El aspecto más interesante del Proyecto de Ley de Fomento del Bosque Nativo (LBN), que se tramita desde hace 13 años en el Congreso Nacional, es el grupo de incentivos para su adecuado manejo y que pueden tener efecto positivo en las 7 millones de hectáreas que están en manos particulares a lo largo del país. Se trata de regalías que nacen como un reconocimiento de la sociedad chilena hacia los beneficios que proporciona el bosque nativo como productor de bienes y servicios.
La sustentabilidad de gran parte de las actividades económicas, como la generación de electricidad, la agricultura de riego de la zona central, la salmonicultura en el sur, la producción de agua potable, las bellezas escénicas que son la base de la recreación y el turismo, y de muchas otras actividades, además de mantener la biodiversidad, se basan en el adecuado manejo de este recurso.
Por eso, cuando éste ha sido destruido, talado o quemado, todo Chile ha sufrido la erosión de los suelos, el embancamiento de los ríos que antaño eran navegables, la muerte de la biodiversidad, la falta de agua, la desertificación, la pobreza y la emigración hacia la periferia urbana, además de muchos otros e innumerables efectos negativos para la sociedad.
Ante esto, y reconociendo el valor social del Bosque Nativo, el gobierno de Patricio Aylwin propuso un proyecto legal para su fomento, que otorgaba incentivos a su correcto uso. Algo muy similar a lo ocurrido durante la dictadura de Pinochet y el incentivo dado a las plantaciones forestales de especies exóticas como el pino y el eucalipto.
Sin embargo, pareciera que para la clase política, la prioridad de la LBN está entre las últimas, porque de otro modo no se explica el largo período que ha pasado desde que se propusiera el proyecto hasta las actuales discusiones sobre el tema. Probablemente tenga el récord de ser el proyecto de ley que ha permanecido más tiempo en el Congreso sin ser promulgado.
En este largo recorrido, la idea original ha sufrido numerosas modificaciones que vienen de todos los sectores con intereses involucrados, como, por ejemplo, el caso de la indicación propuesta por la Sociedad Nacional de Agricultura de eliminar el tipo de bosque esclerófilo, el más destruido de Chile, en las abruptas laderas para plantar frutales, que al poco andar se habrán erosionado con las lluvias dejando el suelo infértil y secuelas sociales negativas.
De los 7 millones de hectáreas, casi un tercio están en manos de pequeños propietarios de montaña en ambas Cordilleras. Para estos, el incentivo al manejo forestal de sus bosques podría constituir un aporte fundamental para el uso adecuado y sustentable de su sistema productivo, ya que por necesidades de subsistencia muchos han provocado un deterioro paulatino de los bosques.
Para ellos y ellas, que suman más de 150.000 familias, o sea, más de 700.000 personas, el incentivo puede ser un aporte que les permita no vender sus terrenos e irse a vegetar en un pequeño pueblo rural con subsidio del Estado, lo que ya ocurre frecuentemente, además de revertir el proceso señalado en el párrafo anterior.
No obstante, entre las numerosas indicaciones hechas por el Ejecutivo el año pasado, la asignación de fondos para este beneficio -incluso para estos pequeños propietarios- debe ser sometida a concurso público, lo que de una plumada elimina la posibilidad de que estas 150.000 familias puedan recibirlo.
El argumento del Ministerio de Hacienda es impecable desde el punto de la teoría económica: para el uso de este incentivo, los proyectos de manejo forestal deben concursar de modo que los mejores reciban financiamiento, lo que asegura el buen uso de los escasos fondos. Pero yo le pregunto a estos impecables economistas: ¿los campesinos de Colegual y Pichilingue pueden participar en un concurso, si ni siquiera tienen luz eléctrica o camino transitable todo el año? ¿O los campesinos de Cunco o de Reigolil? La respuesta es claramente NO. Todo para los de siempre, los medianos y grandes propietarios que pueden contratar técnicos.
Lo que sí puedo asegurar a esos economistas de oficina -que no se han embarrado los zapatos para ver la realidad de estas regiones, porque cuando van a los bosques lo hacen en verano como turismo aventura en su 4×4- es que si estos campesinos, que viven en las montañas, no tienen incentivos para el manejo forestal, su bosque nativo se irá degradando cada vez más y no tendrán más remedio que vender sus terrenos a las grandes empresas forestales, que terminarán con el resto del bosque, plantando pinos y eucaliptos.
Este proceso descrito tan simplemente es lo que ha ocurrido en las regiones VII, VIII y IX y está ocurriendo en la X. De ahí la importancia de mejorar los beneficios y eliminar del sistema de concurso público a los pequeños propietarios del bosque nativo. De otra forma se seguirá la tendencia que marcó el Decreto 701: la formación de grandes empresas que les importa un comino lo que pase con los campesinos desplazados de las áreas forestales. Así de serio es el problema.
Luis Astorga. Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. Red Bosque Nativo.
