La decisión de la Corema X Región de no cerrar la planta de celulosa Celco, a pesar de haberse establecido su directa responsabilidad en la contaminación del río Cruces, habla una vez más de la necesidad de formular cambios profundos en la política ambiental del país, problema que incluso ha sido identificado por organismos internacionales.
Como parte del proceso de incorporación plena a la OCDE, Chile se sometió a una evaluación voluntaria del desempeño de la gestión medio ambiental del país. El informe final incluye un breve diagnóstico de los distintos sectores analizados, además de más de cincuenta recomendaciones para mejorar la gestión ambiental del país.
Si bien las autoridades han recibido el informe positivamente, reiterando el reconocimiento a los avances en políticas medioambientales alcanzados durante el período 1990-2004, la verdad es que una mirada más objetiva reconocería la profunda crítica que subyace en el informe y especialmente lo que implican las 52 recomendaciones a la gestión ambiental de los últimos años.
Tomando el documento en su conjunto, las principales conclusiones apuntan a los cinco ejes que debe centrarse la ineludible reforma ambiental que tendrá que enfrentar el próximo gobierno, algo que Fundación Terram ha venido planteando constantemente durante los últimos años.
Primero la necesidad de fortalecer y ampliar considerablemente las instituciones ambientales, tanto a nivel nacional como regional, así como resolver las evidentes falencias en materia de fiscalización medio ambiental, a través de un mecanismo de ventanilla única. El informe, muy tímidamente, propone una suerte de ‘inspector ambiental’ dedicado a la fiscalización y a los temas normativos. Este planteamiento incluso se encuentra en el programa del actual gobierno, en lo que entonces se denominó Superintendencia Ambiental.
En segundo lugar, es imperativo avanzar hacia instrumento de ordenamiento y gestión territorial, a nivel regional y local, y especialmente en relación a la gestión integral de las cuencas hidrográficas, otro tema destacado en el informe, así como instrumentos de gestión ambiental integral, como las evaluaciones ambientales estratégicas. Además, se hace necesario atender los crecientes conflictos por el uso del territorio, a través de mecanismos de zonificación, especialmente para gestionar sustentablemente la acuicultura.
Tercero, en materia de biodiversidad, introducir una visión estratégica incorporando las crecientes áreas privadas de conservación ecológicas con el SNASPE, no sólo como instrumentos de conservación de la biodiversidad, sino también como mecanismo eventuales para la promoción del desarrollo local, creando oportunidades económicas a través de, por ejemplo, del turismo.
Cuarto, introducir decididamente instrumentos económicos en la gestión ambiental, especialmente en el ámbito fiscal, como impuestos o cargos a la contaminación, fundados en el principio de quien contamina paga, especialmente en la acuicultura,. Asimismo, reconoce la aplicación de royalties o de captura de rentas como mecanismo para la gestión medio ambiental, específicamente en la minería. Finalmente introducir subsidios para asegurar la provisión de ciertos servicios ambientales como, por ejemplo, en la gestión sustentable de bosques nativos.
Quinto, mejorar y desarrollar la participación ciudadana, no sólo en el sistema de evaluación ambiental, sino también en programas de gobierno y en lo que finalmente constituye una voz en el modelo de desarrollo local, a través de la participación ciudadana en la evaluación estratégica ambiental. Por cierto con mecanismo expeditos y transparentes de acceso a la información pública.
Estos cinco ejes han sido propuestas permanentes del mundo ambiental. De hecho, en cada uno de estos temas, Fundación Terram ha elaborado una propuesta específica. Sin embargo, estas propuestas han sido recibidas con resistencia o a lo menos indiferencia por las actuales autoridades.
La verdad es que este informe, diplomático como es, al igual que los distintos conflictos y crisis ambientales de las cuales hemos sido testigos en el último año, viene a confirmar lo que es ya un consenso generalizado entre los distintos actores dedicados al tema medio ambiental: urge un reforma medio ambiental y ésta debe ser una de las principales tareas del próximo gobierno.
Rodrigo Pizarro. Director Ejecutivo Fundación Terram.
