Los recientes hallazgos de arsenales clandestinos, vehículos enterrados y archivos secretos, presumiblemente de propiedad de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en la ex Colonia Dignidad, indican que finalmente ha comenzado la cuenta regresiva para una asociación ilícita que, merced a una vasta red de protección social y política, ha desafiado abiertamente la autoridad del Estado desde el retorno a la democracia en 1990, e incluso más atrás aún en el tiempo.
Los hechos, que recién empiezan a conocerse en detalle pueden llegar a tener insospechados alcances criminales, y superar cualquier especulación que se hubiera hecho con anterioridad acerca del tipo de vínculo que la Colonia mantuvo con la policía secreta de la dictadura. Pero también entregar pistas acerca del tipo de protección que demandaban sus actividades y quiénes se las proporcionaban.
Por lo mismo, no es la envergadura criminal lo que hace imprescindible que el tema no quede radicado sólo en las páginas policiales de los diarios, o se transforme en la crónica amarilla de una organización ilícita. Esa especie de inmunidad de que gozó hasta hace poco Colonia Dignidad es una interrogante sobre la eficiencia de funciones primarias de un Estado soberano, como es el cumplimiento de la ley y el acatamiento de decisiones legales de sus tribunales o de autoridades legítimas.
El país ha visto cómo en más de cuarenta años de controvertida historia, las denuncias y acusaciones hechas a esa institución han sido tildadas por sus voceros de paranoias, alucinaciones persecutorias de enfermos mentales o acciones extremistas de carácter político. Desde el primer reportaje hecho por la periodista Erika Vexler, a mediados de los años sesenta, hasta los más recientes, siempre hubo una bien estructurada verdad de conveniencia, presentada por sus dirigentes y avalada por redes políticas, que con amplio eco en la llamada prensa seria, adormecieron los casos. Sólo la búsqueda del líder de la Colonia, Paul Schaefer, por la comisión de delitos sexuales en contra de menores permitió empezar a neutralizar la poderosa red de protección.
A partir de ahí quedó en evidencia que la decisión gubernamental de 1991 de revocar su carácter de organización de beneficencia y de acusarla de evasión tributaria, era más que correcta. Que las apreciaciones contenidas en el Informe Rettig, las declaraciones de ex prisioneros políticos, las demandas de Amnistía Internacional y las campañas de familiares de detenidos desaparecidos y parlamentarios de la zona, eran plenamente justificadas.
Las acuciosas investigaciones del ministro en visita Jorge Zepeda, favorecidas por la colaboración de los jóvenes de la Colonia, que desean limpiar los estigmas que les legó la vieja dirigencia, han abierto un cauce definitivo de restauración institucional que favorece la plena vigencia del Estado de derecho.
Para un país de frágil memoria como es Chile, resulta indispensable que las demandas de transparencia que hoy agitan el escenario político nacional se extiendan a hechos como éste. Porque de manera inexplicable toda la autoridad del Estado estuvo en jaque por demasiados años. Y porque pese a hechos evidentes de criminalidad y a reiteradas denuncias de muchos ciudadanos, un ente privado -rotulado de entidad benefactora- pudo sortear todo tipo de control, rechazar toda acción fiscalizadora e incluso operar como cárcel clandestina y contar con apoyo público desde muchos ámbitos del quehacer nacional.
El sentido común ciudadano demanda la mayor transparencia sobre lo ocurrido y las investigaciones en curso, pues todo indica que el buen criterio y la correcta orientación de parte de la elite estuvo empañada por demasiados años y no se percató de nada, porque estaba totalmente desvinculada de la realidad.
Según esta sospecha con fundamento, se consintió abiertamente a un ente civil, autorizado como una colonia de trabajo, para que se transformara en un verdugo voluntario en las masivas violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el país.
El tipo de impunidad criminal de la cual ha gozado Colonia Dignidad en Chile sólo es posible por algún grado de tolerancia social. Ello resulta claro en la época de la dictadura. Pero no lo es tanto en los períodos de plena vigencia democrática, y ésa es la explicación que el país está esperando, incluida la reflexión autocrítica, si alguien considera que debe hacerla.
