El país ha sido testigo esta semana de la serie de discrepancias que se levantaron por la sucesión del senador Jorge Lavandero. Las disímiles opiniones surgidas en torno a los caminos que el Senado debía tomar, tras la notificación de la sentencia definitiva que emitió a esta Corporación el Juzgado de Garantía de Temuco, provocaron un proceso natural entre las coaliciones que legítimamente aspiran a que sea un hombre de sus filas quien reemplace al ex correligionario DC.
Tal como lo he señalado en múltiples ocasiones, el espíritu de esta Presidencia es dar garantías absolutas de ecuanimidad y apego a los reglamentos y las leyes a todos los sectores. Y en lo referente al caso Lavandero las cosas no han sido distintas.
De ahí que esta semana nos concentramos en realizar un estudio pormenorizado de lo que correspondía hacer en derecho, para lo cual se consultó a connotados profesionales y se revisó minuciosamente el reglamento vigente, lo que llevó a sostener que no cabía otra posibilidad que la de dar cuenta a la Sala del Senado del oficio emitido por el Tribunal de Garantía de la Novena Región.
Pero el espíritu de la democracia – y que bien que así sea- abre las tribunas para que todos los sectores expresen su parecer. Y así fue, puesto que la Democracia Cristiana señaló que ante la existencia de un recurso de queja pendiente presentado por la defensa del parlamentario ante la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional quien debe definir el tema. Opinión divergente a la expresada por el Partido Radical que estimó que el informe con la sentencia ejecutoriada del tribunal de Garantía de Temuco es documento válido para dar curso al reemplazo del parlamentario.
La controversia no hizo más que reafirmar que el camino que a esta Presidencia le correspondía recorrer no era otro que el de la imparcialidad y el respeto por los derechos de todos los sectores.
Así, el martes último los chilenos fueron testigos que una vez más el Senado ratificó su condición como el lugar de encuentro de los grandes acuerdos, al alcanzar un unánime acuerdo entre los comités para enviar un oficio a la Corte Suprema, de modo que ésta pronuncie acerca de la ejecutoriedad del fallo judicial que afecta al senador Jorge Lavandero. Y una vez conocida la respuesta, probablemente, será la Sala del Senado la que dirima si se está en posición de pedir un pronunciamiento del Tribunal Calificador de Elecciones, o si prima el criterio de quienes están a favor que el tema sea resuelto por el Tribunal Constitucional.
Como titular del Senado, me complace advertir que hay conciencia en los sectores que componen esta Corporación de que actuar interpretando o calculando efectos no es la labor de esta Presidencia, a la que sólo la mueve el interés por actuar correctamente, resguardando el apego a las normas y reglamentos.
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Sergio Romero P. es presidente del Senado
