Sólo Celco detuvo a Celco - El Mostrador

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Sólo Celco detuvo a Celco

por 18 junio, 2005

El cierre de la planta de celulosa Celco es, sin duda, un motivo de celebración. Es también un triunfo de la ciudadanía -especialmente de la comunidad organizada en Valdivia-, que gracias a su presión y constante participación en campañas lograron sensibilizar a la opinión pública, al Gobierno y al sector económico.

Sin embargo, esto claramente no es suficiente. Es necesario pasar de compromisos explícitos a hecho concretos. Celco debe dar garantías de que la apertura de la planta no generará impactos ambientales en el Santuario Carlos Anwandter, lo que probablemente requiere un cambio tecnológico sustantivo. De otra manera tendrá que mantenerse cerrada, con todos los costos económicos que eso significa.

No obstante lo anterior, es el rol de la Conama y, en general, el sistema institucional ambiental lo que hoy día queda en entredicho. Ya era evidente que Celco era la responsable del impacto ambiental en el Santuario a medidos del año pasado, además de que se constataban irregularidades en el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental. La institucionalidad simplemente no reaccionó e inclusive denostó la acción ciudadana. La propia Conama ha brillado por su ausencia y confusión, debiendo ser quien lidere el tema al interior del Gobierno y presione por acciones decididas. Si es que el ecosistema del Santuario no es recuperable, la principal institución responsable será la Conama.

Pero aquí existe una reflexión mayor. Independientemente de responsabilidades directas de algunas instituciones del Estado como Conama y Conaf, es evidente que la institucionalidad ambiental en su conjunto fracasó y la principal lección de este conflicto, como otros en el ojo público, es la urgente necesidad de una reforma ambiental sustancial.

Al analizar el caso desde un punto de vista más amplio, existen vicios desde el inicio de este proceso. En primer término, no cabe duda de que el problema principal es que la empresa optó por ubicarse en un lugar ambientalmente sensible, decisión que no puede intervenir la Corema. Ello demuestra la necesidad de avanzar hacia un sistema institucional ambiental más sofisticado introduciendo instrumentos de gestión y ordenamiento territorial que actualmente no existen.

En segundo lugar, la empresa optó por una tecnología anticuada, basada en el cloro como sistema de blanqueo. Nuevamente un error profundo. A nivel mundial, precisamente debido a los enormes impactos ambientales, esta tecnología se encuentra en retroceso, introduciendo sistemas más limpios basados en el oxígeno. Nuevamente la Corema no tiene atribuciones para intervenir esta decisión de la empresa.

En tercer lugar, dada la ubicación de la planta y del sistema tecnológico propuesto, la Corema de todas maneras -y a pesar de informes técnicos negativos- entregó el permiso ambiental o la denominada resolución de calificación ambiental, incorporando una serie de exigencias y mecanismos de mitigación, pero finalmente autorizando los vertidos al río Cruces y finalmente al Santuario. Sin embargo, la Corema, y su instituto técnico, la Conama, no tenían absolutamente ninguna idea de la capacidad de carga del río o del Santuario. Los permisos se entregaron sin información científica real, lo que posteriormente se comprueba una vez que la planta había entrado en operación.

Esto nos lleva a la tercera lección: no sólo debe haber información científica independiente y razonable sobre los ecosistemas sino, además, cuando se trata de proyectos de inversión de esta magnitud, es necesario realizar una evaluación ambiental estratégica. Es decir, revisar los impactos ambientales en el contexto del ecosistema global. Este tampoco es un instrumento de gestión ambiental con que actualmente cuente el Estado.

Finalmente, la fiscalización de las autoridades fueron nulas. Sólo las denuncias de los ciudadanos a los medios de comunicación por la muerte y migración de miles de cisnes de cuello negro movilizaron la atención hacia este desastre ecológico. Las gestiones de la autoridad ambiental en el tema fueron totalmente deficientes, encargando a la Universidad Austral un estudio que demoró meses, mientras el santuario seguía contaminándose. Por último, las concluyentes decisiones de este estudio, que responsabilizaron a Celco del desastre ecológico, no lograron incluso entonces movilizar a la autoridad ambiental para cerrar la planta.

En fin, no cabe duda, que la crisis desatada por Celco marca el principio del fin de una institucionalidad ambiental que claramente se agotó. Sólo podemos esperar que las autoridades y especialmente los candidatos presidenciales, aprendan las lecciones de la crónica de la muerte anunciada de un santuario de la naturaleza



Rodrigo Pizarro. Director Ejecutivo Fundación Terram.

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