El 11 de julio pasado Paz Ciudadana lanzó sus «siete prioridades país» para establecer la estrategia nacional de prevención y control de la delincuencia y a la vez «sacó al pizarrón» sobre el tema a los cuatro candidatos presidenciales.
Según Agustín Edwards Eastman, Presidente de Paz Ciudadana, en términos políticos se hace necesario pasar del énfasis en el control del delito a la prevención del mismo. El punto de arranque de la estrategia de Paz Ciudadana es la constatación según la cual el 10% de los delincuentes son responsables del 40% de los delitos, lo que en términos complementarios quiere decir que el 60% de los delitos son cometidos por un 90% de delincuentes no habituales. Además, se habría constatado una alta dependencia de las drogas entre los delincuentes, lo cual es evidente según la información estadística disponible. Finalmente, se afirma que hay una fuerte relación entre el delito y el carácter carencial de los entornos sociales, comunitarios y familiares de quienes desarrollan conductas delictuales, algo bastante obvio pues bien sabemos desde que se estudia el fenómeno delincuencial que hay una evidente correlación entre la pobreza y el delito. De acuerdo con el anterior diagnóstico las siete prioridades país propuestas por Paz Ciudadana son las siguientes:
La primera prioridad es la rehabilitación de los drogodependientes infractores de ley. Nadie sensato podría oponerse a esta medida, pero ella misma no tiene ninguna probabilidad de causar algún impacto en el conjunto de los hechos delictivos, ya que según la información estadística disponible sobre el estado de temperancia de las personas aprehendidas por Carabineros que estaban bajo la influencia de las drogas, según delito, para el año 2001 éstas fueron: 0.1% para robo con fuerza, 0.2% para robo con violencia, 0.7% para homicidio, 0.2% para violación, 0.1% para lesiones. En cambio, si es clara la correlación entre el uso de drogas y los aprehendidos por infracciones a la ley de control de drogas que llega al 18.2%, ya que la gran mayoría lo han sido por consumo (1).
Es de destacarse que esta información cuantitativa es de gran relevancia ya que corresponde a todo el universo de la población aprehendida por infracciones a los delitos de mayor connotación social. Otros estudios cualitativos han puesto en duda esta supuesta relación entre el consumo de drogas y el delito (2), la cual sólo se hace presente en las entrevistas o encuestas hechas a los delincuentes institucionalizados en el sistema penal y aplicadas por funcionarios del sistema o por personas relacionadas al mismo, aquí los interpelados responden en la perspectiva de la demanda ofrecida, donde el encuestado convierte en demanda suya la oferta que le hace el encuestador.
La segunda prioridad para prevenir la delincuencia es dar apoyo a los sancionados al recobrar su libertad. Esta es una medida necesaria y justa con aquellos delincuentes rehabilitados que deseen reinsertarse social y económicamente, pero dado que la cantidad de delincuentes sancionados es una proporción muy pequeña de los delincuentes en activo su impacto no será relevante. Tal propuesta responde más a dar una satisfacción simbólica ante el discurso ideologizado de la «puerta giratoria» para los delincuentes como principal causa del aumento del delito.
La Fundación Paz Ciudadana recoge la preocupación social e institucional sobre el rol de los jóvenes como los principales actores de los hechos delictuales, tanto como victimarios y víctimas, así como el subsecuente temor de la población a los jóvenes. Por eso las tres siguientes prioridades son atingentes a este grupo etario. Así la tercera prioridad preventiva del delito que plantea la Fundación es la atención integral a los menores de edad aprehendidos por Carabineros. La cuarta prioridad preventiva del delito es la prevención escolar de la violencia. Asimismo, la quinta prioridad reclama la pronta aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Los jóvenes por su propia condición etaria en el aprendizaje del entorno social y cultural, en el conocimiento de su medio ambiente y en la asunción de sus propias capacidades de responder a los estímulos externos, asumen un conjunto de conductas de riesgo que pueden ser molestas, inaceptables o perjudiciales para sus entornos y ellos mismos, algunas de las cuales constituyen conductas antisociales o actos delictivos. La mala interpretación del sentido de estas conductas, la resultante incapacidad institucional y social para prevenir, disuadir, contener o derivar oportunamente esas conductas eventuales y cuando sea necesario sancionarlas adecuadamente, sólo refuerzan la deriva delictual de los jóvenes y aumenta su situación de exclusión. Cuando las sanciones sean social y culturalmente ineludibles no se trata de aplicar castigos que nada retribuyen, sino de inducir acciones que reparen o compensen a los afectados, así como reinsertarlos socialmente y reconciliar comunitariamente a los sancionados.
Como lo muestran las estadísticas universales, la gran mayoría de los jóvenes irán abandonando las conductas de riesgo, pero un sector importante de ellos si no es correctamente interpretado y apoyado en sus actitudes, conductas y expectativas, ofertándoles oportunidades y alternativas que les permita hacer usos lícitos de sus habilidades y recursos, iniciarán una deriva delictual, que mientras más avanzada se encuentre de más difícil retorno será.
Un análisis complementario al anterior debe tener como punto de partida que la mayor parte de los jóvenes son pobres, tanto porque la mayor parte de ellos pertenecen a esa condición socio económica, como debido a que los jóvenes por su propia condición etaria están menos dotados de recursos y habilidades que los adultos en sus relaciones y entornos familiares, comunitarios y sociales.
