presidenta su prioridad en salud será: «Concretar la reforma, aumentar la resolutividad de la atención primaria e incrementar fuertemente los programas de prevención y promoción que permitan un cambio de modelo en salud»(1).
Lo apremiante es contener la demanda por atención de urgencias y especialidades, mediante una eficiente atención primaria. Pero el cambio de modelo en salud consiste precisamente en contener la demanda por atención primaria mediante una vigorosa acción de promoción de salud y prevención de enfermedades, que se despliegue desde la atención primaria de las redes de salud, convocando a la organización a las comunidades que atienden para la realización de las acciones específicas de promoción y prevención. Se trata, en definitiva, de acercar las redes de salud a las redes sociales. Si no se cuenta con el capital social de las comunidades para la realización de la promoción de la salud y prevención de enfermedades al nivel de la atención primaria, el sistema nacional de salud colapsará ante la demanda que están generando las expectativas de la reforma.
2. Participación y Seguridad Ciudadana
Otro tema de preocupación entre la población nacional es la seguridad ciudadana, sobre todo porque ha sido mediáticamente manipulado por la oposición, lo que no niega la legítima preocupación y demanda de la población por seguridad. El control del delito mediante su represión ha mostrado su eficiencia en Chile con una de las más altas proporciones de población penal del mundo.
En la entrevista a Michelle Bachelet, antes referida, a la pregunta: ¿Su primera prioridad, si es Presidenta, con la delincuencia? Respondio: Mano dura. Pero trabajando con la comunidad para que sea parte de la solución. La delincuencia no es producto de la pobreza, sino de violencia intrafamiliar, alcoholismo, droga… El ex ministro del interior de Gran Bretaña, David Blunkett, ha sintetizado la doctrina del Partido Laborista en la lucha contra el delito con la consigna: «duro contra el crimen – duro contra las causas del crimen». Las causas del crimen se intervienen mediante la prevención del delito.
Hasta ahora en Chile la prevención del delito se ha centrado en la prevención situacional, la que se ocupa de generar condiciones locales adversas a la realización de los actos delictuales, tanto mediante el acondicionamiento del equipamiento urbano -iluminación, visibilidad, transparencia, limpieza, etc.-, como mediante la organización social y su cooperación con la policía – vigilancia electrónica, patrullaje, sistemas de alarma, etc.-. Todo lo cual, si bien previene la circunstancia local de la ejecución del acto delictual, no interviene ni las condiciones determinantes del delito ni sobre la voluntad del delincuente.
Una seguridad ciudadana integral y democrática requiere de una prevención social del delito que mediante la mediación y la gestión de los conflictos intracomunitarios por parte de las mismas comunidades organizadas, que constituyen el capital social, evite que estos deriven en problemas delincuenciales a causa de la violencia intrafamiliar, violencia callejera, violencia juvenil, etc., o que propaguen el temor a esos hechos entre la población. Sin participación social activa, que asuma, procese, delibere y resuelva los conflictos intracomunitarios no es posible llevar adelante la prevención social del delito.
3. Participación y pequeño delito
Un ámbito específico de la seguridad ciudadana y la participación comunitaria es el problema del pequeño delito. La reforma procesal penal agiliza la justicia pero al no hacerse cargo del pequeño delito, que es el que más afecta a los sectores populares, genera sensación de impunidad y frustración. Es necesario implementar instancias sociales de participación e institucionales de resolución de conflictos que se hagan cargo del pequeño delito, la prevención social. Sobre todo en la gestión de conflictos entre jóvenes y adultos, es un asunto de participación social o comunitaria, mientras en lo institucional debe instaurarse la mediación y reparación entre víctimas y victimarios, la competencia de los juzgados de policía local para sancionar los acuerdos reparatorios, etc.
3.1. El impacto social del pequeño delito
La población nacional es víctima principalmente del pequeño delito. Así, del 45% de las familias que se vieron afectadas por algún hecho delictual en el último año, el 13% han sido víctimas de robo en sus automóviles (3), el 8% de robo con fuerza, 7% de hurto y el 5% de robo con sorpresa. La poca gravedad atribuida a esos delitos queda señalada por la frecuencia de penas menores de 3 años con que fueron sancionados los inculpados. Así, el 97% de los condenados por hurto y el 56% de los casos por robo lo fueron con penas menores a tres años.
