La afirmación del Presidente Lagos de que todo lo ocurrido con la planta de Celulosa Arauco y Constitución (Celco) de Valdivia puede dañar la credibilidad de Chile merece al menos dos lecturas. La primera se enraíza con una de las aseveraciones-base del Gobierno: aquélla de que ‘en este país las instituciones funcionan’. La segunda es que precisamente el deficitario funcionamiento de entidades que se presupone técnicas ha forzado la intervención política (en este caso, de las más altas autoridades de La Moneda) en un tema que hace ya rato traspasó la fronteras de la conmoción y el asombro de la sociedad chilena y que hoy está siendo examinado en esferas internacionales.
Porque a pocos puede caberle duda de que tras la decisión del directorio de cerrar ‘transitoria y voluntariamente’ su planta sobre el Río Cruces en Valdivia estuvo la intervención de La Moneda -implícita tras las palabras de Lagos. Pero fue también hace seis meses una instrucción explícita de La Moneda la que ordenó a la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) respectiva disponer la paralización temporal de la misma industria.
Ambos gestiones gubernativas ocurrieron tras quedar al descubierto la total inoperancia de una institución y una normativa (en este caso la ambiental) que tenía a la vista argumentos y fundamentos esencialmente técnicos (estudios elaborados a pedido de la propia Corema) demostrando con fundamentos científicos irrefutables que era la operación de la planta de Celco, cuyos desechos tóxicos habían alterado sustantivamente la composición del agua y la flora del Río Cruces.
La decisión de la Corema adoptada a inicio de junio de permitir el funcionamiento de la planta constituyó una suerte de ‘escape hacia adelante’, un intento de burlar el espíritu (aunque no la letra) de la normativa. Un informe emitido a fines de mayo por el Comité Operativo de Fiscalización (COF) autorizó a verter metales pesados pero ‘con una concentración que no exceda los límites máximos del río (…) aguas arriba de la actual descarga de la planta’. Añadía que si Celco deseaba ‘evacuar concentraciones diferentes (mayores) a las establecidas en el límite que proporciona la calidad del río, la concentración que se acepte será la que se establezca luego de la evaluación ambiental correspondiente’.
Sobre esta base, la Corema resolvió permitir el funcionamiento de la industria…sólo que redujo en un quinto su capacidad de procesamiento y, por tanto, de los residuos de aluminio, sulfatos y manganeso resultantes de la producción de celulosa. Este permiso se otorgó sobre la base de los límites máximos permitidos por el Decreto Supremo 90, pero organizaciones ambientalistas sostienen que sólo puede ser aplicado una vez evaluadas ambientalmente las descargas. Este no no ha sido el caso.
Pero aún más extraño es que lo aprobado por el ente fiscalizador ambiental difiere entre lo aprobado y lo recomendado. Así, el acta del COF del 18 de mayo pasado sugiere incorporar los parámetros de aluminio, sulfatos y manganeso al programa de seguimiento de las actividades de la planta de Celco, aunque no figura dentro de la propuesta que presentó a la Corema una semana más tarde. Su inclusión resultaba forzosa porque son precisamente los parámetros incluidos en el DS 90, y porque el único estudio científico efectuado en el Río Cruces -el de la Universidad Austral- determinó que la ‘interacción hierro-aluminio es la clave de lo ocurrido en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter’.
Una vez más, en este punto se advierte la confrontación de una opinión técnica (la del COF y, antes, la de la Universidad Austral) con otra política (la decisión de utilizar un decreto).
Tampoco funcionaron las instituciones -en este caso la administración de justicia- cuando una sala de la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia de prohibir el funcionamiento de la planta. El considerando octavo del fallo del máximo tribunal chileno citó dos informes como fundamentos para su decisión. El primero, un informe realizado por el Centro EULA de la Universidad de Concepción que exculparía a la planta de la producción de hierro, y en segundo lugar, los ‘dichos de investigadores de la Convención Ramsar en cuanto a que no existe evidencia empírica de que la planta Valdivia sea la causante de una contaminación en el río Cruces’.
Ambos fundamentos quedaron absolutamente invalidados en los días siguientes El centro EULA de la Universidad de Concepción precisó que jamás había elaborado un informe como el citado, mientras que la Cancillería aclaró que el informe de la misión científica de la Convención Ramsar -que concluiría que la planta de Celco no sería la principal responsable de la muerte de los cisnes de cuello negro- no ha llegado a Chile y las eventuales copias que circularían en el país carecen de validez oficial.
Pero faltaba aún más. Celco atribuyó la cita del supuesto informe como un ‘error involuntario’, y el máximo tribunal decidió mantener su fallo porque las rectificaciones posteriores de la empresa -que fueron prontamente introducidas al fallo original- eran ‘de forma, no de fondo’.
Fueron colegas de los propios magistrados del máximo tribunal -la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral- quienes reprocharon que los jueces estaban obligados a examinar las pruebas presentadas ‘conforme a las reglas de la sana crítica’, a ‘respetar las normas de la lógica, del sentido común y del razonamiento científico’ y a ‘cerciorarse de la autoría’ de los informes y ‘entender los informes técnicos sobre los cuales basa su decisión, antes de emitirla’.
Este ‘notable abandono de deberes’ que ha puesto ‘en juego la confianza de la opinión pública en los tribunales’ y figura dentro de los casos ‘más graves en materia de administración de justicia’ (palabras todas de los parlamentarios) motivó a algunos diputados de la coalición gobernante y de la oposición a presentar una acusación constitucional en contra de los jueces que intervinieron en este ‘fallo fallado’.
Tiene razón en preocuparse el Presidente Lagos. Todo el episodio vinculado a Celco ha estado plagado de irregularidades, contradicciones entre instancias técnicas (por tanto, supuestamente neutras) y políticas, decisiones ex pos ( nunca preventivas), marchas y contramarchas, vacíos normativos y de decisiones gubernamentales desbordadas’ por el cabildeo y las presiones de la gran empresa. No ha sido el único pero seguramente tampoco el último caso. Gran parte de la normativa y de la institucionalidad ambiental, pero también energética y tributaria expresa el mismo e irresuelto dilema que no han podido (o querido) resolver ‘los hombres del Presidente’: cuánto más regular sin ser motejados de estatistas, cuánto más ‘dejar hacer’ al mercado sin pecar de negligentes.
Nelson Soza Montiel. Periodista y Magíster en Economía.
