El doble discurso ambiental se ve en el Gobierno, el Estado o algunas de sus instituciones, el Poder Judicial, y también en otros actores relevantes, incluidos los ambientalistas y europeos.
En el caso Celco, una empresa privada chilena desarrolló un proyecto industrial con inversión de US $ 1.300 millones, y propuso instalarlo en un área de parque protegido en las afueras de la ciudad de Valdivia. Se sometió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con participación ciudadana, y en definitiva se aprobó por la Corema. Ya construido, algunos residuos industriales aparentemente afectaron a 200 o menos cisnes que migraron del parque o murieron.
Con apoyo de ambientalistas europeos se interpuso un recurso de protección, que en definitiva rechazó la Corte Suprema, cuyo fallo demostró que, a lo menos, ésta fue poco diligente o acuciosa en su estudio, sin perjuicio de contradecir jurisprudencia anterior de la Suprema. Pese a tal fallo, que justificadamente causó desconcierto y escándalo, se impuso la presión político-ambiental del Gobierno y se cerró temporalmente la industria. Ahora, desde Europa los ambientalistas presionan para un cierre definitivo.
Paradójica y contradictoriamente, en el caso del Túnel San Cristóbal, se trata de un proyecto impulsado por el Gobierno de Chile, a través del MOP, que atravesará por la mitad del Parque Metropolitano, en el ombligo de la capital y bajo las narices de millones de personas; parque que es pulmón verde, área protegida y atractivo turístico de Santiago.
El trazado para 35.000 vehículos diarios utiliza a lo menos 5 hectáreas superficiales y planas del parque que nos pertenece a todos, y afecta un área mayor. El proyecto no se sometió por el MOP al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; no tiene aprobación de la Corema; ni tampoco hubo participación ciudadana. Además, infringe la ley especial 3.295, que creó el parque en 1917, y el Plan Regulador Metropolitano que señala literalmente, que la vialidad urbana es un uso expresamente prohibido en el Parque Metropolitano.
Ante ésto reclaman, entre otros, el Presidente del Colegio de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura de la UC, Ciudad Viva, Defendamos la Ciudad, Defensores del Parque Metropolitano, interesados en una mejor ciudad para todos.
También reclaman los Diputados del Distrito, el Alcalde y Concejales de Providencia, y la Junta de Vecinos de Pedro de Valdivia Norte, que agrupa a 5.000 seres humanos (no 200 cisnes) que se sienten directamente muy afectados en su hábitat y medioambiente, forzándolos a emigrar si se ejecuta el proyecto tal como está.
Pues bien, paradójicamente pese a todo ello, el Gobierno a través del MOP persistió y licitó el proyecto, se niega a cambiar su trazado; y se adjudicó la construcción y concesión a un consorcio de empresas europeas (alemán-español). Y como guinda de la torta, los ambientalistas chilenos y europeos, y la Corema guardan silencio.
Alejandro Reyes Vergara es abogado.
