De vez en vez aparece en los medios, casos de discriminación que rayan la maldad, efectos de la ignorancia profunda que existe respecto al tema de la discapacidad, tanto en reparticiones públicas como privadas. Los invito a revisar el caso de una persona en silla de ruedas que no se le permitió abordar un vuelo Iberia, Santiago-Madrid el pasado 9 de julio.
En Chile no hay derechos, a pesar de que en 1994 entró en vigencia la Ley 19.284 que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad, cuyo objetivo central es velar por las condiciones que favorezcan el ejercicio y cumplimiento de sus normas. Pero «del dicho al hecho hay mucho trecho», y hoy en pleno año 2005 no se respetan siquiera los artículos que hacen referencia a la accesibilidad urbana.
La persona afectada en este reciente caso debió cumplir con una serie de requisitos por su condición de tetrapléjico, como la presentación de certificados médicos e interpuso un recurso de protección contra la línea aérea Iberia. Muchos creen que a su vez habría que interponer una demanda en contra de las autoridades chilenas responsables de la problemática.
Mucha gente no puede siquiera abordar un bus en nuestro país. ¿Con que cara entonces la representante del gobierno chileno en esta materia denuncia a Iberia o a cualquier otro el incumplimiento de las leyes, cuando ni siquiera el sistema es capaz de garantizar salud pública, trabajo y rehabilitación para los discapacitados, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley de las personas y causando «daños en la integridad síquica» diariamente?
Es paradójico el hecho de que la persona que viajaba a España, lo hacía con el apoyo del gobierno para asistir a un seminario internacional de discriminación. Bastaría sólo dar una vuelta por Santiago, para quedar Doctorado en exclusión de personas con discapacidad.
En Chile no hay garantías ni derechos mínimos para ellos, eso lo saben muy bien las autoridades políticas nacionales.
Desde Inglaterra y Suecia, activistas por los derechos humanos vienen seguido a diagnosticar nuestra realidad, he conversado con muchos de ellos. Viajan horas para conocer lo máximo en discriminación mundial, constatar el 90% de cesantía y el 94% de ausencia en rehabilitación del que son víctimas más de 2 millones y medio de personas con discapacidad.
Me pregunto porqué la Directora del Fonadis (Fondo Nacional para la Discapacidad), no responde frente a la discriminación y abuso de poder que sufren miles de chilenos. Recuerdo el caso de la persona con brazo ortopédico a la que se le prohibió abordar un vuelo de LanExpress Iquique-Santiago en el año 2003, o cuando Magaly y Marcelino, pareja portadora de una leve discapacidad mental, no pudo contraer matrimonio el 2004 a causa de la acción ilegal de un Juez Civil en La Comuna de Condes en Santiago.
Este último caso lo asumió con éxito la Fundación Nacional de Discapacitados, organización de la sociedad civil orientada a la educación, integración y defensa de éstos. En la práctica las autoridades de gobierno asoman solo en el momento preciso de poner la guinda en la torta, apagar las velas y aplaudir cuando hay cámaras, aparecen para salir en la foto y figurar.
Urge ayudar a las organizaciones pequeñas con grandes tareas sociales en materia de discapacidad, en vez de subvencionar siempre a las mismas empresas sociales que se enriquecen descaradamente a costa de la pobreza. El pueblo chileno está cansado que se sigan llenando los bolsillos de dinero algunos políticos y directores de oscuras instituciones de «beneficencia». El circulo vicioso con que algunos justifican sus sueldos millonarios y el lucro personal, impide que cientos de miles de chilenos vivan dignamente.
Hay que terminar definitivamente con este verdadero enemigo del pueblo, el discurso retórico que dice mas o menos así, «sin duda queda mucho por hacer, pero hemos avanzado» , «en Chile hay muchos desafíos pendientes» o «este no es el Chile que queremos», cuando se trata de defender derechos fundamentales. La misma gente que habla de desafíos pendientes es la que teniendo el tiempo, el dinero y aún toda la confianza del pueblo para resolver los grandes temas olvidados de nuestro país, no lo han hecho.
Vivimos tiempos importantes, el mundo comienza a darse cuenta de que el Estado chileno no garantiza los derechos humanos fundamentales, ni permite cambiar la estructura de un modelo económico violento. El ciudadano chileno despierta y pone sus manos al servicio de la verdadera justicia social que permitirá prontamente recuperar su dignidad y el país para su pueblo.
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Alejandro Hernández. Director Ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados.
