Con la reciente promulgación de las modificaciones de nueva ley de filiación, el Presidente Ricardo Lagos saldó una deuda histórica que tenía el país con sus familias. Por primera vez el Estado garantizará que en Chile los hijos siempre tendrán una madre y un padre. Si bien todos compartimos que ser padre es mucho más que el reconocimiento o el apellido, esta medida pone fin a la sempiterna práctica nacional de eludir la responsabilidad de convertirse en padre.
Desde la puesta en vigencia de la nueva Ley de Filiación (1999), todos los hijos nacidos en Chile tienen los mismos derechos. De esta manera dimos un importante paso eliminando las diferencias entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales, visión que ponía al matrimonio como una barrera de discriminación.
En el mundo son cada vez más los países que han eliminado estas prácticas hoy consideradas antidemocráticas y discriminatorias. La noción de derechos humanos se ha ampliado hacia la preservación de la igualdad entre las personas cualquiera sea su credo, raza, condición socioeconómica, opción política, etc. Sin ir más lejos entre los chilenos existe cada vez más consenso en reconocer y valorar las distintas formas de composición familiar, demostrando una mayor sensibilidad que antaño para considerar los factores que inciden en una mejor calidad de vida familiar: afecto, responsabilidad parental, desarrollo de sus integrantes, etc.
Bajo esta premisa los hijos de primera y segunda categoría debieran ser parte del pasado. Sin embargo, en la realidad esta diferencia seguía manteniéndose debido a razones burocráticas. Las demandas eran tan engorrosas que simplemente las mujeres desistían.
A los pocos meses de que la nueva ley de filiación se pusiera en marcha se detectaron graves falencias que impedían el real cumplimiento de su propósito. En efecto, la filiación debía probarse con testigos, cartas, fotografías y audiencias, y en un proceso innecesariamente difícil si consideramos los avances científicos y tecnológicos. Además, las demandas debían interponerse en el tribunal correspondiente a la residencia del demandado, obligando a las madres a ir de un tribunal a otro, contratar abogados en distintas localidades y a demostrar que la relación con el progenitor había existido realmente.
Con la actual modificación probar la paternidad es una obligación legal. Si el posible progenitor se niega dos veces a realizarse el test de ADN, el juez deberá presumir que su paternidad es correcta.
Uno de los principios que ha regido las políticas de gobierno del Presidente Lagos ha sido promover la integración social y familiar. Con avances como este, destinados a desterrar antiguos resabios, estamos construyendo un Chile más justo, solidario y sin discriminaciones.
Nuria Núñez Rius. Socióloga. Directora Ejecutiva Fundación de la Familia.
