La mentira que mató a la institución ambiental - El Mostrador

Lunes, 11 de diciembre de 2017 Actualizado a las 21:44

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La mentira que mató a la institución ambiental

por 17 junio, 2005

Razón tiene el Presidente Ricardo Lagos para estar disgustado con Celulosa Arauco y Constitución (Celco), empresa que entregó información falsa a la Corte Suprema a fin de obtener un fallo favorable a su deseo de mantener su cuestionada planta de Valdivia en operaciones. Planta que como es sabido, ha sido señalada en estudios científicos de la Universidad Austral como directa responsable de la muerte de los cisnes de cuello negro que habitan el Humedal Carlos Andwandter. El Presidente Lagos calificó la situación como "muy seria y muy compleja", tan compleja que Celco ha anunciado el cierre voluntario de la planta hasta que se aclaren las condiciones técnicas y jurídicas que debe cumplir para su funcionamiento.



Celco enfrentaba serios problemas por no haber respondido con transparencia ante los cargos de contaminar el humedal y causar la muerte de los cisnes de cuello negro que lo habitan. Pero al atribuir falsamente un estudio propio al internacionalmente reconocido Centro EULA de la Universidad de Concepción, a fin de lograr que la Corte Suprema le diera autorización para seguir operando, sólo ha agravado sus problemas.



Decir que Álvaro Ortúzar y Pedro Águila -los ahora renunciados abogados de Celco- faltaron a la verdad es una forma educada de decir lo obvio: que en realidad pretendieron burlarse de la Corte Suprema. Y sin ningún recato, el Director de Asuntos Corporativos de Celco, Charles Kimber, lo califica como un "error involuntario", lavándose las manos del tema.



Pero más vergonzoso aún es que la Primera Sala del máximo tribunal -compuesta por los ministros Eleodoro Ortiz, Jorge Rodríguez y Domingo Kokisch y los abogados integrantes René Abeliuk y Oscar Carrasco- resuelva con singular desaprensión que el falso documento entregado se considere como un simple error de redacción que están dispuestos a corregir sin más.



Estamos de acuerdo en que lo actuado por estos jueces debe ser materia de una investigación parlamentaria por notable abandono de deberes. Ningún tribunal, menos aún la Corte Suprema, puede admitir pruebas falsas, especialmente cuando se las pretende pasar por pruebas contundentes que exculpan a la parte imputada. Aceptar pruebas falsas y luego, revelada su falsedad, acomodar como si nada el fallo en la forma pero no en el fondo, es a mi entender prevaricación, una perversión de la justicia.



El 8 de junio, en entrevista con El Mercurio, e interrogado sobre la controversia que se levantó tras presentar pruebas falsas, el abogado Ortúzar no tuvo más respuesta que argumentar que "era un error involuntario" y pedir que se creyera en su "honor de abogado".



Dijo Ortúzar: "Solamente cabe responder que este cúmulo de difamaciones no hace más que retratar a quienes las profieren, pues no tienen ningún interés en la verdad y no trepidan en mancillar el honor para imponer como sea sus puntos de vista. Mi prestigio y honorabilidad hablan por sí solos y no necesitan defensa".



Para su mala fortuna, la nueva fama del abogado Ortúzar habla por sí sola. Me imagino que el Colegio de Abogados algo tendrá que decir sobre el tema.



Razón tiene Lagos para enojarse, sobre todo cuando la siempre controvertida industria forestal deja la imagen ambiental chilena por los suelos. Lagos sabe que cuesta mucho recuperar la credibilidad que se pierde. Como dijo correctamente un editorial del 7 junio de El Mostrador.cl, "Â…el éxito internacional de Chile depende cada vez más de sistemas limpios de producción, de instituciones transparentes y de una democracia estable y respetable, que exhiba no sólo exitosas tasas de crecimiento económico sino una clara conciencia de lo que es el bienestar de sus ciudadanos."



El Presidente agrega que "Â…lo que está en juego es la credibilidad del país, no solamente respecto de esta empresa, sino de la industria forestal. En un mundo global damos examen todos los días, también en este campo", por lo que enfatizó que su obligación es velar "por lo que es parte de la riqueza de Chile, como es la industria forestal", para que "tenga el nivel que debe tener a nivel mundial desde el punto de vista de la respetabilidad de las normas medioambientales".



El Presidente se jacta a menudo de que éste es un país en que las instituciones funcionan, pero en el área ambiental el Presidente se equivoca. La verdad que todos saben es que la CONAMA, organismo técnico del Estado que debe evaluar la viabilidad ambiental de los proyectos industriales, encargada por ley de velar por el cumplimiento de las normas ambientales, es un tigre de papel.



En sus 10 años de existencia la CONAMA ha tenido ocho Directores Ejecutivos. Cada uno ha salido de su puesto por la intromisión política que ha permitido fiascos como el de Celco.



