Regulación de tarjetas de crédito - El Mostrador

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Regulación de tarjetas de crédito

por 24 julio, 2005

Los emisores bancarios de tarjetas de crédito están sujetos a dos clases de normas, aquellas que les imponen obligaciones de información y aquellas que les imponen límites al cobro de intereses. Para velar de modo permanente por el respeto de las primeras está la Superintendencia de Bancos, en tanto que para velar por las segundas hay, además, sanciones civiles (la reducción a los intereses al corriente, como señala la Ley 18.010) y hasta penales (el Código Penal sanciona el delito de usura).



No sucedería lo mismo con las tarjetas de crédito emitidas por empresas relacionadas con casas comerciales, que sólo deben respetar el interés máximo legal, cuya infracción debe ser alegada por el afectado conforme a las engorrosas normas generales.



El argumento más común para justificar esta asimetría regulatoria es que en el funcionamiento de las tarjetas bancarias se compromete la fe pública, por cuanto los bancos emisores de tarjetas operan con dineros que obtienen del público por la vía de depósitos de los que deben responder.



Sin embargo, ese argumento cede frente a la constatación, por una parte, de la apertura de las tarjetas de crédito a establecimientos diversos del relacionado, de tal suerte que en las bencineras se puede pagar con CMR Falabella y en muchos restaurantes con Tarjeta Ripley, por ejemplo; y, por otra parte, frente a la recurrencia de los abusos del tipo de los hechos públicos por el Sernac.



La necesaria regulación es alegada por muchos actores, sin reparar en que la normativa aplicable a las tarjetas bancarias está en verdad referida a las denominadas "tarjetas abiertas", por oposición a las "tarjetas cerradas", esto es, aquellas que sólo pueden ser utilizadas en una determinada casa comercial, de manera que en cuanto alguna de estas tarjetas es aceptada por un establecimiento diferente queda sujeta a la misma normativa que las bancarias.... aún cuando el Banco Central y la Superintendencia de Bancos pretendan otra cosa. Así, artículo 35 N° 7, de la Ley Orgánica del Banco Central, Capítulo III.J.1-1.7 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central y artículo 2° de la Ley General de Bancos (en relación con esta última norma, nótese que la necesidad de contraer habitualmente obligaciones de dinero deriva del sistema de tarjetas, o sea, se refiere a la obligación de pagar por otro al comercio que acepta la tarjeta y no a la recepción de depósitos).



Consciente de la necesidad de regulación y compartiendo o no la interpretación de que arriba se da cuenta, la Fiscalía Nacional Económica solicitó y obtuvo de la Comisión Resolutiva del Decreto Ley N° 211, antecesora del actual Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la dictación de la Resolución N° 666, de 23 de octubre de 2002, que estableció instrucciones generales sobre información que deben proporcionar quienes habitualmente conceden créditos al público en general o a un sector del mismo, lo que incluye, como expresamente se señala, a los emisores de tarjetas de crédito relacionados a casas comerciales.



La Resolución tuvo por finalidad transparentar el mercado crediticio en general y la igualdad de condiciones en que operan sus actores, por lo que generalizó obligaciones de información similares a las vigentes para las tarjetas bancarias y no muy alejadas de las contenidas en la Ley de Protección al Consumidor. La infracción a esa Resolución puede ser perseguida por cualquier ciudadano o por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quedando el infractor expuesto a multas de hasta 20.000 UTA, unos US$ 12,7 millones.



El problema que presenta esta normativa es que la Fiscalía no cuenta con los recursos para su fiscalización. De hecho, la Fiscalía no tiene fiscalizadores. Pero bien puede actuar la Fiscalía sobre la base de la información recopilada por Sernac.



Al respecto, necesario es aclarar que, por deficiencia legislativa, no resulta aplicable a las tarjetas de crédito de casas comerciales, la Ley de Protección al Consumidor, que sólo regula el "crédito directo del proveedor" y sabido es que las casas comerciales utilizan, por diversas razones, entre otras, las tributarias (los intereses financieros están exentos de IVA), a empresas relacionadas.



En consecuencia, si las tarjetas de crédito de casas comerciales aludidas públicamente por el Sernac han infringido obligaciones de información, pueden ser sancionadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con multas de hasta 20.000 UTA, más de US$ 12 millones, a instancias de cualquier ciudadano o de la Fiscalía Nacional Económica. Si, en cambio o además, han excedido el límite de intereses que la Ley permite cobrar, pueden verse obligadas a restituir el exceso por sobre el interés corriente y hasta encausadas por el delito de usura, conforme a las reglas generales.



Como puede observarse, el camino seguido por el Sernac no parece el más apropiado. No obstante, su actuación ha sido útil, pues ha puesto de manifiesto abusos cotidianos contra los más humildes y, también, aunque por defecto, la desidia de nuestros legisladores, que en este caso nos privaron de la acción de clase de la Ley de Protección del Consumidor.



Finalmente, una sugerencia a esos legisladores: Las tarjetas de crédito requieren de una regulación menos limitativa que la actual, pero ante todo homogénea y coactiva, esto es, más libertad, pero con fuertes sanciones al que abusa de ella.





Boris Santander. Agrupación de Abogados del PPD.

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