La institucionalización de los menores en riesgo social e infractores de ley de suyo no resuelve el problema de la delincuencia juvenil. Está claro que la institucionalización de los menores en riesgo social aumenta el riesgo de estos a delinquir en relación a los que no son institucionalizados, esto es lo que la opinión pública llama la «fábrica de delincuentes», y el caso paradigmático fue la triste historia del «Tila». De igual manera la institucionalización del sistema penal juvenil, solo tendrá la ventaja de sacar a los menores infractores del ley del limbo jurídico en que se encuentran, pero para nada prevendrá ni contendrá la delincuencia juvenil.
Lo único que puede prevenir y contener a la delincuencia juvenil es una política pública para los jóvenes que le asegure al conjunto de ellos educación, capacitación y empleo; reconocimiento social e institucional de sus peculiares necesidades y deseos juveniles; reconocimiento y respeto a sus específicas formas culturales en el campo de la sexualidad, el uso del alcohol y las drogas, sus expresiones visuales, acústicas y corporales, al empleo de la fuerza y violencia para defender sus derechos conculcados, etc.
La violencia en los colegios es el resultado práctico de la violencia simbólica que estructura el funcionamiento de la institución educativa, donde el empleo de la violencia es mostrado como la manera eficaz de resolver los conflictos entre las partes que constituyen la institución educativa – administradores, educadores y educandos. Los sujetos colectivos que constituyen la comunidad educativa también emplean la violencia simbólica y de hecho para resolver los conflictos entre sus miembros individuales, no solamente entre los educandos. Además, la historia universal del presente muestra que el empleo de la violencia internacional, nacional, regional, local y familiar es una manera lícita de resolver conflictos.
Es necesario un sistema penal juvenil, pero sólo tendrá sentido y será útil en el contexto de una nueva política juvenil, sobre todo, una política que reconozca y compense a la gran mayoría de los jóvenes por su doble condición carencial de jóvenes y pobres. Para una política juvenil progresista es necesario aplicar los mismos criterios con que se han venido planteando políticas de discriminación positiva para las mujeres y las minorías étnicas o sexuales. Sobre los problemas prácticos de la aplicación de la responsabilidad penal juvenil, no se debe olvidar que en España donde se cuenta con más recursos y saberes que aquí fue necesario volver a elevar la edad de responsabilidad penal a los 18 años.
La sexta prioridad de Paz Ciudadana es la persecución penal focalizada y la séptima la persecución efectiva de la comercialización de las especies robadas. Si bien se supone que sólo el 10% de los delincuentes están profesionalizados, por lo tanto una mayor inteligencia policial contra la delincuencia común con alto compromiso delictual tendría un impacto positivo, no se debe olvidar que el 60% de los delitos son cometidos por delincuentes eventuales que compensan sus bajos ingresos lícitos o períodos de carencias de los mismos y que constituyen el 90% de los delincuentes en activo. La desprofesionalización del delito común puede tener consecuencias indeseadas como el aumento del empleo de la violencia en contra de las víctimas, que es característico de los delincuentes novatos.
En cuanto al comercio de especies robadas, a diferencial del crimen organizado que responde a la demanda efectiva de juego, drogas, prostitución, productos falsificados, producción «pirata», joyas, obras de arte o tesoros arqueológicos robados, invenciones y patentes sustraídas, secuestros y asesinatos por encargo, etc., este no es el resultado de una demanda por bienes robados sino que existe como una oferta secundaria debido a la necesidad de liquidez de quienes roban especies. No parece ser promisorio para el control del hurto y el robo castigar selectivamente el mercado segundario ilícito de sus resultados, ya que tal manera de aumentar los costos del riesgo en esa actividad, haría que los precios pagados al ofertante tenderían a disminuir y por lo tanto los robos aumentarían para obtener los mismos ingresos. Ambas acciones son pertinentes y necesarias para controlar el delito común pero no se muestran promisorias en disminuir los delitos contra las cosas.
Por razones de espacio en la siguiente entrega se hará un análisis de las propuestas para prevenir y controlar el delito que expusieron los candidatos presidenciales en Paz Ciudadana.
Notas:
1)PAZ CIUDADANA: Anuario de Estadísticas Criminales, 2002, Santiago de Chile.
2) BARROS L.: Planificación de la Actividad Delictual en casos de Robo con Violencia o Intimidación. SECS, Universidad de Chile, Santiago, marzo 2003.
BARROS L.: Los Sentidos de la Violencia en casos de Robo con Violencia o Intimidación. SECS, Universidad de Chile, Santiago, octubre 2003.
GOLDBERG L. y KESSLER G.: El Crecimiento de la Violencia Urbana en la Argentina de los 90 (borrador) BB.AA. 2001.
INCIARDI, J.: The War on Drugs. Mayfiel Publishing Co. Palo Alto, 1985.
MC BRIDE, D. & MCCOY: The Drugs-Crime Relationship: An Analytical Framework, en GAINES, L. & KRASKA , P.: Drug, Crime and Justice. Waveland Press, Inc., Illinois, 1997.
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*Ibán de Rementería. Miembro de la Corporación Ciudadanía y Justicia y vicepresidente de la Red Chilena de Reducción del Daño.