En Valdivia, Celco no respetó la norma ambiental e impugnó los estudios de daño ambiental elaborados por científicos de la Universidad Austral. La CONAMA dictó sanciones menores pero permitió el funcionamiento de la planta de Valdivia, haciendo caso omiso de los antecedentes científicos.



Y si la CONAMA le permite operar, Celco sabe que puede convertir sus compromisos ambientales en Valdivia en letra muerta. En la VIII Región Celco tampoco ha respetado los estudios de impacto ambiental para la Planta Itata en Nueva Aldea. Ahí se está levantando una planta dos veces más grande de lo que dijo que iba a construir. Nos preguntamos qué estará pasando en la planta de Celco en Laraquete, provincia de Arauco, y en las dos plantas que tiene en la VII Región.



Señor Presidente, las instituciones ambientales no funcionan, y no funcionan porque es sabido que la autoridad política desautoriza a los órganos técnicos mandatados para entregar una opinión técnica sobre el real impacto de la actividad industrial sobre el medio ambiente.



Hagamos memoria: cuando la minera canadiense Noranda proyectaba construir una planta procesadora de aluminio en Puerto Chacabuco, Aysén, mientras todos los estudios ambientales indicaban que no se debía construir, todos los estamentos políticos daban por hecho su construcción. En la IV Región, Barrick Gold, otra minera canadiense, ha sido autorizada para explotar el proyecto Pascua Lama, una mina de oro cordillerana en la frontera con Argentina. La CONAMA tiene reparos, pero hasta ahora el proyecto sigue inmutable su curso a pesar del grave daño ecológico que podría sufrir el Valle del Huasco tras la inédita "mudanza" de tres glaciares que se pretende hacer. El Valle del Huasco tiene un importante potencial de desarrollo sustentable, mucho más allá de los 20 años que duraría Pascua Lama.



En Santiago, el emblemático Plan Transantiago podría ser la solución final a la contaminación atmosférica, acústica y visual que causan las tristemente célebres micros, sin mencionar las constantes muertes que causan los energúmenos que predominan en el mal llamado transporte público. Pero resulta que buena parte de la operación del Transantiago se está entregando a algunos de los mismos incapaces que día a día han violentado a la ciudad y a sus habitantes durante los últimos 40 años.



Por otro lado, según informó el 6 de junio la Revista del Campo de El Mercurio, la CONAF no ha publicado ni entregado el informe de la Comisión Ramsar sobre los humedales de Chile. La CONAF tampoco cuenta con recursos propios para resguardar el patrimonio. Recordemos el tiempo que se demoró en responder ante siniestros que consumieron grandes extensiones de terreno que forman parte de una importante industria turística.



Claro, como bien dice el Presidente Lagos, las instituciones funcionan. Salvo cuando se trata de las instituciones ambientales; ahí sólo hay letra muerta. Chile ha firmado tratados ambientales y en sus acuerdos de libre comercio hay capítulos dedicados al medio ambiente. Pero las empresas saben que diga lo que diga la CONAMA, al tigre de papel usualmente le doblan la mano desde La Moneda.



El Presidente tiene razón al preocuparse de la imagen de Chile, pero la solución pasa por una política destinada a proteger el medio ambiente, no a flexibilizar las exigencias ambientales para beneficio empresarial. Lagos debe reconocer que su gobierno ha impedido que la CONAMA actúe y que en materia ambiental exhibe total inconsecuencia.



El gobierno firma acuerdos internacionales de libre comercio que cuentan con capítulos ambientales y promulga leyes ambientales a la última moda. De nada sirve cuando el mismo gobierno permite luego una industrialización descontrolada que arrasa con el medio ambiente.



El gobierno de Lagos tiene una gran deuda en el área ambiental. Celco es sólo la muestra más reciente de lo que ocurre cuando constantemente se hace tabla rasa de las normas ambientales. El daño a la imagen ambiental no sólo afecta la imagen país sino también la credibilidad de otros sectores, como son las regulaciones y las instituciones.



Recordemos que Chile exporta productos agroindustriales y del mar y está desarrollando la industria del turismo. Un país con mala imagen en el plano ambiental no puede insertarse a plenitud en esos mercados mundiales, y Chile corre ese riesgo. Con razón está preocupado el Presidente, pero la responsabilidad es de su propio gobierno por permitir que las empresas burlen la normativa ambiental.



Los cisnes muertos en el humedal de Andwandter son el canario de la mina que viene a advertirnos sobre el fracaso de la CONAMA y la connivencia del gobierno con empresas y empresarios de miope visión cortoplacista para quienes el medio ambiente es sólo un insumo más. El problema es que cuando lo hayamos destruido, ¿de dónde sacaremos otro?





Jorge Garretón. Periodista y corresponsal de medios de EE.UU. y Canadá en Chile.


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