Con menos atención pública de la que debiera tener, dada su enorme importancia, en las últimas semanas se ha venido desarrollando el proceso de designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema.
El sistema de designación es malo, fundamentalmente porque mezcla de una manera muy confusa un mecanismo de designación de carrera, consistente en la elaboración de una quina por la propia Corte, con otro de cáracter político, como es la designación presidencial y la ratificación del Senado.
El resultado de la mezcla no es ni la selección meritocrática propia de un sistema de carrera, ni una selección legitimada democráticamente de manera indirecta, que sería lo propio de una fórmula más política que funcionara bien.
Pero peor aún que el diseño son las prácticas que se han consolidado en torno a él. En cuanto a la participación de la Corte, la operatoria es muy antigua y sabemos que en nada se parece a un concurso público competitivo en razón del mérito.
Todos sabemos que más allá de un expediente con alguna información básica no existe un mecanismo formal para que los ministros conozcan los méritos y los puntos de vista de los candidatos, y de que la manera de conseguir sus votos consiste en visitarlos uno por uno en audiencia privada informal.
También es sabido que algunos ministros comprometen deciden su voto por razones de cercanía, o por reciprocidad por designaciones anteriores. Como es posible comprender, estos métodos no favorecen la competencia por meritos, ni premian la independencia. Por el contrario, premian la sumisión a los superiores jerárquicos y el comportamiento burocrático de los jueces.
Los actuales miembros de la Corte no tienen la culpa de todo esto, se trata de métodos que ya estaban cuando ellos llegaron. Lo que sí es cuestionable es que todos nosotros sigamos tolerando su existencia en un país que pretende ser moderno y en el que solemos quejarnos por la falta de aprecio ciudadano por nuestras instituciones.
Más grave es la situación en el área política. La selección presidencial es opaca en cuanto a su operatoria y sus fundamentos, y el Senado decide por votación secreta y sin que exista un debate abierto y público sobre los méritos y las opiniones de los candidatos.
Este sistema, además de no generar ninguna legitimación pública de la designación, abre un amplio espacio para que se impongan consideraciones subalternas entre las que destacan las relativas a posibles contactos previos de los jueces con algún político o su grupo en casos que les haya tocado resolver.
Creo que no es necesario explicar cómo esto afecta la imparcialidad de jueces que puedan verse involucrados en ese tipo de casos y a toda la cultura del sistema judicial en cuanto los incentivos se orientan a evitar los conflictos con el poder político y no a favor de la independencia de los jueces.
Recientemente, la situación se ha agravado debido a la pretensión de algunos senadores de cuotear las designaciones por medio de negociar a propósito de una designación el nombre o algunas características del próximo candidato.
La Corte Suprema es uno de los órganos de mayor importancia en el país, no sólo por sus facultades para juzgar los casos más importantes. Tiene además un enorme poder administrativo y disciplinario sobre el conjunto del Sistema Judicial y facultades e influencia sobre otros órganos públicos como son el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Sistema Electoral. Por eso a todos nos debiera importar tanto su prestigio como su legitimidad.
Nuestro vecino, Argentina, a quien solemos mirar por encima del hombro en estas materias, ha desarrollado en el ultimo tiempo un esfuerzo importante por transparentar y promover la excelencia en las designaciones para la Corte Suprema. Para esto ha puesto en operación un sistema basado en un amplio debate público, con posibilidad de impugnación por cualquier ciudadano y audiencias públicas en el Parlamento.
Esta experiencia es muy interesante y debe ser tenida en cuenta si es que queremos fortalecer nuestra Corte Suprema en vez de dejar que su prestigio se deteriore con graves consecuencias para todos.
Cristián Riego, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
