El Presidente de la República ha señalado recientemente que el conjunto de reformas a la Constitución que se hallan camino de ser aprobadas representarían el final del proceso de transición a la democracia en Chile. Se trata, en efecto, de modificaciones de gran envergadura de la Carta Política, que vienen a adecuar a una serie de órganos del Estado a estándares democráticos.
Sin embargo, dentro del conjunto de reformas propuestas se encuentra una relativa a la libertad de expresión, que marcha precisamente en la dirección opuesta, al restringir el debate público y, por esa vía, la participación democrática. Dicha iniciativa pretende brindar una protección adicional a la ya existente en la Constitución a la vida pública de las personas, lo que se traduciría, como es obvio, en incrementar la protección de las autoridades y personajes públicos, que son quienes se desempeñan en mayor medida en dicha esfera, la pública.
Si bien por el momento la propuesta mencionada ha sido rechazada por el Senado, resulta indispensable acometer a fondo este problema, reformando también la Constitución a este respecto, eliminando de ella la protección de la vida pública. Si se revisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de los cuales Chile es parte, no se encontrará ninguna referencia a este concepto. En buenas cuentas, carece de toda base desde el punto de vista de los parámetros internacionales el erigir la protección de la vida pública como una limitación a la libertad de expresión.
Si, como ha sostenido el Presidente de la República, a lo que se apunta es a poner fin a la transición, el asunto no se limita a las reformas de carácter orgánico, por importantes que estas sean, sino también a garantizar la existencia de un debate público vigoroso, que asegure una participación significativa de la ciudadanía.
El proceso de transición a la democracia en Chile no solo ha estado marcado por los amarres y blindajes impuestos por la dictadura militar a través de una serie de aspectos orgánicos de la Constitución -que ahora se pretende dejar atrás mediante las reformas en curso-, sino también por la ausencia de un debate público abierto y participativo. Si bien parte de las restricciones al debate público son una herencia del régimen militar, otras obedecen a iniciativas de actores políticos -tanto de la Concertación como de la Derecha- en tal sentido.
Más aún: según se refleja de intentos como el de fortalecer la protección de la vida pública, tales iniciativas por restringir el debate público y la participación ciudadana se hallan lejos de haber cesado. Poner fin a la transición requiere también, entonces, tomar en serio la protección de la libertad de expresión y el fortalecimiento del debate público. Eliminar la protección de la vida pública de la Constitución representaría un avance de relevancia al respecto.
* Felipe González es Profesor de Derecho Internacional y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y Director del Programa de Derechos Humanos en dicha Facultad.