Los jóvenes aparecen como los principales actores en los delitos que mayor temor y victimización causan en la población nacional: el 73% de los aprehendidos por robo [con fuerza, violencia o sorpresa] son menores de 25 años, también, el 55% de los detenidos por hurto son menores de 25 años (4).
Muchas de las conductas de riesgo como el uso de alcohol y drogas, accidentes, intensa vida afectiva y sexual, violencia activa y pasiva, etc., acontecen mayoritariamente entre el grupo etario de los 12 a 25 años, debido a que los jóvenes en el proceso de conocimiento y aprendizaje de su entorno social y del medio ambiente natural, de ensayo de sus capacidades y respuestas, necesariamente deben asumir tales riesgos y gestionar sus daños.
Además, con este grupo etario la sociedad y sus instituciones tienen una gran deuda: ellos son mostrados y percibidos como la mayor amenaza para la tranquilidad social y la seguridad ciudadana; sin embargo, son las mayores víctimas de inequidad, la exclusión -tiene el triple del desempleo que los adultos- la falta de oportunidades, de acceso a la educación, a la satisfacción de sus necesidades y deseos, a los medios de expresión, etc.
3.2. La reforma procesal penal y el pequeño delito
La reforma procesal penal pone en obra su garantismo, para así hacerse cargo de los hechos más graves para la sociedad, mediante el principio de oportunidad de la acción penal, lo que le permite a la fiscalía no llevar a proceso a quienes ameritan una pena inferior a 3 años debido al tipo y circunstancias de la infracción cometida.
Si bien los pequeños delitos no son graves para el conjunto de la sociedad estos tienen un fuerte impacto en las víctimas individuales y sus entornos inmediatos [familia, vecindario, compañeros de trabajo, etc.]. Téngase presente que el crimen organizado o el delito de cuello blanco pueden tener un gran efecto en el conjunto social, pero la población individualmente considerada no se siente afectada por esos hechos, es por esto que no existen las denuncias por tráfico de drogas. La no sanción para el pequeño delito termina por generalizar una sensación de impunidad entre la población, lo cual es empleado publicitariamente por los medios de comunicación [mayores ventas o audiencias] y usado políticamente por la oposición para deslegitimar la gestión del gobierno.
3.3. Un sistema alternativo al tratamiento penal del pequeño delito
La aplicación de la actual reforma procesal penal no ha previsto un sistema alternativo al penal que se haga cargo del pequeño delito, de sus actores: víctimas y autores. No se trata de retroceder a la intervención penal para todos y cada uno de los hechos delictivos menores, lo cual congestiona de tal manera al sistema penal que termina por generalizar la impunidad tanto para los delitos menores como para los crímenes graves.
El sistema a instituir para el tratamiento del pequeño delito debe ofrecer reparaciones efectivas para las víctimas, con cargo a los autores o en su defecto con cargo a la sociedad y sus instituciones públicas: seguros contra robos a los bienes de uso durable -balones de gas licuado, cocinas, televisores, herramientas, etc. Asimismo este sistema debe ofrecer y proveer alternativas creíbles y viables para que los delincuentes, sobre todo jóvenes, puedan hacer un empleo lícito de sus habilidades y recursos, de tal manera que su existencia no dependa del empleo ilícito de sus potencialidades. Téngase presente que las conductas delictuales menores son indicadores tanto de un inicio en la deriva delictual como de un bajo compromiso con ese modo de vida delictuoso.
Notas:
(1) La participación social, comunitaria o ciudadana si bien no son lo mismo, ya que se refieren a distintas extensiones sociales y ámbitos de decisión, en un sentido lato las empleamos aquí como similares.
(2) Entrevista a El Mercurio, 3 abril 2005, p. D17.
(3) La información del INE y la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior señala que el 33,2% del 38,2% las familias que tienen automóviles han padecido un robo o hurto desde ellos, eso hace el 12,7% de todas las familias.
(4) Paz Ciudadana, 2002.
Ibán de Rementería. Corporación Ciudadanía y Justicia (Valparaíso).
