La ética de la mala leche - El Mostrador

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La ética de la mala leche

por 30 junio, 2005

Las recientes denuncias de la derecha sobre actos irregulares en entes públicos constituyen un cuadro de perfecta convergencia entre sus concepciones doctrinarias, sus afanes políticos y sus intereses económicos.



Doctrinariamente la derecha chilena se caracteriza por una sistemática estrategia de desprestigio de lo público, de lo colectivo, de aquello que no es privado o individual. Con oportunismo invoca la ética cada vez que puede desprestigiar al sector público. Al mismo tiempo tiene manga ancha para juzgar los comportamientos económicos privados. La ley, adecuadamente, atribuye mayor gravedad a las conductas ilícitas de los funcionarios públicos que a las de un individuo sin ninguna investidura. Pero, obviamente, las faltas a la ética no ocurren sólo ni exclusivamente en el Estado.



Es más. Para estos efectos parece de dudosa eficacia la distinción binaria entre público y privado. Hay importantes áreas donde el interés público ha sido encomendado a entes privados. Por ejemplo, la seguridad social. Acertadamente el Ministro Eyzaguirre ha señalado que las AFP ---y las empresas cuyas acciones las AFP están autorizadas a adquirir como inversión de sus afiliados, quisiera agregar por mi parte--- debieran estar sometidas a normas especiales de transparencia. También las Universidades privadas que reciben importantes subsidios estatales. Y las ISAPRES que tienen a su cargo la función social de proveer salud y las Mutuales de Seguridad que protegen al trabajador que sufre un accidente laboral. Todas estas instancias son privadas y, si bien están sujetas a regulaciones, ninguna aparece sometida a normas públicas de transparencia y de incompatibilidades en lo referido a sus contratos con particulares. ¿Cuántos parientes de los candidatos de derecha o de los miembros de las comisiones políticas de sus partidos trabajan o contratan, sin fiscalización pública, con estas entidades?



Los elementos políticos de contexto son obvios: la derecha busca remontar su posición en el escenario electoral y para ello agita el tema de la corrupción en el aparato estatal, uno de los que más golpea la conciencia pública. Por otra parte, la derecha apunta directamente al Presidente de la República, en la medida en que es una figura política que no pierde vigencia con el término de su mandato y que su prestigio es reconocido por amplios sectores ciudadanos.



Además hay un interés económico inocultable. Desde hace muchos años la derecha desea la privatización de CODELCO. La empresa deja importantes ganancias al Estado, a todos los chilenos. La voracidad de la derecha apunta a transferirlas a agentes privados. No en vano varios de los miembros de las direcciones superiores de los partidos de derecha y muchos de sus candidatos, son hombres de fortuna. No les vendría mal incrementarla con un negocio seguro como es la explotación del cobre.



Con el propósito de desprestigiar la administración de CODELCO y promover así su privatización, la derecha argumenta de forma opuesta a cuando se refiere a las empresas privadas. A CODELCO le exige la publicación de todos sus contratos con terceros, pero cuando se debaten las leyes laborales y se propone establecer que los sindicatos puedan, durante la negociación colectiva, acceder a los antecedentes financieros de la empresa, se invoca que se trata de material reservado, confidencial. A ninguna empresa, sostiene la derecha, se le puede exigir que de a conocer su funcionamiento a sus competidores, ni siquiera arriesgar que aquello ocurra. No es apropiado aplicar a las empresas públicas criterios diametralmente opuestos, si bien, para salvaguardar el interés colectivo, sería oportuno que ellas dispongan de códigos de conducta que establezcan transparencia en sus actos y que sean de conocimiento público,



Ese es el contexto. A pesar de lo claro que resulta, no libera en modo alguno a los funcionarios públicos de su deber de conducirse de un modo que prestigie su función y fortalezca la credibilidad de las instituciones. Para eso está la ley que regula con mucho más acuciosidad la esfera pública que la privada. Si tiene falencias, deben ser corregidas. Una de ellas es la ausencia de declaración patrimonial de las autoridades, exigencia a la que la derecha se ha opuesto tenazmente.



En cuanto a las denuncias concretas, si bien parecieran disparos a la bandada con poco fundamento, nada se había dicho hasta ahora que insinuara conductas ilegales por parte de los denunciados. Desafortunadamente en expresiones públicas los senadores Novoa y Matthei han utilizado el término "robo". El Presidente Lagos ha respondido estas afirmaciones y ello ha suscitado de parte de Lavín y Piñera una suerte de llamado a evitar los "empates". Están equivocados. No existe empate. Es lo que precisamente ha dicho el Presidente: las denuncias no son por robo, en cambio las privatizaciones de empresas públicas durante el gobierno de Pinochet fueron evidentemente una forma de despojo al patrimonio público. La UDI lo sabe bien: uno de los principales beneficiados con esas privatizaciones, el ingeniero Yurazek, es miembro de su comisión política



Las denuncias se siguen unas a otras sin que los denunciantes perseveren en sus dichos o entreguen excusas a numerosas personas a las que han querido deshonrar. ¿Es todo esto mala intención? Posiblemente no. Es sólo la ética de la mala leche.





(*) Jorge Arrate fue Presidente del Partido Socialista.

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