La tramitación de la Ley de Bosque Nativo (LBN) refleja la debilidad estructural del Estado chileno para enfrentar los problemas medioambientales. Tras sucesivos compromisos presidenciales y trece años de tramitación, la verdad es que ni el sector privado, ni el Estado, ni el sector ambiental como representante de la ciudadanía, han logrado establecer parámetros que permitan tener una ley que consensúe los diversos intereses.
Esto, que pudiera parecer un empate técnico, es en realidad un triunfo de aquellos que están interesados en la desregulación y, particularmente, en mantener su actividad con los mínimos niveles de fiscalización, lo cual redunda en condiciones de producción y de exportación que maximizan inapropiadamente sus utilidades.
Sin embargo, creo que esta continua paridad se quiebra en el caso de Celulosa Arauco. Aquí queda en evidencia que las irregularidades perjudican no sólo al país, sino que también a la propia empresa privada. Por ello es fundamental que el caso Celco -que por momentos, cada vez más se parece al de Luchetti en Perú- marque precedente y arroje un definitivo cambio de época.
El caso Celco es paradigmático. En él se consuman los denominados «errores» de la propia empresa privada que se instala conociendo los riesgos medioambientales que conlleva, los «errores» de la propia institucionalidad del Estado, a través de la Conama y la Corema al aprobar un proyecto sabiendo los peligros que involucra, y los «errores» de los Tribunales de Justicia que, a sabiendas de la amenaza, redactan un fallo basado en un error brutal.
Pero yo soy optimista. Creo que los privados aprenderán las lecciones en el extranjero y en nuestro país, pues la pérdida es total si no existe voluntad para generar inversiones, para fiscalizar eficientemente los procesos y para guardar el respeto necesario hacia la ciudadanía y el medio ambiente.
Fortalecer la institucionalidad
Si en el cuarto gobierno de la Concertación no logramos estructurar una política de bosque se hipotecará el desarrollo de Chile, no sólo por los errores de Celco, sino también ante la propia incapacidad del Estado.
La Ley de Bosque Nativo que se tramita en el Senado ha sido objeto de tal manipulación que hoy no es siquiera un espectro de la ley original. Los cambios en la naturaleza de sus indicaciones han desvirtuado por completo la esencia de la idea matriz, la cual no cumple con las expectativas del país.
¿Qué debería tener una Ley de Bosque Nativo? Además de contemplar la protección de las especies en riesgo, es necesario fortalecer la institucionalidad. Conaf sigue siendo un organismo privado, de recursos insuficientes, que ha demostrado debilidad en su misión de velar por el bosque.
Asimismo, debería contemplar líneas de financiamiento y fondos concursables que existen hoy dentro del Estado, particularmente en el ministerio de Agricultura, con tal de establecer grados de compatibilidad entre el desarrollo agrícola y el forestal. Es una excelente oportunidad para generar mecanismos para que estas actividades se potencien y no se enfrenten. Una Ley de Bosque Nativo, sin ordenamiento territorial, sería sinónimo de conflicto permanente.
En otra materia, la ley debería potenciar la investigación para el desarrollo forestal en Chile, no sólo para el desarrollo maderable, sino también para la preservación y cuidado del bosque nativo, teniendo presente los intereses de los pequeños propietarios.
Además, la LBN no puede ignorar el fenómeno de los Bonos de Carbono. El mercado internacional está dispuesto a invertir millones de dólares en preservar los bosques y Chile puede encontrar allí una importante fuente de conservación y financiamiento, además de obtener el liderazgo en América Latina, dadas las especiales condiciones que tiene nuestro país.
También resulta clave que el Banco Central incorpore el concepto forestal. Es decir, que dentro de las cuentas nacionales del uso de los recursos naturales se agreguen cuentas forestales como un activo, tal como lo hemos solicitado para la pesca y los recursos hídricos. Con esto se permite que los actores financieros, productivos y, particularmente, los ciudadanos, puedan tener confiabilidad en las cifras que se entregan en la materia.
Finalmente, la ley debe reconocer que la responsabilidad de la conservación del bosque no solo radica en los actores institucionales, sino también en la ciudadanía. Para eso deben existir fórmulas de incentivos para que ésta, en forma organizada, pueda participar en el proceso de preservación y fiscalización del bosque. Ante ello, no es posible que la Ley de Bosque Nativo se haya transformado únicamente en un asunto de interés de especialistas. Los ciudadanos deben estar involucrados en el debate.
Alejandro Navarro es profesor de filosofía y diputado por la VIII Región. Red Bosque Nativo.
